El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé, le dio un golpe letal a la causa en la que se investigaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que generó una deuda de 57.100.000.000 dólares. En un llamativo dictamen cuestionó a sus colegas de las instancias inferiores por apelar el archivo del expediente y desistió del último recurso. Cuando un caso pierde impulso fiscal, va camino al cierre.
En esta ocasión, es parte de los efectos de la reconfiguración libertaria de los tribunales de Comodoro Py, destinada a blindar a la derecha macri-mileísta.
Desde un punto de vista formal, el eje argumental de Pleé es que la toma de deuda con el organismo de crédito es una cuestión política no judiciable. De todos modos dice que revisó la prueba obtenida y que “no se ha infringido norma penal alguna, de modo que no corresponde continuar con el trámite de las actuaciones”, dice su dictamen. Su postura es diametralmente opuesta a la del fiscal Franco Picardi, quien llevó adelante la investigación, y el fiscal ante la Cámara Federal, que había sostenido la apelación.
En cambio, Pleé salió en defensa de los jueces que procuraron impunidad en esta causa –afines a Macri y hoy en sintonía con Javier Milei– una de las más relevantes de los últimos años y con un enorme perjuicio económico implicado.
Protagonistas
Los principales beneficiaros de esta situación son algunos miembros del gobierno de Javier Milei que estaban imputados en la causa: el ministro de Economía Luis Caputo, el de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el actual titular del Banco Central, Santiago Bausili. A ellos se suman el expresidente Mauricio Macri y el extitular de Hacienda, Nicolás Dujovne, entre los que tenían cargos más altos. Los dos primeros tuvieron papeles claves como expresidentes del BCRA. La Sala IV (Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo) tiene que firmar la resolución final. A menos que considere el reclamo de algún ciudadano que intentó presentarse como querellante, el destino es el fin de la investigación.
Pleé es un influyente e histórico fiscal de Comodoro Py. Forma parte de la lista de jueces y fiscales que visitaban a Macri en la Quinta de Olivos durante su presidencia. El coincidió allí con el exjefe de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, el 23 de marzo de 2018. Tuvo un papel clave para reabrir la denuncia del fallecido Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum con Irán; en el caso Cuadernos intentó a toda costa dar respaldo al accionar cuestionado del fiscal Carlos Stornelli (por ejemplo, frenó una medida de Casación que reclamaba las grabaciones de las filmaciones de los arrepentidos, que no existieron, contra lo que exige la ley).
También apostó a mantener abierta la causa conocida como “dólar futuro”, que llevó a la Corte Suprema, donde no tuvo éxito. El alto tribunal la cerró por tratarse de una herramienta financiera que un gobierno puede decidir utilizar como parte de su política económica. Aunque no compartió el enfoque, ahora lo quiso aplicar al expediente sobre el acuerdo con el FMI al decir que “los hechos que no se ha logrado identificar con una hipótesis delictiva se refieren a la elección de un modelo de régimen macroeconómico”.
Claves del caso
La deuda que tomaron Macri y Caputo con el FMI en 2018 fue la más alta de la historia del organismo de crédito. La causa judicial, que instruyó el fiscal Franco Picardi, tuvo dos núcleos fundamentales: uno alusivo al modo en que se tomó la deuda y sus características y otro referido a cuál fue el destino de los fondos.
-Picardi sostuvo siempre que se contrajo una deuda insostenible por 57.100.000.000 dólares y que los funcionarios sabían que era impagable; burlaron la Constitución Nacional, las leyes y normas que regulan la administración pública en la toma de crédito para eludir controles; el gobierno de Macri usó argumentos falsos y engañosos sobre los objetivos y los usos que se les daría a las divisas (bajar la inflación, reducir la pobreza, crear empleo). No hubo dictámenes técnicos del Banco Central sobre el impacto en la balanza de pagos; se omitió un decreto del Poder Ejecutivo para dar transparencia y aprobar la operación; tampoco se le dio intervención a la jefatura de Gabinete ni al Congreso.
