A cambio de su voto para reelegir a Sánchez, el partido Junts per Catalunya (JxCat) obtuvo el compromiso de la futura adopción de una ley de amnistía para dirigentes y militantes procesados por un intento de secesión de Cataluña de España de 2017, iniciativa que disparó de inmediato muestras de rechazo de la derecha y la ultraderecha.
El acuerdo fue firmado esta mañana en Bruselas, adonde huyó el líder independentista Carles Puigdemont tras el fracaso de la tentativa de secesión de Cataluña en 2017 para esquivar a la justicia española.
“El acuerdo no es (solo) un acuerdo de investidura”, con el fin de que los siete diputados de Junts den sus votos indispensables para que Sánchez logre ser investido de nuevo por el Parlamento, subrayó Santos Cerdán, alto dirigente del Partido Socialista español encargado de negociar el acuerdo con Puigdemont.
“Es un acuerdo de legislatura”, con el objetivo de asegurar “estabilidad (del Gobierno) durante la legislatura de cuatro años”, añadió.
Esta amnistía, que abrirá “una nueva etapa” y debería permitir el regreso de Puigdemont a España, cubrirá hechos ocurridos desde 2012, año del inicio de la escalada separatista en Cataluña, precisó Cerdán.
Apoyado por la extrema izquierda y los partidos vascos, la ley de amnistía deberá ser adoptada por el Parlamento, en cuanto Sánchez sea investido por los diputados, previsiblemente la próxima semana.
Gracias a este acuerdo, Sánchez parece muy cerca de lograr una nueva investidura después de haber contradicho los sondeos que proyectaban su derrota definitiva en las elecciones legislativas del 23 de julio, celebradas solo dos meses después de la debacle de la izquierda en las elecciones locales, recordó la agencia de noticias AFP.
En el poder desde 2018, Sánchez aguantó mejor de lo previsto ante su rival conservador Alberto Núñez Feijóo, cuyo Partido Popular (PP, derecha) ganó las elecciones, pero no consiguió después los apoyos suficientes de otras formaciones para ser investido por el Parlamento.
Apoyado en el Parlamento por una parte de los independentistas desde hace cinco años, Sánchez ya indultó en 2021 a los nueve dirigentes separatistas condenados a prisión por su responsabilidad en la intentona separatista y, al año siguiente, su mayoría reformó el Código Penal para suprimir el delito de sedición por el que fueron condenados.
Pero esta nueva concesión a los independentistas subió la tensión en el país.
La derecha y la extrema derecha acusan al socialista, quien se oponía en el pasado a la idea de una amnistía, a estar dispuesto a todo para mantenerse en el poder.
Numerosas manifestaciones se convocaron sobre la medida, y las últimas movilizaciones de la extrema derecha frente a la sede del Partido Socialista en Madrid terminaron en enfrentamientos con la policía.
Organizaciones próximas al partido de extrema derecha Vox llamaron a una nueva protesta para esta noche contra lo que califican como un “golpe de Estado”.
“Estamos ante un acuerdo vergonzante con el que Sánchez va a humillar a España”, al estar apoyado por un “prófugo de la justicia”, criticó la número dos del Partido Popular (PP, derecha, principal opositor) Cuca Gamarra, en referencia a Puigdemont.
Figura ascendente de la derecha, la presidenta de la región de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a acusar al presidente del Gobierno de estar implementando una “dictadura”.
El PP llamó a sus simpatizantes a concentrarse el domingo próximo en todas las capitales de provincia contra la medida, y otra gran manifestación está prevista en Madrid el sábado 18.
Más allá de la oposición de la derecha y del sector conservador de la magistratura, que estima que esta amnistía es una grave amenaza al Estado de derecho, Sánchez enfrenta también las críticas de algunos de los barones más moderados de su partido.
Télam