En simultáneo a la iniciativa de gestiones provinciales, la Cámara de Diputados busca garantizar una respuesta a la creciente cifra de morosidad. La Libertad Avanza reactivó una comisión para proponer un plazo de debate de los proyectos que no convenció a la oposición, que buscará sellar una mayoría en una sesión del 9 de septiembre y así establecer una fecha próxima de dictamen.
El oficialismo buscó desactivar la convocatoria disidente con una reunión informativa en la Comisión de Finanzas, que durante el año sólo se había abierto dos veces para proyectos del Ministerio de Economía. Allí Santiago Pauli, el presidente del espacio, propuso tres encuentros más antes del 30 de septiembre, la fecha que estableció para dictaminar. Esa intención fue rechazada de plano por la oposición.
“Ustedes aprendieron los vicios de lo peor de la casta política”, consideró Cecilia Moreau (Unión por la Patria), quien calificó la medida como una “maniobra para ganar tiempo” y reiteró que la intención de su bloque es una convocatoria en plenario: “Esta comisión no puede resolver nada porque los proyectos tienen giros a otras 6 o 7 comisiones”.
Minutos después, Pablo Juliano (Provincias Unidos) señaló que el objetivo de la sesión del 9 de septiembre es “tener un cronograma para que exista un dictamen y una sesión, no una distracción”.
La expectativa opositora es alcanzar una mayoría con el apoyo de algunos habituales aliados provinciales del oficialismo (de Tucumán, Catamarca y Misiones). Esperan que se inclinen en este caso hacia los bloques disidentes (Unión por la Patria, Provincias Unidas y el FIT). “Hice diez escenarios posibles y en todos llegan al quórum”, explicaron desde La Libertad Avanza, que buscará torcer la postura de los gobernadores a lo largo de todo septiembre.
Para el 23 de ese mes, una semana antes que el oficialismo, la oposición buscará tener dictamen de un proyecto unificado. Allí radica su mayor desafío: cómo unir los 34 actuales proyectos en uno sólo que contenga las principales herramientas, no afecte el déficit fiscal y proteja la identidad de cada bloque. Este jueves, ya con la llegada de la comitiva que viajó a Brasil, los bloques disidentes se reunirán para empezar a construir esta redacción en común.
Entre los invitados, Víctor Ruilova (FMYA) describió que la morosidad se trata de “un problema social pero no del sistema financiero”, detallando que el 12% de la deuda es menor a $1.437.000 y un 33% es inferior a los $518.000. Por su parte, Osvaldo Giordano (IERAL) planteó que como respuesta se pueden establecer programas de alivio y reestructuración de deudas, que incluyan suspensión de ejecuciones, quita de intereses punitorios y refinanciación en cuotas con tasas referenciadas.
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