-El fiscal mostró también que los imputados dieron un destino ruinoso a los fondos obtenidos, profundizaron un proceso de fuga de capitales y beneficiaron a grupos privados concentrados, todo en perjuicio del erario público. Esto incluye, decía, “la posible obtención, en ese marco, de beneficios económicos indebidos para sí y/o para terceros (tales como otras personas físicas y jurídicas, fondos de inversión) y/o la provisión de información privilegiada en franca incompatibilidad con sus deberes funcionales”. Acusaba a los funcionarios de administrar las divisas en forma discrecional y fraudulenta al imposibilitar su control y trazabilidad.
La acusación se basaba además en informes demoledores de la Auditoría General de la Nación (AGN) la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). Este último organismo cuantificó el perjuicio al Estado por lo menos en 29.618 millones de dólares. Pleé elude referirse a ese análisis y, en relación al análisis de la AGN solo le importa reparar en que tenía opiniones diversas de sus integrantes, pero no dice que en sus conclusiones el estudio es contundente.
Uno de los datos que había señalado la AGN era que la deuda con el FMI se contrajo sin que existiera un expediente previo que respaldara la operación. En cambio, se armó la documentación con posterioridad como para “emular un procedimiento administrativo que en verdad se encontraba por fuera de los márgenes legales”. El acuerdo fue aprobado el 20 de junio de 2018 y el expediente del Ministerio de Hacienda se inició un día después, según planteó Picardi en función del análisis de la AGN. O sea, armaron la documentación para justificar el endeudamiento. Tampoco hubo informe del BCRA sobre la balanza de pagos. Ese informe es clave porque permite saber cómo la deuda impactará en las reservas, qué capacidad de pago existe. El Central también inició actuaciones administrativas con posterioridad.
El plan de impunidad
La cadena de impunidad tuvo un punto de inflexión cuando a principio de año el gobierno de Milei desistió de ser querellante en esta causa (función que había asumido el gobierno de Alberto Fernández), con el argumento de que se trataba de una cuestión no judiciable. Fue una medida sincronizada con la jueza María Eugenia Capuchetti que ordenó archivar el caso. El fiscal Picardi apeló.
A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal confirmó la resolución de la magistrada. Fue justo después de la designación en esa sala de los jueces Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola. Bertuzzi había ocupado ese cargo a dedo, por un traslado decidido por Macri, desde 2018. Milei lo blanqueó, después de subirlo 21 lugares en el concurso. Yadarola subió 17. Este último no firmó el fallo por la deuda, ya que se tomó licencia. En cambio, lo hizo Mariano Llorens.
El fiscal de Cámara José Agüero Iturbe respaldó el reclamo de Picardi y pidió anular la resolución de los camaristas. Pero cuando llegó el turno de Pleé, no solo no sostuvo el recurso sino que cuestionó a sus colegas. “Era claro que los tribunales intervinientes habían considerado que las pruebas desarrolladas no bastaban para otorgarle el grado de verosimilitud requerido para el avance de las actuaciones”, dijo, y señaló que los fiscales no especificaron qué medidas pendientes permitirían completar la investigación.
Pleé sostuvo que no tiene elementos para señalar beneficios indebidos, ni circulación de información privilegiada ni quiénes se beneficiaron con el endeudamiento y la fuga. Remató: “no encuentro fundamentos para sostener que la investigación sobre los hechos del caso se encontrara incompleta ni que haya sido clausurada de manera prematura”. Su dictamen es una defensa encendida de los fallos de la Cámara Federal y de Capuchetti. “La acusación que los fiscales que actuaron ante las instancias anteriores –concluyó– procuran sostener consiste en la indagación sesgada sobre las consecuencias de la adopción de aquel modelo”. Salvo que suceda algo excepcional, la causa va camino al archivo que, sólo “hechos nuevos” podrían modificar.
Página/12