De acuerdo a la Ley de Educación Nacional (2006) la educación es un bien público, que se desarrolla tanto a través de servicios educativos de gestión estatal como privada. El gasto público por alumno en las escuelas de gestión privada subvencionada aumentó con respecto a 2018, cuando la proporción era 50 pesos por cada 100 destinados a alumnos en escuelas de gestión estatal, en vez de 55 pesos como en el año 2021. Esto podría deberse a la baja de alumnos en el sector de gestión privada subvencionada y a la suba de alumnos en el sector estatal.
Los datos surgen del informe “Subvenciones a la educación privada: ¿Para qué y para quiénes?”, del Observatorio de Argentinos por la Educación, con autoría de Mauro Moschetti (Universitat Autónoma de Barcelona), Martín Nistal y Leyre Sáenz Guillén (Observatorio de Argentinos por la Educación). El documento analiza la cantidad de alumnos que asisten a escuelas de gestión privada con subvención estatal, la distribución por nivel socioeconómico de los alumnos de cada sector de gestión y el presupuesto que se destina a cada uno.
El 22% de los estudiantes del país asiste a escuelas de gestión privada con subvención, mientras que el 73% asiste a escuelas de gestión estatal y el 5% a escuelas privadas sin subvención (desde sala de 3 hasta el final de la secundaria). Las tres jurisdicciones con más proporción de alumnos en el sector privado subvencionado son CABA (39%), Córdoba (29%) y Buenos Aires (26%). En el otro extremo se encuentran Jujuy y Chubut (ambas con 9%).
Los datos muestran que las escuelas de gestión estatal reciben a los alumnos de menores niveles socioeconómicos. A su vez, las escuelas privadas con subvención reciben, en su mayoría, a alumnos con menor nivel socioeconómico que las escuelas de gestión privada sin subvención. En el decil de estudiantes secundarios más pobres, el 98% del costo de la educación lo financia el Estado, mientras que en el decil más rico la cifra desciende al 48% (es decir, que representa cerca de la mitad de lo invertido en un alumno del decil 1).
En secundaria, en el decil 1 (el 10% más pobre) el 95,1% de los alumnos van a escuelas de gestión estatal y el 4,6% a escuelas privadas subvencionadas. De manera inversa, en el decil 10 (el 10% más rico), en cambio, el 7% va a escuelas de gestión estatal, el 74,3% a escuelas de gestión privada subvencionada y el restante 18,7% a escuelas privadas sin subvención.
Uno de los autores del informe, Mauro Moschetti, indica: “La política de subvenciones a la educación privada en Argentina tiene varios problemas entre los que se destacan dos fundamentales. Primero, los objetivos que persigue son difusos; y sin objetivos claros, es difícil analizar sus efectos y juzgar su eficacia. ¿Busca posibilitar que las familias de bajos ingresos accedan a escuelas privadas? ¿Son, por el contrario, sus destinatarios las clases medias que optan por educación privada? ¿Pretende sostener a un sector privado percibido como costo-eficiente como alternativa ante una insuficiente oferta estatal? En segundo lugar, aunque no menos preocupante, la asignación de subvenciones se decide sobre la base de criterios poco precisos. A partir de la escasa información disponible, este informe arroja algunas pistas para repensar un sistema muy arraigado que ha sido escasamente problematizado en sus casi ocho décadas de existencia”.
Por su parte, Martín Zurita, secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires AIEPBA sostiene: “Como sociedad nos debemos el debate acerca de por qué sólo 12,5% de los fondos públicos se invierten en escuelas de gestión privada cuando es la opción menos costosa para el Estado en términos de uso de recursos por alumno. Al mismo tiempo cumple el doble propósito de asegurar a las familias el acceso a cuotas moderadas y a los docentes el nivel de salario mínimo determinado por cada jurisdicción”.
Según Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, “los datos reafirman que el Estado argentino (todos los gobiernos) necesita a la educación privada para garantizar el derecho a la educación por medio del gasto privado de las familias. Incluso, el Estado destina fondos (subsidios) para bajar el precio de la cuota de escuelas privadas, siempre que la inversión estatal por alumno privado sea menor que la inversión estatal por alumno público. Por eso, si todas las familias optaran por ejercer su derecho a una vacante para sus hijos en la educación estatal, todo el sistema educativo colapsaría por falta de fondos e infraestructura, aun sumando al presupuesto todos los subsidios a las escuelas privadas”.
