En una protesta en la que brindaron clases abiertas frente a la Casa Rosada, marcaron: “El Gobierno nacional sigue en falta y el sistema judicial se lo permite”.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó este martes clases públicas en Plaza de Mayo para reclamar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y el cumplimiento de los fallos judiciales.
“A pocos días de cumplirse un año de la sanción de la Ley de financiamiento universitario, el gobierno de (Javier) Milei sigue sin cumplir con su aplicación”, denunció en un comunicado el gremio docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), uno de los que llamó a manifestarse hoy frente a la Casa Rosada.
En la misma línea, Daniel Ricci, secretario general de la FEDUN, recalcó: “Hoy la universidad pública sale a la calle para mostrarle a toda la sociedad una realidad que el Gobierno pretende ignorar”.
Y en ese sentido precisó: “Hay una ley vigente que debe cumplirse, salarios que necesitan una recomposición del 33,4% y estudiantes cuyas becas también deben actualizarse”.
“No estamos pidiendo privilegios: estamos exigiendo que se cumpla la ley y que existan las condiciones necesarias para sostener una universidad pública de calidad”, aseveró.
La jornada comenzó temprano por la mañana y se extendía hasta la medianoche, con la participación de los 13 decanos de las distintas facultades, quienes dictan clases magistrales abiertas al público.
En tanto, la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA) convocó específicamente a sus clases públicas desde las 11 en Plaza de Mayo, en el marco de la jornada nacional de lucha de las universidades.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, además de las clases se llevaron a cabo actividades científicas y servicios gratuitos para la comunidad durante la protesta.
Entre las prestaciones hubo atención en odontología, óptica, veterinaria y clínica médica, además de asesoramiento jurídico y contable y orientación psicológica.
También, espacios para exhibir proyectos de investigación y desarrollo científico-tecnológico realizados en la universidad.
Entre ellos un auto de carrera diseñado y construido íntegramente por estudiantes y docentes de la UBA.
La iniciativa buscó visibilizar el impacto del presupuesto universitario en áreas como la salud pública, el desarrollo científico y la formación académica.
El reclamo apunta a que el Gobierno nacional aplique la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y cumpla los fallos judiciales vinculados con la recomposición salarial y las becas estudiantiles.
El conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto tiene como antecedente el decreto 759/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo dispuso que la normativa solo podría ejecutarse una vez determinadas las fuentes específicas de financiamiento.
La decisión motivó presentaciones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de distintas universidades nacionales ante la Justicia.
En junio, la Corte Suprema de Justicia dejó firme una cautelar sobre los artículos 5 y 6 de la ley, relacionados con la actualización salarial del personal docente y no docente y la recomposición de las becas estudiantiles.
El conflicto sumó otro capítulo el 1° de septiembre, cuando el juez federal Cormick ordenó al Poder Ejecutivo ejecutar “de forma inmediata” las partidas contempladas en los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la ley.
Esos fondos están destinados a gastos de funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación, mientras que el magistrado señaló que el impacto fiscal de la normativa equivale al 0,23% del Producto Bruto Interno (PBI).
“Frente a la última intimación del juez Cormick, el gobierno responde con mentiras y dilaciones. Utiliza el acta del 10 de junio y los irrisorios aumentos que otorgó para argumentar que ya cumplió con la ley, y por ende, exige que se dé de baja a la cautelar”, afirmó el gremio docente de la UBA.
E indicó que “más allá de reiterar nuestra posición sobre lo nocivo de la firma del acta acuerdo rubricado por el CIN y la mayoría de las federaciones, el gobierno nacional sigue en falta y el sistema judicial se lo permite”.
Ante este escenario, los gremios universitarios anticiparon que, si el Gobierno no cumple con la ley antes de la primera semana de octubre, realizarán la quinta Marcha Federal Universitaria.
La respuesta del gobierno
El vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió al conflicto con las universidades públicas en la conferencia de prensa de este lunes y aseguró que “para el gobierno la educación es fundamental, es prioridad”. Acto seguido, aclaró que “no hay ninguna cuestión particular contra las universidades”.
Acerca de la acusación respecto al desfinaciamiento de la educación pública, el funcionario negó que eso fuera cierto: “Es falso, antes con la inflación se licuaba el gasto en universidades mes a mes. Eso ya no pasa. Además subimos un 24% los sueldos docentes y su medio no dijo nada”.
Luego recordó que “el Congreso aprobó proyectos que rompían el ancla fiscal, la base que sustenta el modelo económico que bajó la inflación y la pobreza” y cuestionó: “La oposición generó políticas de gasto sin establecer el financiamiento de esas partidas. Alguien tiene que decir de dónde va a salir el dinero, sin recurrir a la emisión ni a la deuda, porque eso ya lo vivimos y nos lleva al desastre”.
En esa línea, indicó: “Hoy se presenta el Presupuesto 2027 en Diputados. Ese es el lugar de discutirlo, a partir de ahí se verá cuánto se destina a las universidades” y cerró: “Hasta el día de hoy se está cumpliendo con la Ley y el Presupuesto”.
NA