A los acusados se le había dictado una falta de mérito que fue revertida en 2025. El Tribunal Oral Federal N°7 unificó las causas y dispuso sumar al debate a dos extenientes del Ejército. De esta manera, son ocho los imputados en el juicio iniciado hace seis meses. Fueron indagados en la audiencia de este miércoles 2 de septiembre, pero no declararon.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dispuso la incorporación como imputados de dos exmilitares al juicio por la denominada “Masacre de la calle Corro” que, en septiembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar, culminó con el homicidio de cinco personas y la privación ilegal de la libertad de otras cuatro víctimas en el barrio porteño de Villa Luro. Se trata de los extenientes del Ejército Argentino Gustavo Gilberto Tadeo Juárez Matorras y Domingo Armando Giordano.
Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli resolvieron unificar los dos tramos de la causa —el que ya había llegado a debate y el que por los mismos hechos tiene a estos imputados— y disponer que ambos exmilitares formen parte del debate oral, que comenzó en marzo de este año y en el que ya son juzgados otros seis integrantes del Ejército. En la audiencia de este miércoles 2 de septiembre, Juárez Matorras y Giordano fueron indagados pero decidieron no declarar.
Para fundamentar la decisión, el tribunal señaló que “la identidad de objeto procesal entre ambas causas resulta inobjetable pues, en rigor, se trata de un mismo expediente que ha sido elevado en dos instancias parciales”.
Asimismo, sostuvo que “la unificación de ambos juicios no sólo no importaría retardo alguno, sino que implicaría un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales y una más pronta administración de justicia, todo ello, en primacía de los principios de economía y celeridad procesal”.
La medida había sido solicitada por el fiscal federal Félix Crous de la Unidad de Asistencia para Causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado, que interviene en el debate.
La acusación
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal, al igual que el resto de los imputados, Juárez Matorras y Giordano integraban el Grupo de Artillería de Defensa Aérea 101 del Ejército Argentino, unidad que al momento de los hechos se encontraba bajo la órbita de la Zona 1 y, dentro de ella, de la Subzona Capital Federal.
Ambos llegan al juicio acusados como coautores de los delitos de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, reiterado en cinco hechos, y de privación ilegal de la libertad agravada por haber sido cometida mediante violencia o amenazas, reiterada en cuatro hechos, en concurso real.
Por su parte, Danilo Antonio González Ramos, el exteniente primero Carlos Alberto Orihuela y los extenientes Ricardo Grisolía, Gustavo Antonio Montell, Guillermo César Viola y Héctor Eduardo Godoy están acusados por los mismos delitos, en calidad de partícipes secundarios, en cuatro de los homicidios y por un hecho de tentativa de homicidio también agravada.
Según la acusación, Giordano y Juárez Matorras pertenecían a la Batería de Tiro “B”, que tuvo un rol clave en el operativo realizado sobre la vivienda.
El MPF sostiene que Giordano se desempeñaba como jefe de esa batería y que tuvo una intervención protagónica durante el procedimiento, al impartir órdenes a sus subordinados y permanecer en las inmediaciones de la vivienda donde se produjo el enfrentamiento.
En tanto, Juárez Matorras era “oficial educador” de la misma batería y, durante el operativo, se ubicó en el frente donde se desarrollaba el tiroteo, donde tuvo una participación activa, de acuerdo con la acusación fiscal.
El derrotero judicial de los nuevos imputados
En relación a los exmilitares que se incorporan al juicio, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había dictado su falta de mérito el 26 de septiembre de 2022. En noviembre de 2025, el Ministerio Público Fiscal solicitó al juzgado instructor que procese a ambos, medida que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3 tomó el 10 de diciembre de ese año.
La decisión quedó firme en mayo de este año, luego de una resolución de la Sala I de la Cámara Federal. Tras esto, la fiscalía solicitó la elevación a juicio de ambos acusados y, finalmente, el Tribunal Oral Federal N°7 resolvió unificar las causas e incorporarlos al debate que se encuentra en curso.
El operativo
El juicio aborda los hechos ocurridos el 29 de septiembre de 1976, durante un operativo represivo desplegado sobre una vivienda ubicada en la calle Canónigo Miguel Calixto del Corro 105 del barrio de Villa Luro. Entre las víctimas fatales se encontraban Alberto José Molina Benuzzi, María Victoria Walsh —hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh—, Ignacio José Bertrán, Ismael Salame y José Carlos Coronel, integrantes del Secretariado Político Nacional de Montoneros.
La investigación también determinó que, en el marco del operativo, fueron detenidos ilegalmente Lucy Matilde Gómez de Mainer, Juan Cristóbal Mainer, Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle, quienes permanecieron cautivos en distintos centros clandestinos de detención.
Inicialmente, las víctimas fueron alojadas, por el término de 15 días, en el centro clandestino de detención “El Vesubio” y luego trasladadas a dependencias de la Superintendencia de Seguridad Federal, conocidas como “Coordinación Federal”.
Maricel Marta Mainer y Ramón Alcides Baravalle recuperaron la libertad el 1° de noviembre de 1976. En tanto, Lucy Matilde Gómez y su hijo Juan Cristóbal Mainer fueron trasladados a la Unidad 2 de Devoto, dependiente del Servicio Penitenciario Federal, donde permanecieron detenidos hasta recuperar su libertad años más tarde.
En la vivienda también se encontraba la hija pequeña de María Victoria Walsh, quien fue retirada del lugar y trasladada a una comisaría. Posteriormente, fue restituida a sus abuelos paternos.
Fiscales