“En los últimos años, la persecución contra científicas, científicos y profesionales de la salud que investigan el impacto de los agroquímicos en la Argentina ha alcanzado un nivel alarmante”, sostiene en esta nota el ingeniero Gerardo Martínez. Y lo relacionó con hechos que sucedieron en la provincia del Chaco hace 16 años.
En los últimos años, la persecución contra científicas, científicos y profesionales de la salud que
investigan el impacto de los agroquímicos en la Argentina ha alcanzado un nivel alarmante. El
caso de la Dra. Virginia Aparicio -quien enfrenta un proceso administrativo dentro del INTA con
una amenaza latente de exoneración a raíz de sus reveladoras investigaciones sobre la
presencia, transporte y persistencia de plaguicidas en suelo, agua y aire- no es un hecho
aislado, sino que constituye una muestra palmaria de la violencia institucional y corporativa
ejercida contra la ciencia digna que se niega a someterse a los dictados del modelo
agrobiotecnológico extractivista.
Esta sistemática presión sobre la Dra. Aparicio evoca de manera ineludible uno de los
episodios más oscuros y paradigmáticos de hostigamiento científico en la historia reciente del
país: la agresión sufrida por el Dr. Andrés Carrasco en agosto de 2010 en Las Palmas, Chaco.
Carrasco, tras haber demostrado los severos efectos teratogénicos del glifosato en embriones,
fue rodeado y atacado por patotas vinculadas al poder político y a los intereses
agroindustriales cuando intentaba presentar sus hallazgos en una comunidad seriamente
afectada por las fumigaciones. La violencia contra la Dra. Aparicio y el intento de silenciarla en
el INTA representan la continuación de ese mismo patrón: acorralar, disciplinar y sancionar a
quien ponga en evidencia la insostenibilidad de un esquema de producción que envenena.
En Chaco, las investigaciones de la Dra. Aparicio hallan una dramática y abrumadora
constatación territorial, tal como lo ha documentado de manera minuciosa la Dra. María del
Carmen Seveso en su libro Resistiendo al Modelo Agrobiotecnológico. Para evitar la
complicidad de las víctimas (2021), el avance desmedido del paquete soja-algodón transgénico
y el uso masivo de biocidas han transformado la geografía provincial en un escenario de
enfermedad y despojo.
A lo largo de décadas, la labor colectiva de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo, junto
con investigaciones de epidemiología comunitaria y los aportes de profesionales como el
biólogo molecular Horacio Lucero (Instituto de Medicina Regional de la UNNE), pediatras en
diversos centros de salud y las denuncias de docentes en escuelas rurales, han sacado a la luz
indicadores sanitarios atroces:
Incremento de malformaciones congénitas y abortos espontáneos: Registrados de forma
alarmante en el Hospital 4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña y en el Hospital
Perrando de Resistencia.
Enfermedades crónicas y oncología infantil: Un aumento desproporcionado de casos de
cáncer en niños y adultos en comunidades expuestas a derivas aéreas y terrestres como
Avia Terai, La Leonesa, Las Palmas, Campo Largo y Pampa del Infierno.
Contaminación ambiental y mortandad animal: Evidenciada en colonias agrícolas y
asentamientos campesinos e indígenas (como en Colonias Unidas, Napenay o Pampa del
Indio), donde el uso irresponsable de cócteles químicos de glifosato, 2,4-D, clorpirifos e
imidazolinonas arrasa con la producción de subsistencia, la fauna local y la salud de las
familias.
Lo que ocurre con la Dra. Virginia Aparicio en su ámbito institucional de trabajo y lo que
padecen diariamente los pueblos fumigados del Chaco forman parte de la misma trama: la
prioridad del lucro corporativo por encima de la vida, de la soberanía alimentaria y del derecho
a un ambiente sano. Pretender exonerar o castigar a quien investiga e informa la verdad no
borra la presencia de los agroquímicos en el agua que se bebe, ni en el aire que respiran las
infancias rurales.
Es imperioso que la sociedad, las instituciones académicas, las organizaciones sociales y los
medios de comunicación alcen la voz en defensa todas y todos los científicos comprometidos
con la salud pública. Detener la persecución científica es la primera línea de defensa para detener el ecocidio y garantizar que el conocimiento siga estando al servicio de los pueblos y
no de las corporaciones.
Gerardo Roberto Martínez
Quitilipi (Chaco)