La fiscalía quiere que continúe la investigación sobre el rol que habría tenido Mauricio Macri en uno de los tantos casos de espionaje en los que fue denunciado. Según pudo saber Página/12, el fiscal José Luis Agüero Iturbe va a recurrir la resolución de la Cámara Federal porteña que, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, benefició el lunes al expresidente.
En mayo de 2020, Cristina Caamaño –entonces interventora en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)– denunció el hallazgo de un disco rígido que no había sido borrado definitivamente y en el que había rastros de que se habían almacenado correos electrónicos de distintos dirigentes políticos y periodistas.
Entre otros, figuraban Luis Majul, Nicolás Massot, Laura Alonso, Verónica Magario, Carlos Tomada, Héctor Daer, Carlos Castagneto, Elizabeth Gómez Alcorta y Rodolfo Tailhade.
A la posible interceptación ilegal de correos electrónicos se sumó otro hecho: una infiltración. La información surgía de un audio que difundió el periodista Rolando Graña en el que Alan Ruiz decía que habían infiltrado a una agente femenina en la agrupación Kolina. Tras esta revelación, Castagneto –presidente de Kolina– se presentó en el expediente y unió los dos hechos.
Alan Ruiz era un hombre que había trabajado inicialmente con Patricia Bullrich. Se sumó a la AFI en la segunda mitad de la gestión de Cambiemos y quedó a cargo de un área conocida como Operaciones Especiales. No tardó en enfrentarse con los espías conocidos como Súper Mario Bros, que lo grabaron clandestinamente cuando él se jactaba de las tropelías que estaban cometiendo.
En noviembre del año pasado, el juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Macri y compañía en esta causa. Las querellas apelaron la resolución y señalaron que había un aparato orquestado de producción de inteligencia por fuera de la norma, que se fue observando en distintas denuncias que salieron a la luz a partir de las presentaciones judiciales que hizo la entonces interventora Caamaño.
Pablo Lanusse, abogado de Macri, refutó esa caracterización: dijo que no eran más que “borbotones retóricos” propios de una “barricada política”.
Pocos días después de la renovación de la Cámara Federal que propició Javier Milei, Llorens y Bertuzzi –que llegaron al tribunal durante el macrismo– confirmaron el sobreseimiento de Macri. Ellos ya lo habían sobreseído en julio de 2022 por el caso del espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan. En ese momento, el fallo también fue firmado por Leopoldo Bruglia.
Agüero Iturbe va a recurrir la resolución de Llorens y Bertuzzi, según pudo saber este diario. Lo que llevará el caso inevitablemente a la Cámara Federal de Casación Penal.
El máximo tribunal penal del país deberá, así, revisar los argumentos que dieron Llorens y Bertuzzi para sepultar otro expediente que tenía a Macri como protagonista.
Los camaristas apuntaron a una serie de supuestas irregularidades para cortar la investigación. Sostienen que está en duda cómo se halló el disco y si pudo haber sido manipulado antes de que el hecho fuera denunciado ante los tribunales. Sin el disco en cuestión, dicen, no puede llevarse adelante una investigación independiente.
Fallos para no investigar a los espías
La Cámara Federal –en general con los votos de Llorens y Bertuzzi– fue desmontando todas las acusaciones de espionaje que se formularon contra Macri y contra los funcionarios de la AFI macrista. La impugnación de la evidencia ya se había registrado también en el caso del llamado Proyecto AMBA, que funcionó entre 2016 y 2017 en provincia de Buenos Aires y, según reconstruyó el juez Alejo Ramos Padilla, se usó para hacer inteligencia política.
Los mismos jueces también anularon los procesamientos que había dictado el juez Ernesto Kreplak en la causa de la Gestapo Sindical. En esa oportunidad, Caamaño había aportado un video en el que se veía a funcionarios bonaerenses, empresarios y altos mandos de la AFI concertar maniobras para sacarse de encima a Juan Pablo “Pata” Medina, dirigente de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA). Para Llorens y Bertuzzi, no estaba claro que ese encuentro haya sido para concertar el plan que incluyó espionaje ilegal.
Antes, habían desarmado la causa de los Súper Mario Bros –los policías de la Ciudad que pasaron a la AFI cuando asumió Macri–. En ese caso, dijeron que hubo tareas de inteligencia ilegal, pero que éstas eran realizadas por los agentes que funcionaban como “cuentapropistas”. La explicación sirvió para excluir de la investigación a los altos mandos de los servicios, que habían sido procesados por el juez Juan Pablo Augé.
En julio de 2022, la Sala I sobreseyó a Macri por el caso del ARA San Juan. Allí reconoció que la AFI hizo tareas de inteligencia sobre familiares de los submarinistas, pero entendió que estaban justificadas porque estaba en riesgo la seguridad interior y la seguridad del Presidente. La abogada Valeria Carreras, que suele explicar que esposas y madres fueron tratadas como si fuesen terroristas, hizo una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos después de que el argumento de la Cámara Federal fuese validado por la Casación y la Corte Suprema.
Nuevos vientos
En la Cámara Federal dicen que se impuso una dinámica renovada tras la reestructuración que produjo la administración de La Libertad Avanza (LLA). Bertuzzi consiguió el aval del Senado para estar sentado en ese tribunal –después de que la Corte dijera que el traslado que le había otorgado Macri no era permanente–. Se incorporó también Pablo Yadarola, que fue votado por unanimidad en la Cámara Alta. La única excepción fue el senador Martín Soria, que se levantó para no votar. Soria lo había denunciado por el viaje a Lago Escondido.
La Sala I quedó conformada por Llorens, Bertuzzi y Yadarola. Llorens es uno de los nombres que suenan como potenciales candidatos de Milei para la Corte Suprema.
En la última semana, la Sala I también salió al auxilio de Luis Caputo, a quien le confirmó un sobreseimiento por negociaciones incompatibles con la función pública. El tribunal también archivó la investigación por el préstamo que Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Página/12