En la segunda jornada del juicio por violencia institucional contra integrantes de la comunidad Qom de Fontana, tres mujeres ratificaron los tormentos sufridos durante el procedimiento policial del 31 de mayo de 2020. Mientras las víctimas volvieron a relatar las agresiones físicas y verbales, las defensas de dos imputados solicitaron que se declare prescripto el delito de allanamiento ilegal. El tribunal difirió la resolución del planteo para el momento de la sentencia.
El juicio contra diez policías por el violento procedimiento realizado en el barrio Banderas Argentinas de Fontana continuó este martes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, con testimonios que volvieron a poner en primer plano la violencia denunciada por una familia Qom hace más de seis años.
Según pudo reconstruir CHACO DIA POR DIA, durante la jornada declararon Elsa Fernández, su hija Daiana Celeste Fernández y Rebeca Gisela Garay. Las tres sostuvieron los relatos que habían brindado durante la etapa de instrucción, mientras que las dos jóvenes se quebraron emocionalmente al recordar lo ocurrido.
En paralelo, las defensas de Cristian Eduardo Foschiatti y Orlando Sergio Martín Cabrera plantearon la prescripción del delito de allanamiento ilegal, al argumentar que transcurrió demasiado tiempo hasta la realización del juicio. La querella y las demás partes acusadoras se opusieron al pedido por considerar que el planteo debía haberse formulado antes del inicio del debate. Los restantes defensores acompañaron la solicitud. Ante esa controversia, el tribunal resolvió que se pronunciará sobre la prescripción al momento de dictar sentencia.
Los relatos
En su declaración, Elsa Fernández volvió a describir cómo los efectivos llegaron a su vivienda y avanzaron pese a su negativa a permitirles el ingreso. Según denunció, cuando intentó impedir que entraran, una mujer policía la empujó y otros agentes comenzaron a agredir a su hija.
La mujer relató que varios efectivos golpearon a la joven y que, cuando quiso intervenir para defenderla, también fue atacada. Aseguró que un policía la tironeó del cabello y que otro le pegó con un arma reglamentaria en el rostro. En medio del procedimiento, afirmó, los agentes también golpearon a su sobrino Alejandro Saravia, a quien sacaron de la vivienda a los golpes y arrastrándolo del cabello.
Fernández sostuvo que su hija y su sobrino terminaron inconscientes como consecuencia de las agresiones. También denunció que los policías ingresaron a la casa sin exhibir una orden de allanamiento y que, posteriormente, encontró cartuchos y balas de goma tanto en el interior como en el patio de la vivienda.
En su testimonio, además, describió los insultos que recibió cuando intentó impedir el ingreso de los uniformados. La mujer afirmó que los efectivos la trataron de manera discriminatoria y que, mientras intentaba auxiliar a sus familiares, no sabía a quién defender porque las agresiones se producían en distintos sectores del patio.
Golpes
Daiana Celeste Fernández también ratificó su declaración durante la instrucción y volvió a relatar las agresiones que, según denunció, sufrió tanto en su vivienda como durante su traslado y permanencia en la Comisaría Tercera de Fontana.
La joven contó que salió al patio al escuchar gritos y que observó a policías persiguiendo a otros jóvenes del barrio. Cuando intentó auxiliar a su madre, una mujer policía le hizo una zancadilla y la tiró al suelo. A partir de ese momento, describió una sucesión de golpes, insultos y amenazas.
Según su relato, un efectivo la levantó tirándole del cabello, mientras otros policías la golpeaban. También afirmó que recibió una cachetada y que la arrastraron fuera de su casa después de que se desmayara. Dijo que recuperó el conocimiento cuando ya la trasladaban por la calle y que las agresiones continuaron hasta su llegada a la comisaría.
La joven denunció que, una vez en la dependencia policial, volvió a recibir golpes y que los efectivos la obligaron a arrodillarse contra una pared, mientras también escuchaba cómo agredían a otra detenida. En su declaración inicial había señalado que no podía identificar a todos los policías por sus nombres, aunque manifestó que recordaba los rostros de algunos de ellos. Durante la audiencia de este martes, su testimonio volvió a estar atravesado por la emoción. También mencionó que fue sometida a tocamientos.
Las agresiones
Rebeca Gisela Garay, vecina de la familia, sostuvo que se encontraba en la casa de una tía cuando escuchó disparos y gritos. Al salir para observar qué ocurría, afirmó que vio a numerosos policías y que, cuando intentó regresar a su vivienda, fue interceptada por los efectivos.
En su declaración durante la instrucción, había contado que una mujer policía y tres hombres la golpearon en la calle y la trasladaron a pie hasta la Comisaría Tercera de Fontana, mientras recibía patadas y puñetazos. También manifestó que había sido alcanzada por balas de goma en una pierna.
Garay relató que, al llegar a la dependencia policial, los efectivos retiraron a dos jóvenes de una habitación e hicieron ingresar allí a ella y a Celeste Fernández. Su testimonio, al igual que el de las otras dos mujeres, mantuvo los aspectos centrales de la denuncia original.
Contexto del ASPO
Otro de los ejes que, según la reconstrucción de la jornada, las defensas procuraron instalar fue el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), vigente durante la pandemia de COVID-19. La intención sería señalar que las restricciones entonces vigentes prohibían determinadas reuniones y que la familia habría incumplido esas medidas, como argumento para justificar el ingreso policial.
El planteo se inscribe en la discusión sobre las circunstancias del operativo, que la acusación investiga por presuntos delitos cometidos por funcionarios públicos durante el ingreso a la vivienda, las detenciones y las agresiones posteriores.
Los hechos ocurrieron el 31 de mayo de 2020 y tuvieron como víctimas a integrantes de una familia de la comunidad Qom, entre ellos varios menores de edad. La causa llegó a juicio con diez efectivos policiales imputados por distintos delitos, entre ellos allanamiento ilegal, vejaciones agravadas, falsedad ideológica y detención ilegal, según la situación procesal de cada uno.
El debate continúa en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia. La causa cuenta con un bloque acusador importante: intervienen como querellantes institucionales la Secretaría de Derechos Humanos y Género, representada por Maximiliano Almirón, y el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, representado por Guillermo Cuellar.
También interviene la defensora oficial N° 14, Karina Paz, en representación de las víctimas. Además, Amnistía Internacional Argentina participa como “amigo del tribunal”, representada por Mariela Belski, con el patrocinio letrado de Farid Iván Antúnez Percíncula, y la traducción durante el proceso está a cargo de Yolanda González.
Las imputaciones que enfrentan los acusados son diversas. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas. Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan cargos por vejaciones agravadas. Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena enfrenta acusaciones por encubrimiento agravado y detención ilegal.