El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, introdujo un escrito de 77 páginas para responder a los 20 puntos requeridos por el fiscal debido a las inconsistencias en sus declaraciones juradas. Afirmó que su repentino crecimiento patrimonial tiene “sustento razonable y verificable”.
Al filo del límite impuesto por el juez Ariel Lijo, el exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó sus respuestas al requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita para que justifique las inconsistencias halladas en sus declaraciones juradas.
Adorni tenía que responder 20 puntos planteados por el fiscal y presentó un escrito de 77 páginas. Allí repitió los argumentos que había volcado en algunas entrevistas televisivas antes de su renuncia: volvió a asegurar que su crecimiento patrimonial proviene de la compra y venta de bitcoins adquiridos entre 2014 y 2018, antes de ser funcionario.
“La evolución patrimonial de Manuel Adorni durante el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026 encuentra sustento razonable y verificable en la prueba documental, contable y técnica que se acompaña, y en la que oportunamente se incorporará, sin que exista enriquecimiento apreciable alguno que no admita explicación”, dice el escrito presentado por el abogado del exfuncionario.
La Justicia investiga un incremento patrimonial del 119% que se pudo desprender de las declaraciones juradas del exvocero y luego jefe de Gabinete. En los análisis detallados se encontraron inconsistencias por 43 millones de pesos y 400.000 dólares.
Los bitcoins de Adorni
De acuerdo a lo presentado por el abogado de Adorni, Matías Ledesma, en las declaraciones de 2023 y 2024 el entonces funcionario había declarado fondos que figuraban como “venta de activos” y que en realidad se trataba de la liquidación de ocho billeteras de Bitcoins por montos cercanos a los 600 mil dólares.
El texto sostiene que esas ocho billeteras se usaron entre 2014 y 2018, que las ventas fueron mediante operaciones personales y en efectivo y que Adorni se aseguró, sorprendentemente, de dejar acreditada la titularidad de esas billeteras.
“El señor Adorni se encontraba personalmente con quienes le vendían las criptomonedas, oportunidad en la que estos le transferían los Bitcoin y mi asistido entregaba, a cambio, el dinero en efectivo correspondiente”, afirman los abogados.
Los letrados de Adorni aseguran que el exfuncionario firmó mensajes usando las claves privadas de las ocho billeteras y hasta entregó esas claves en un sobre “cerrado y lacrado” en caso de que sean requeridas por la Justicia.
“Dado que las billeteras virtuales no cuentan con datos de titularidad, es entonces la tenencia de la clave privada la que permite acreditar la propiedad de una billetera, con lo cual, la sola tenencia de la clave privada hace a la titularidad de la billetera”, dice el escrito.
Además, justifican que haya mantenido sin declarar los fondos provenientes de esas operaciones por “el contexto del ahorro familiar informal extendido en la Argentina de esos años”. “La costumbre de mantener ahorros personales en efectivo y en moneda extranjera, por fuera del sistema bancario y del radar de ARCA, no es una práctica excepcional ni indicativa de un propósito ilícito, sino una conducta extendida en amplios sectores de la sociedad argentina como resguardo”, argumentan.
De ahorrar a gastar sin freno
Lo que sigue sin explicar la versión de las criptomonedas es por qué, si Adorni ya tenía esos fondos desde 2018, recién en 2023, al asumir en la función pública, comenzó a gastarlos en inmuebles, millonarias refacciones y suntuosos viajes.
Los abogados se limitaron a afirmar que Adorni y su esposa Bettina Angeletti “optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo, con la mira puesta en garantizar, a mediano y largo plazo, la educación de sus hijos y su propia jubilación”.
Sostienen que esa decisión cambió cuando Adorni asumió como funcionario por “razones de seguridad” que lo obligaron a abandonar el departamento de la calle Asamblea. “Lo más conveniente era contar con una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá -que ya conocían- que les permitiese disfrutar, junto a los niños del aire libre”, afirman.
“Mi asistido y su cónyuge fueron conscientes de que, con esas decisiones, el dinero que venían ahorrando con miras al futuro de sus hijos pasó a destinarse, en cambio, a la adquisición y refacción de la casa de Indio Cuá y a la adquisición del departamento de Miró”, dice el escrito.
En el punto en el que el fiscal pregunta puntualmente por los 30.000 dólares abonados en efectivo en la compra del inmueble de Miró 550, el escrito responde que “proviene de los dólares ahorrados y disponibles de Manuel Adorni”. Cabe recordar que el exfuncionario adquirió esa propiedad mediante una particular modalidad: las dos jubiladas propietarias del inmueble se lo entregaron a cambio de solo 30.00 dólares y el compromiso de que saldaría otros 200 mil en el plazo de un año, sin interés alguno.
“El efectivo aplicado a viajes, alquileres temporarios, expensas, cuotas y matrículas escolares proviene de los ahorros detallados en la respuesta al Punto 1 y de los ingresos declarados por Manuel Adorni y Bettina Angeletti”, agrega la presentación de Adorni.
La casa del country
En su escrito, el exfuncionario rechazó haber gastado 245.000 dólares la remodelación de su casa en el country Indio Cuá, cifra que surgió de las declaraciones del contratista Matías Tabar. Según Adorni, esas refacciones costaron 175 mil dólares y fueron pagadas con “ahorros”.
“La compra del lote 380 del Country Indio Cuá, por un valor de USD 120.000, se financió mediante el mutuo con garantía hipotecaria sobre el inmueble de la calle Asamblea 1132 (Escritura N° 119) por USD 100.000, abonándose el saldo de USD 20.000 con dinero en efectivo bajo la custodia de Bettina Angeletti”, dice la presentación.
Declaraciones corregidas
Uno de los puntos centrales de la presentación es explicar las rectificaciones de las declaraciones juradas de Adorni. Los abogados aseguran que no hubo intención de ocultar nada y citan declaraciones públicas del exjefe de Gabinete en las que afirma que se trató de “un error que, más allá de que fue absolutamente involuntario”.
“El patrimonio que el Sr. Fiscal tuvo a la vista al momento de exigir explicaciones fue ya el rectificado. Difícilmente pueda atribuirse la intención de inducir a error sobre la situación patrimonial a quien, cuando se le pidió exhibirla, ya la tenía declarada en su integridad y conforme a derecho”, argumenta.
Agrega que Adorni también “abonó las obligaciones tributarias resultantes de las declaraciones rectificadas”, lo que, según el texto, es una “conducta incompatible con el propósito de ocultar”.
Página/12