El escándalo de corrupción en la Quinta Presidencial de Olivos que derivó en la caída de la mano derecha de Karina Milei, el despido de varios empleados y la militarización de la residencia, dejó al descubierto una red de negocios oscuros detrás de la Secretaria General y “las chicas superpoderosas”.
La Justicia Federal ya tiene en sus manos una denuncia penal por la presunta corrupción en Olivos. La principal apuntada es la ahora ex subsecretaria de Planificación General, Belén Agudiez, pero detrás suyo también aparece el nombre de otra mujer de extrema confianza de Karina Milei, su asesora Mara Gorini.
El nombre de Gorini vincula directamente con Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni, y su empresa +BE. “Son Bombón, Bellota y Burbuja, las chicas superpoderosas de Karina”, ironizó ante LPO una fuente que conoce muy bien toda la trama.
Gorini fue socia y apoderada de la productora Foggia Group, a la que renunció cuando ingresó sin cargo formal al gobierno. La firma quedó a cargo de su esposo Marcelo Dionisio y el hijo de ambos, y su sombra estuvo detrás de diferentes negocios con el Estado. El más conocido fue la concesión de Tecnópolis, que Foggia quiso quedarse en asociación con los Werthein.
El vínculo de Gorini con Angeletti es un contrato de al menos 55 millones de pesos que Foggia le pagó a +BE por servicios de asesoría. La empresa de la esposa de Adorni tuvo un explosivo crecimiento entre empresas estatales y contratistas que súbitamente se interesaron en el coaching ontológico.
El escándalo de Olivos destapó la conexión entre Agudiez y Gorini, dos de las personas de más confianza de Karina.
La diputada nacional Marcela Pagano denunció a Agudiez y su cuñado Javier Sosa, ex intendente de la Quinta de Olivos, por la compra millonaria de carne para la residencia y la Quinta de Olivos. La presentación hace un detalle análisis de las incongruencias en los volúmenes de compra y advierte sobre un llamativo agotamiento anticipado de la comida que se había comprado.
La hipótesis de la denuncia a la que accedió LPO es que los alimentos comprados por el Estado habrían sido derivados a una empresa de catering de Agudiez y Sosa, “que los habría comercializado como propios en eventos y servicios a terceros”.
En una ampliación de la denuncia, Pagano involucró a Gorini en la trama de irregularidades de la empresa de catering de Agudiez, “Pancitos Caseros”, y el uso de insumos y personal del Estado para un negocio privado.
Pagano descubrió una póliza de seguro de accidentes personales para “personal de catering”, emitida por BBVA Seguros y contratada en marzo de 2024 por Analía Agudiez, hermana de la Belén, empleada de la cocina de Olivos y titular formalmente de “Pancitos Caseros”. Entre los beneficiarios de la póliza figuran Foggia Group, Mara Gorini y Marcelo Dionisio, mientras que entre el personal de catering asegurado están Sosa, Analía Agudiez y dos empleadas de Olivos, María Laura Villegas y Camila Tamara Lasychyn Zapata.
Es decir que los empleados de Olivos figuran como personal de un servicio privado de catering. “No existe explicación lícita para que una empresa privada asegure laboralmente, como personal propio, al funcionario público que administra la residencia presidencial y a sus colaboradoras directas: o bien esos funcionarios prestaban efectivamente servicios para el emprendimiento privado, o bien se los hizo figurar como tales para satisfacer las exigencias de un contratante, lo que supone la utilización de la identidad y de la función pública al servicio de un negocio particular”, señala la denuncia.
Pagano reveló que el seguro fue para el evento “Bizarren Musik Party” realizado en GEBA en marzo de 2024 y fue organizado por Foggia, por lo que Gorini y su esposo figuran como beneficiarios de la póliza. Hubo otro evento el mismo mes en el mismo lugar y con el catering de “Pancitos Caseros”.
“El emprendimiento de la cocinera de Olivos prestó el servicio de catering de un espectáculo producido por la consultora de la Secretaría General de la Presidencia, y aseguró para ello, como ‘personal de catering’, al intendente de la residencia y a las dos coordinadoras de su Administración General”, resume Pagano.
La sospecha planteada en la denuncia es que los alimentos se desviaron a la empresa de catering de Agudiez y Sosa. “Los alimentos que la Secretaría General compra para Olivos en volúmenes incompatibles con el consumo de una residencia son exactamente los insumos de un servicio de catering para eventos; la persona que administraba la cocina donde esos alimentos ingresaban es la titular del catering; su marido es quien administraba la residencia, recibía la mercadería y certificaba su ingreso; y las dos funcionarias que coordinaban los servicios auxiliares y el control administrativo del predio figuran como personal del emprendimiento. El circuito completo -compra pública, recepción, custodia, salida y comercialización privada- estaba en manos de un mismo grupo familiar y laboral”, dice la denuncia.
La presentación apunta a que se investigue a los acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles y peculado.
La Política Online