Desde el 1° de septiembre comenzó a regir en todo el país el Sistema Transitorio de Justicia Penal Juvenil, dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia con la implementación de la Ley Nacional N° 27.801.
Ante este nuevo escenario, el Dr. Edgardo Frutos, juez de Familia, Niñez y Adolescencia Nº 5 de Corrientes señaló que las medidas no se limitan solo a la sanción penal, sino que se trata de reinsertar socialmente al adolescente desde la perspectiva de una justicia restaurativa en simetría con su entorno y otros espacios de contención.
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir en Corrientes el 1° de septiembre y reemplaza el régimen vigente desde 1980. El nuevo esquema plantea un cambio en el abordaje de los delitos cometidos por adolescentes, con operadores especializados, procedimientos diferenciados respecto de los adultos, plazos más abreviados y una mayor incorporación de herramientas de justicia restaurativa.
En este marco, y ante la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años prevista por la ley 27.801, Radio UNNE dialogó con Edgardo Frutos, juez de Familia, Niñez y Adolescencia N° 5 de Corrientes, quien explicó los principales cambios que introduce el nuevo sistema y los objetivos que persigue.
En primer lugar explicó que, “el sistema de justicia procesal juvenil incorpora la designación de operadores específicos, un tratamiento diferenciado de los adultos cuando en el delito estén involucradas personas menores de edad”.
Uno de los principales cambios está vinculado con la forma en que se desarrolla el proceso. El juez explicó que los plazos serán diferentes y más breves, mientras que frente a un delito deberán evaluarse alternativas que permitan una intervención restaurativa. “Se trata de un trabajo amplio porque si lo único que hacemos con el adolescente es privarlo de su libertad, no solucionamos el problema. Deberán procurarse las salidas más amigables a través de la justicia restaurativa, mediante alternativas como la mediación, la conciliación y la reparación, además de otras alternativas previstas por el nuevo sistema penal”, añadió.
Justicia restaurativa: reparar el daño sin dejar de investigar el delito
Como es una regulación que recién comenzó a implementarse a nivel provincial, el doctor mencionó que “la atención de estos casos quedará en manos de los jueces de Familia, Niñez y Adolescencia de toda la provincia hasta que se designen cargos específicos contemplados por la normativa que asumirán transitoriamente una función que anteriormente correspondía a jueces de garantías y jueces que intervenían en casos de adultos”. Desde este lugar, agregó que se irán creando las oficinas de justicia restaurativas considerando que estamos ante un sujeto adolescente que está construyendo su personalidad.
Durante la entrevista en la radio de la UNNE remarcó que hablar de justicia restaurativa no implica dejar de investigar el delito y que va quedar impune, “sino lo contrario, trata que la víctima sea consciente a través del delito para que sea protagonista de la reparación de ese daño sufrido, pero también atendiendo la posibilidad de que el adolescente que se ve involucrado se repare subjetivamente, dado que tenemos en cuenta que es una persona que se está construyendo a nivel identitario”. En este sentido, agregó que “la idea principal es tomar a la víctima y sacar al adolescente del delito. La finalidad es socioeducativa y restaurativa”.
La intervención no termina en el juzgado
Uno de los aspectos centrales que plantea el nuevo sistema es la necesidad de trabajar más allá del expediente judicial. El juez sostuvo que el abordaje debe involucrar no solamente al adolescente, sino también a su familia y a la comunidad en la que vive.
Corrientes ya cuenta, según explicó, con espacios vinculados al área de salud, centros de promoción y dispositivos relacionados con consumos problemáticos, además de un programa de servicios comunitarios que puede ser articulado con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Por ello, “el desafío, ahora, será establecer mecanismos concretos de coordinación entre la Justicia y los organismos que trabajan con niños y adolescentes. Esto recién comienza. Estamos dialogando con las distintas áreas”, dijo Frutos y puntualizó que esta articulación deberá traducirse posteriormente en protocolos de actuación e intervención que permitan definir cómo funcionará en la práctica el nuevo sistema.
Durante la entrevista, la definición más contundente del magistrado apareció al explicar por qué considera necesario un abordaje integral. “No olvidemos que quien comete es una persona en desarrollo, un sujeto que está formando y construyendo su personalidad. Si solamente lo que hacemos con el adolescente es privarlo de libertad, no solucionamos el problema”, enfatizó.
Explicó que el sistema penal juvenil no puede limitarse a reproducir el esquema tradicional de investigación y sanción utilizado con adultos. La condición particular del adolescente obliga a contemplar que se trata de una persona en desarrollo. Por eso, la necesidad de incluir una dimensión socioeducativa que permita trabajar sobre las circunstancias que rodean al adolescente y prevenir la reiteración de conductas delictivas. “El 90% de los adolescentes que cometen delitos son personas con consumo problemático, que es un flujo que atraviesa distintas problemáticas. Obviamente, la delincuencia está atravesada por esa situación. Por eso el foco de la ley es que se tenga esa mirada que la vamos a ir articulando con distintos organismos de manera mancomunada. Esto recién comienza”, señaló el profesional graduado de la UNNE.
“El objetivo es evitar que el chico siga con esa tendencia delictiva y, para eso, hay que trabajar con el adolescente. Es un trabajo más amplio que un derecho penal puro, un derecho penal de adulto que solamente se investiga y es lineal hacia una sanción penal. En el adolescente no se puede. En el adolescente hay que trabajar amplio y con el entorno”, sintetizó.
Capacitación y articulación institucional
La puesta en marcha del sistema también demanda capacitación de quienes tendrán que intervenir en los procesos. El Dr. Frutos señaló que ya se realizaron capacitaciones en materia penal y que existe un programa destinado a fortalecer la preparación de los operadores.
Además, mencionó un convenio firmado por el Superior Tribunal de Justicia con UNICEF, orientado al fortalecimiento de los operadores del sistema judicial y de los organismos vinculados a niñez con el objetivo de mejorar la articulación entre las distintas áreas.
“Es un trabajo amplio, permanente porque la niñez atraviesa distintos conflictos. Todavía estamos en el diagnóstico, el panorama es especulativo porque no sabemos qué va a pasar, pero el margen de intervención se magnifica obviamente con esta situación. No hay que olvidar que se trata de una implementación que todavía se encuentra en una etapa inicial y cuyo funcionamiento concreto irá definiéndose a partir de la experiencia”, concluyó.
De esta manera, la implementación del Sistema de Justicia Penal Juvenil abre en Corrientes una etapa de transformación institucional en la que el desafío no pasa solamente por determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades penales, sino que se genere un abordaje integral pensando en el adolescente, su entorno, su reinserción socio-educativa, que contemple a la víctima y evite que el menor vuelva a involucrarse en hechos delictivos.
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