A un año de la sanción que garantiza el financiamiento para las casas de estudio. El oficialismo sigue apelando y hace malabares para no pagar el 33% de aumento que debe a los trabajadores. El jueves se espera una movilización masiva en rechazo. “Se parece al cuento de la buena pipa, una historia de nunca acabar”, manifiestan los rectores.
La disputa entre el gobierno y las universidades no tiene respiro desde la propia asunción de Javier Milei. Esta semana, la historia sumó un nuevo capítulo lleno de vértigo: el mismo día que la UBA reconoció con el doctorado honoris causa a Lionel Messi, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional el decreto que frenaba el cumplimiento de la Ley de financiamiento universitario.
Luego, el gobierno apeló y la justicia concedió dicho recurso que será discutido en el Tribunal de Apelaciones. En paralelo, estudiantes realizaron una protesta pacífica en el Palacio Pizzurno y el oficialismo, como respuesta, prometió iniciar una causa para amedrentarlos. Como frutilla del postre, las instituciones de educación superior calientan motores de cara a la quinta marcha federal universitaria que se realizará este jueves en todo el país.
Clara Chevalier, secretaria general de Conadu, declara: “El gobierno apela por enésima vez para seguir sin cumplir la Ley de financiamiento universitario. En esta ocasión intenta frenar un fallo contundente que dejó en claro la inconstitucionalidad del decreto que reglamentó y suspendió la norma. En el mundo del revés en el que vivimos, parece que hay que decirlo: el gobierno debe cumplir la Ley”.
Mientras se decide la cuestión de fondo, el gobierno debería pagar el incremento de salarios y becas porque existe una cautelar que aún está vigente sobre los artículos 5 y 6. En el primer ítem, se calcula que debe un 33 por ciento de aumento a docentes y no docentes, y en el segundo, se estima que adeuda un 100 por ciento.
Página 12