El decreto además de reducir el margen de descuento sobre los salarios de empleados públicos que hasta ahora llegaban al 39%, pone límites a las tasas, comisiones y gastos que podrán aplicar las entidades crediticias. El decreto también impone condiciones a Mutuales y demás entidades que conceden préstamos cuya cobranza se realiza mediante códigos de descuento.
El Gobierno de Misiones promulgó el decreto que establece nuevas restricciones al endeudamiento de los empleados públicos provinciales y fija en el 30% del salario neto el máximo que podrá destinarse al pago de deudas y otras obligaciones voluntarias descontadas directamente de los haberes.
La medida fue establecida mediante el Decreto 1751, publicado en el Boletín Oficial, que modifica el régimen del Centro Único de Administración de Descuentos (CUAD). Hasta ahora, las deducciones voluntarias podían alcanzar el 39% del ingreso neto del agente, una vez descontados los conceptos obligatorios. El nuevo régimen reduce ese límite en nueve puntos porcentuales y lo establece en 30%.
El Ejecutivo fundamentó la decisión en el deterioro de la situación crediticia y el crecimiento de la morosidad. En los considerandos cita datos del Banco Central que ubican la mora en el 12,7% y señala la necesidad de preservar el ingreso disponible de los trabajadores y prevenir situaciones de sobreendeudamiento.
El decreto también impone condiciones a mutuales y demás entidades que conceden préstamos cuya cobranza se realiza mediante códigos de descuento.
La Tasa Nominal Anual de esos créditos no podrá superar el promedio mensual correspondiente a préstamos personales publicado por el Banco Central. A su vez, el Costo Financiero Total tendrá como máximo un 40% adicional sobre esa tasa, con el objetivo de impedir que comisiones, seguros, gastos administrativos u otros cargos eleven excesivamente el costo del financiamiento.
Las nuevas condiciones alcanzarán a préstamos, renovaciones, refinanciaciones y novaciones realizadas desde la entrada en vigencia del decreto. Las operaciones anteriores conservarán las condiciones originalmente pactadas, aunque se prevé su refinanciación o reestructuración para adecuar los descuentos al nuevo máximo del 30%.
Además, las entidades que utilizan códigos de descuento deberán ajustarse a mayores exigencias de información y control. La medida apunta a limitar el peso de las cuotas sobre los salarios y evitar que los costos financieros terminen neutralizando la protección sobre los ingresos.
El Ejecutivo invitó al Poder Legislativo, Judicial, Ministerio Público, Tribunal de Cuentas, Tribunal Electoral y organismos autárquicos a adherir al nuevo régimen.
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