La subsecretaria de Descentralización de la Provincia, Marta Fassano, confirmó que tras la firma de un nuevo decreto provincial alineado a las pautas del Consejo Federal de Educación, cada oferta formativa deberá pasar por una comisión evaluadora. Asimismo, advirtió sobre la detección de certificaciones adulteradas y el inicio de sumarios administrativos y denuncias penales.
En el marco del reordenamiento de las regulaciones educativas en la provincia, el Ministerio de Educación del Chaco avanzó en la implementación de un nuevo marco normativo para la validación y registro de postítulos docentes. La medida busca garantizar la transparencia y el rigor legal en los puntajes que otorga la Junta de Clasificación.
La subsecretaria de Descentralización, Marta Fassano, precisó que la iniciativa responde a la necesidad de otorgar mayor solidez jurídica al sistema: “Hubo un decreto que hace poco había firmado el gobernador. El año pasado, por decisión de la justicia se tuvo que retrotraer, y ahora ha salido un nuevo decreto con requisitos mucho más firmes, tomando como base las consideraciones del Consejo Federal de Educación”.
Según explicó la funcionaria, actualmente se encuentran en proceso de emisión las resoluciones reglamentarias. A partir de este nuevo esquema, cada entidad oferente y cada postítulo deberán someterse a una comisión evaluadora técnica antes de su registro formal.
Detección de irregularidades y falsificaciones
Fassano precisó que durante los procesos habituales de revisión, las Juntas de Clasificación han detectado irregularidades en la documentación presentada por algunos aspirantes.
Mecanismo de adulteración: Se detectaron casos en los que, tomando como base un postítulo legítimo, se alteraron los datos filiatorios (nombres y apellidos) para ser presentados como propios.
Proceso de verificación: Ante la presencia de documentación sospechosa, la Junta deriva las actuaciones a la Dirección de Títulos de Equivalencia, organismo encargado del registro oficial, para que verifique si el cursado fue efectivamente realizado por la persona que presenta el certificado.
Inminentes sumarios y denuncias penales
Ante el hallazgo de certificaciones falsificadas, la cartera educativa provincial activó los protocolos de investigación e información sumaria correspondientes.
Sumarios administrativos: Los docentes involucrados enfrentarán procesos disciplinarios que suspenderán cautelarmente la asignación de puntaje por los postítulos cuestionados mientras dure la investigación.
Acciones penales: Al tratarse de la adulteración de documentación pública, los casos detectados serán derivados a la justicia penal.
Fassano hizo un llamado a la responsabilidad ética del colectivo docente: “Pedimos a los docentes no mancillar su nombre y tengan en cuenta la dignidad que debe tener la profesión. Estos hechos constituyen actos de corrupción que atentan contra la transparencia del sistema educativo”.