Walter Bernard, secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales, cuestionó el proyecto de intangibilidad dirigido al Poder Judicial que fue remitido a la Legislatura y advirtió que la iniciativa podría afectar los derechos salariales del resto de los trabajadores judiciales. En diálogo con CIUDAD TV, sostuvo que el planteo vuelve a generar una situación similar a la ocurrida en anteriores conflictos salariales del sector.
“Lo que vemos con este proyecto de ley es que están incidiendo nuevamente en lo mismo. En definitiva, es generar un adicional exclusivo para los magistrados, dicen acá los que iniciaron la demanda, excluyendo al resto del personal el derecho de propiedad, que es la ley 468, que es la ley de porcentualidad, básicamente”, afirmó Bernard.
El dirigente explicó que los trabajadores judiciales perciben sus salarios en relación porcentual con los haberes de los magistrados y señaló que cualquier modificación que beneficie exclusivamente a jueces y funcionarios repercute sobre el resto del personal.
“Nosotros no cobramos lo mismo que cobra un ministro del juez, un ministro del Superior Tribunal de Justicia, o juez de cámara que está en el orden de los 7 millones de pesos hoy. Lo que cobramos es un porcentaje de lo que cobra el juez del Superior Tribunal de Justicia”, indicó.
En ese sentido, sostuvo que el proyecto que ingresó a la Legislatura “está afectando el derecho de propiedad del resto del personal judicial” y consideró que la iniciativa debe ser debatida con todos los sectores involucrados.
Bernard recordó además que existía una mesa técnica integrada por representantes del Superior Tribunal de Justicia, magistrados, gremios judiciales y el Ejecutivo provincial, en la que se venía analizando la situación salarial del sector y el objetivo de alcanzar la media nacional.
“Se lo planteó siempre en esta mesa llegar a la media nacional. Y nos enteramos estando en la concentración que este proyecto de ley había ingresado a la Legislatura”, relató.
Según explicó, anteriormente se había establecido un esquema para avanzar progresivamente hacia ese objetivo. “El gobernador anterior le había enviado un decreto a la Legislatura por el cual establecía que se iba a llegar proporcionalmente a la media nacional. Cuando asume este nuevo gobierno, nos plantea que en ese momento no podía llegar a la media nacional, pero que sí lo iba a hacer en un plazo de un año, aproximadamente”, señaló.
El secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales también recordó antecedentes vinculados con decisiones salariales que, según planteó, beneficiaron de manera diferenciada a los magistrados. Mencionó particularmente la sentencia vinculada al denominado juicio del 13% y la sentencia 296, que se remonta a 1983.
“Lo analizamos a partir de las distintas sentencias anteriores que hay, que fueron la sentencia del famoso juicio del 13% y de la sentencia 296, que deviene del año 1983, en donde prácticamente sucedió lo mismo”, sostuvo.
En ese contexto, afirmó que en aquellos períodos se otorgaron incrementos o adicionales específicos para magistrados bajo el argumento de que respondían a una situación particular del sector.
“En esos tiempos, el Ministerio de Economía planteaba que no alcanzaba para pagar a todo el personal, magistrados que se fueron dando aumentos salariales excluyendo al resto del personal, a partir de adicionales exclusivos para ellos”, recordó.
Para Bernard, el escenario actual presenta similitudes con aquellos antecedentes y puede generar un perjuicio sobre el conjunto de los trabajadores judiciales. “Este proyecto de ley impacta directamente en un derecho de propiedad de los trabajadores judiciales, del resto del personal judicial. ¿Va a afectar gravemente al resto del personal judicial? Por supuesto que sí”, afirmó.
Por último, cuestionó que la iniciativa haya ingresado a la Legislatura a partir de una demanda judicial y reclamó que el tema sea discutido con “razonabilidad y prudencia”.
“Hoy día nos encontramos directamente con un proyecto de ley en la Legislatura que atiende a una supuesta demanda judicial. O sea, por sentencia los jueces están nuevamente ordenando al Poder Ejecutivo y Legislativo que hagan este tipo de movimientos perjudicando al resto del personal”, concluyó.