La presidenta de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Silvina Manes, cuestionó la decisión del Superior Tribunal de Justicia del Chaco y sostuvo que la suspensión de la ley, sancionada en 2020, afecta la participación ciudadana y la división de poderes. También cuestionó los argumentos presupuestarios utilizados por la mayoría del máximo tribunal.
La decisión del Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chaco de suspender, sin establecer un plazo para su reanudación, la implementación de los juicios por jurados en materia civil generó críticas de sectores vinculados a la defensa de la participación ciudadana en la administración de justicia. Silvina Manes, presidenta de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, calificó la medida como “un grave retroceso” y cuestionó los fundamentos expuestos por la mayoría del máximo tribunal provincial.
En declaraciones a CIUDAD TV, Manes recordó que Chaco fue la primera provincia argentina en sancionar una legislación específica para incorporar el juicio por jurados a determinados procesos civiles y comerciales. La norma fue aprobada en diciembre de 2020 y estableció una implementación gradual.
Según explicó, la oportunidad para ponerla en práctica surgió a partir de pedidos formulados por dos juzgados civiles y comerciales, en causas en las que las partes, sus abogados y los magistrados estaban de acuerdo con que los casos fueran sometidos a un jurado ciudadano.
Sin embargo, el STJ resolvió suspender la aplicación de la normativa por tiempo indeterminado. Para Manes, la decisión implica en los hechos impedir que una ley sancionada por la Legislatura pueda ser aplicada.
“Suspenderla sin fecha de aplicación es directamente una derogación tácita”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó que la mayoría del tribunal haya asumido, a su entender, facultades que corresponden al Poder Legislativo.
“La mayoría se arrogó facultades legislativas que son exclusivas y excluyentes de la Legislatura, que votó a favor de la participación de la gente en los juicios civiles”, afirmó.
El argumento presupuestario
Uno de los fundamentos que, según señaló Manes, fueron planteados para justificar la suspensión está relacionado con las condiciones presupuestarias necesarias para implementar el sistema.
La titular de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados rechazó ese argumento y aseguró que el impacto económico sería reducido. “La afectación del presupuesto es mínima, es del 0,15% del presupuesto total del Poder Judicial”, afirmó durante la entrevista.
También cuestionó la consideración de que las causas involucradas no reunirían las condiciones necesarias para ser resueltas mediante un jurado ciudadano.
Manes puso el foco especialmente en los procesos de responsabilidad civil extracontractual vinculados con accidentes de tránsito. En ese sentido, sostuvo que se trata de conflictos con una fuerte relevancia social.
Como respaldo de ese argumento, mencionó el informe de siniestralidad vial correspondiente a 2025 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y afirmó que durante ese año se registraron 185 víctimas fatales por siniestros viales en Chaco. También sostuvo que la provincia se ubicó tercera a nivel nacional en la tasa de mortalidad por esta causa.
Para Manes, esos datos muestran que los casos relacionados con accidentes viales constituyen una problemática social en la que la participación ciudadana puede aportar una perspectiva diferente.
“Subestimar la capacidad de nuestra ciudadanía”
Ante la posibilidad de que existan reparos dentro de la Justicia respecto de la capacidad de los ciudadanos para intervenir en decisiones judiciales civiles, Manes reivindicó la experiencia chaqueña en materia de jurados populares.
“Chaco, con 99 juicios por jurado ya realizados”, sostuvo, “ha dado muestras cabales de una madurez cívica absoluta”.
La dirigente consideró que la experiencia acumulada en materia penal permite discutir el argumento de que la ciudadanía no estaría preparada para intervenir en procesos judiciales.
“El pueblo chaqueño ha demostrado que está en condiciones como para resolver perfectamente cualquier caso, sea penal o sea civil”, afirmó.
¿Se puede recurrir la decisión?
Manes también planteó la posibilidad de cuestionar judicialmente la acordada del STJ. Según explicó, las acordadas de los tribunales superiores tienen naturaleza administrativa y, desde su perspectiva, podrían ser susceptibles de revisión cuando sus efectos pudieran afectar derechos o disposiciones constitucionales.
Mencionó como una eventual alternativa la presentación de una acción de amparo, aunque aclaró que se encontraba estudiando esa posibilidad.
Su planteo volvió a centrarse en la división de poderes: “Los jueces tienen que aplicar la ley, los legisladores crean la ley y el Poder Ejecutivo la sanciona”, resumió.
La ley chaqueña de juicio por jurados civiles, recordó, fue sancionada en 2020 y estableció una implementación gradual. Para Manes, esa gradualidad no puede convertirse en una postergación indefinida.
“La gradualidad es una herramienta para empezar con determinados casos, pero no para, de manera encubierta, directamente dejar sin efecto la ley”, sostuvo.
Chaco, una experiencia que buscaba expandirse
La suspensión también fue interpretada por la Asociación Argentina de Juicio por Jurados como un retroceso respecto del proceso de expansión de este mecanismo en el país.
Manes recordó que durante 2025 se realizó en Chaco un congreso internacional que contó con la participación de más de 40 abogados de Estados Unidos, quienes llegaron a la provincia para conocer la experiencia de la única jurisdicción argentina que hasta entonces había previsto legalmente el juicio por jurados en materia civil.
También señaló que otras jurisdicciones comenzaron a avanzar en esa dirección. Mencionó a Santa Fe, que incorporó el juicio por jurados civiles a su Constitución, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde —según indicó— se trabaja en un proyecto para implementar el sistema en materia civil y comercial.
En ese contexto, consideró que la decisión del STJ chaqueño constituye un retroceso en un proceso que buscaba ampliar la participación ciudadana en la Justicia.
“Esperamos que se pueda hacer efectiva esta ley, que se adopten las medidas necesarias para comenzar con su implementación”, concluyó.