Entre 2018 y 2021, 12 distritos aumentaron la proporción del presupuesto educativo destinado a transferencias al sector privado, mientras que otros 12 lo redujeron. Los mayores incrementos fueron en San Luis (+3,4 puntos porcentuales), Santa Cruz (+2,5 pp), Entre Ríos (+2,1 pp) y Jujuy (+1,6 pp). Las mayores reducciones fueron en Córdoba (-1,3 pp), La Pampa (-1,0) y Salta (-0,9 pp).
Las tres provincias que más invierten por cada alumno de escuela privada subvencionada son Santa Cruz (114 pesos por cada 100 destinados a alumnos de escuelas estatales), Santiago del Estero (99) y Misiones (97), según los últimos datos disponibles de 2021. Por otro lado, las que menos invierten proporcionalmente por cada alumno del sector privado subvencionado son Salta (42), CABA (41) y Tierra del Fuego (38).
“Paradójicamente, aumentar la proporción del presupuesto provincial que se destina a las transferencias al sector privado reduce el gasto estatal en educación porque implica que una parte de los gastos en educación la asumen las familias. Así, por ejemplo, en vez de invertir 100, el Estado invierte 60 y los restantes 40 los financia cada grupo familiar. Es decir, el Estado con menos plata educa a más alumnos. Si con menos hacés más, entonces el sistema es eficiente. Y además permite diversificar la oferta escolar. Sin embargo, el costo es la segmentación”, explica Verónica Gottau, investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella.
“El sistema de tres sectores (público, privado subvencionado y privado sin subvención) contribuye a la segregación social de las escuelas en base al nivel socioeconómico de las familias y no solo a la reproducción intergeneracional de la desigualdad, sino incluso a la ampliación de las diferencias. En una sociedad en la cual la desigualdad ha crecido tanto en las últimas décadas, las políticas educativas y la inversión pública debieran estar orientadas a promover mayor igualdad y que las escuelas sean un espacio de encuentro para contribuir a la cohesión social”, afirma Jason Beech, profesor de la Universidad de Melbourne (Australia) y de la Universidad de San Andrés.
“El aporte público al sistema de escuelas privadas tiene como función reducir el costo de la matrícula de un bien social y obligatorio como es la educación. La dinámica que el modelo de financiamiento ha tomado se alinea con los principios de equidad vertical, más ayuda a quienes más necesitan. De hecho, cuanto menor el nivel de ingreso de la familia, mayor ayuda pública, sea a través de la utilización del sistema estatal de escuelas o de privadas que reciben mayor financiamiento por parte del estado. Por otro lado, el sistema universitario público y gratuito, al que asiste el 80% de la totalidad de los alumnos que continúan estudios en este nivel, se encuentra sobreutilizado por estudiantes de mayor poder adquisitivo. De hecho, el 52,3% de los jóvenes del decil de mayores ingresos realiza estudios superiores vs. solo el 17,5% del más bajo decil. En términos de equidad en la utilización del presupuesto público, se observa así una cierta inequidad, hecho que se presenta como una oportunidad para repensar el sistema de financiamiento con miras hacia uno que busque una mayor progresividad distributiva”, sostiene Marcelo Rabossi, profesor de la Universidad Torcuato Di Tella.
“El informe aborda, con muchos datos, uno de los temas más espinosos y menos informados de la educación argentina: los subsidios a la educación privada. Muestra distintas aristas de los aportes del Estado a las escuelas de ese sector y, como suele suceder cuando se trata este tema, deja con ganas de más. Lamentablemente, la información que rodea a los subsidios está teñida de opacidad en el país. Todavía nos falta mucho para saber a quiénes y por qué se otorga ese financiamiento a los establecimientos privados. Asimismo, faltan estudios que indaguen cuánto pagan las familias por la educación de sus hijos. El documento contribuye a una discusión que nos debemos como sociedad y que solo aparece en forma espasmódica de tanto en tanto, y cuando lo hace, es más a partir de posiciones preconcebidas que con sustento empírico”, asegura Alejandro Morduchowicz, especialista en planeamiento educativo.
Argentinos por la Educación