Será un día antes de la movilización y la sesión que pide por la derogación del DNU 70/2023 y la restitución de la limitación a los extranjeros por la compra de tierras nacionales.
Una vez más utilizando el calendario a su favor, La Libertad Avanza convocó a un plenario para tratar la ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que llegó con media sanción del Senado. Se trataría de un paso más para el plan oficialista, que busca incluir una regulación más laxa que la debatida ley de Tierras, actualmente derogada por decreto. Según pudo conocer este medio, conservaría el porcentaje límite de propiedad extranjera (15%), pero eliminaría el tope de hectáreas (1.000) para cada inversor.
La convocatoria fue realizada por Nicolás Mayoraz, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que se plegará en un plenario con Legislación General para debatir a partir del miércoles 14 de octubre a las 16 horas la ley. Se trata de una nueva iniciativa libertaria para desactivar la convocatoria a sesión de la oposición, planificada para el día siguiente con el objetivo de derogar el DNU 70/2023, lo que restituiría la ley de Tierras.
La ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada es la que el oficialismo aprobó con 37 votos a favor y 33 en contra en el Senado en agosto de este año, de un paquete del que tuvo que excluir la ley de Tierras y del Manejo del Fuego por la presión creciente de sus aliados y de la movilización social. Previamente ya se habían hechos reformas para conservar el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
Lo que sí permaneció fue la reforma del régimen de expropiaciones, cuya nueva redacción establece que “la utilidad pública será de interpretación restrictiva”, fija el plazo límite de “ocupación temporánea anormal” en un máximo de 90 días y se considerará indemnización por el lucro cesante cuando sea “consecuencia directa e inmediata de la expropiación”. Además, también se propone modificar el sistema de desalojos, ampliando su posibilidad para “todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado” y garantizando hasta 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que el desalojo involucre “la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo”.
En el caso de incluirse un apartado perteneciente a la ley de Tierras que consiga aprobación en la Cámara de Diputados y establezca una restricción a la compra de territorio nacional por parte de extranjeros, el régimen deberá regresar al Senado con modificaciones para volver a debatirse. Esto extiende la ventana de desregulación plena que actualmente rige, tras la disposición de la Corte Suprema de preservar la vigencia del DNU 70/2023, decreto que puede ser revisado nuevamente en los próximos días.
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