El Ejecutivo había intimado a Londres a frenar las actividades vinculadas con el proyecto petrolero Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte. Tras el vencimiento del plazo de dos semanas, la Cancillería busca avanzar con un pedido de medidas provisionales para intentar detener la explotación de hidrocarburos.
El gobierno de Javier Milei presentó este martes ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar una solicitud de medidas provisionales para impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, donde se desarrolla el proyecto petrolero Sea Lion. La presentación se concretó luego de que venciera el lunes el plazo de dos semanas que la Argentina había otorgado al Reino Unido para frenar las actividades vinculadas con la iniciativa. La Oficina del Presidente confirmó la decisión mediante un comunicado oficial.
La solicitud apunta a preservar los derechos soberanos que la Argentina reclama sobre su plataforma continental y evitar que el avance del proyecto agrave la controversia con Londres. El Gobierno busca que el tribunal, con sede en Hamburgo, adopte medidas urgentes mientras se constituye el órgano arbitral que deberá examinar el conflicto de fondo. La presentación no implica una suspensión automática de las operaciones, ya que serán los jueces quienes deberán evaluar los argumentos argentinos y resolver si corresponde imponer restricciones.
Según el texto oficial, la solicitud procura “preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”.
Malvinas: Milei busca frenar el avance petrolero británico ante el Tribunal del Mar
La estrategia jurídica había sido anunciada por Milei el 28 de septiembre, cuando instruyó a la Cancillería y a los equipos legales del Estado a iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). La gestión está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezado por Pablo Quirno, con la intervención de la Consejería Legal Internacional y la Procuración del Tesoro. El pedido de medidas provisionales constituye una instancia distinta del arbitraje principal y busca una respuesta más rápida para evitar que el proyecto avance antes de una resolución definitiva.
Sea Lion es impulsado por la compañía Navitas Petroleum, que posee el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, titular del 35% restante. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. Las empresas prevén iniciar las perforaciones de desarrollo en 2027 y comenzar la producción comercial durante el primer trimestre de 2028. El Ejecutivo sostiene que la explotación unilateral de esos recursos contradice sus derechos soberanos y las resoluciones de las Naciones Unidas que instan a evitar modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa.
El Tribunal deberá determinar si se cumplen las condiciones previstas por la CONVEMAR para ordenar medidas provisionales, entre ellas la existencia de una urgencia que justifique preservar los derechos en disputa. El planteo argentino no busca que ese organismo resuelva la soberanía territorial de las islas, sino que intervenga sobre las obligaciones marítimas que el Gobierno considera vulneradas. La decisión que adopten los jueces definirá si corresponde imponer restricciones al desarrollo de Sea Lion mientras continúa el procedimiento arbitral.
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