El juicio oral por la brutal golpiza policial sufrida por jóvenes de la comunidad Qom del barrio Banderas Argentinas de Fontana comenzará el próximo 22 de septiembre. Así lo comunicó a las partes la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, Dolly Fernández, quien integrará el tribunal junto a sus pares Cristina Pisarello y Ernesto Azcona. El Comité para la Prevención de la Tortura interviene en el proceso como querellante institucional.
Según la comunicación oficial, las audiencias de debate continuarán los días 23, 24, 29 y 30 de septiembre, todas a partir de las 7.30.
El juicio buscará determinar las responsabilidades de diez policías por un operativo ocurrido durante la madrugada del 31 de mayo de 2020 en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana. De acuerdo con la investigación, efectivos policiales ingresaron al domicilio sin orden judicial y sometieron a golpes y distintos actos de violencia a jóvenes de la comunidad Qom, entre ellos una adolescente.
La acusación sostiene que las agresiones no terminaron en el domicilio, sino que continuaron posteriormente en la Comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas permanecieron detenidas. En ese contexto, también se habrían producido insultos de contenido racista y discriminatorio, entre ellos la frase: “Indios de mierda, los vamos a matar”.
Los diez policías llegan a juicio con distintas imputaciones, de acuerdo con el grado de participación que se les atribuye en los hechos.
Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de los delitos de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.
Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan acusaciones por vejaciones agravadas.
Por su parte, Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal.
El debate oral permitirá reconstruir lo ocurrido aquella madrugada de mayo de 2020 y establecer, a partir de la prueba que se produzca durante las audiencias, las responsabilidades penales que correspondan.