Los integrantes de la Corte Suprema ya tienen en sus manos el protocolo que le ordenaron confeccionar al Cuerpo Médico Forense (CMF) y que podría facilitar la vuelta a sus casas de los pocos represores que aún están en las cárceles –entre los que se cuentan Alfredo Astiz, Jorge Eduardo “Tigre” Acosta o el cura Christian Federico von Wernich, entre otros–.
El 21 de agosto pasado, los miembros del máximo tribunal firmaron la acordada 21/2026, a través de la cual le ordenaron al decano del CMF que en un plazo de 30 días corridos redactara un “protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en los establecimientos en que se encuentran alojados”.
Uno de los puntos que le pidieron los supremos al CMF era que contemplara si el Servicio Penitenciario Federal (SPF), que depende de la ministra Alejandra Monteoliva, informaba si contaba con las condiciones necesarias para brindar tratamiento a determinados internos.
Como viene informando Página/12, el SPF ha dicho que no podía alojar a adultos mayores en varios casos de lesa humanidad. Uno de los que recibió esa respuesta fue Juan Daniel Amelong, el represor multicondenado al que Victoria Villarruel describió como una víctima en su debate con Agustín Rossi en 2023.
En la Corte Suprema confirmaron que el protocolo ya fue elevado por el CMF para la consideración de los ministros del máximo tribunal. “Está a estudio”, dijeron a este diario.
En el Palacio de Talcahuano le atribuyen a Horacio Rosatti haber motorizado el tema desde marzo de este año, pocos días antes de que se conmemoraran los 50 años del último golpe de Estado y mientras arreciaban versiones sobre una posible jugada del Gobierno para favorecer a los detenidos por crímenes aberrantes.
El protocolo está a estudio de Rosatti y Carlos Rosenkrantz, dicen en una de las vocalías de la Corte. Ricardo Lorenzetti no tendría intenciones de acompañar con su firma esta vez, dejaron trascender.
Según la acordada 21, la Corte debería aprobar el protocolo, publicarlo y difundirlo entre todos los tribunales penales del país, la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).
El apuro que la Corte mostraba el 21 de agosto pasado ahora parece no ser tal, sobre todo después de la tormenta que se desató el 29 de septiembre pasado. Fueron días convulsionados desde que validó la derogación de la Ley de Tierras, al revocar un fallo de la Cámara Federal de La Plata, y hasta que dio marcha atrás el viernes pasado al concederle una cautelar interina a la Asociación Árbol de Pie.
El protocolo fue saludado por el Foro Argentino de Defensa, que señaló que podría tener “consecuencias relevantes” para los represores presos. De hecho, el diario La Nación lo presentó como un protocolo enfocado directamente en los militares detenidos por crímenes cometidos durante la última dictadura.
La Red Nacional de H.I.J.O.S. advirtió que la acordada de la Corte era parte de una estrategia pro-impunidad y que constituía un nuevo ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. “Bajo la apariencia de un protocolo médico, la acordada establece nuevos criterios para evaluar las condiciones de salud y detención de las personas privadas de la libertad, generando una herramienta que facilita el acceso a la prisión domiciliaria de quienes ejecutaron el plan sistemático de exterminio durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar”, señalaron en un comunicado.
Diez días después de que los cortesanos firmaran la acordada 21, Cecilia Pando entró al Ministerio de Justicia para reunirse con Santiago Viola, número dos de la cartera y hombre de confianza de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.
Según pudo saber este diario, Pando e integrantes de la asociación Justicia y Concordia –que nuclea a defensores de detenidos por crímenes contra la humanidad– llevaron un pliego vinculado a las prisiones domiciliarias, las libertades condicionales y las salidas transitorias.
Viola tiene contactos con el mundo de los detractores de los juicios. Según un defensor, él, a través de su madre –la abogada Claudia Balbín–, tenía vínculo con Justicia y Concordia. El actual secretario de Justicia fue también abogado de Norma Berta Radice, que, junto con su hermano Jorge Radice, está elevada a juicio por haber sido parte del circuito que lavó dinero con los bienes que les robaron a los desaparecidos de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
Las estadísticas que la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH) publicó el 14 de septiembre pasado muestran que hay 1254 condenados por delitos vinculados al terrorismo de Estado. De ellos, 436 están en arresto domiciliario. Solo 73 están en unidades penitenciarias. Cincuenta y nueve de ellos se encuentran alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una cárcel VIP por los organismos de derechos humanos.
De los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer, menos de 15 por ciento están en la cárcel, lo que exhibe que se está buscando una “solución” con nombre y apellido. Semanas atrás, Lucrecia Astiz, hermana del marino que se infiltró entre los familiares de desaparecidos, hizo saber su ofuscación con el Gobierno porque no había devuelto a sus casas a los criminales de la última dictadura.
Página/12