La Asociación de Abogados Ambientalistas de la Argentina y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata presentaron una demanda preventiva ante la Justicia Federal argentina para detener de inmediato el proyecto hidrocarburífero León Marino. La presentación denuncia que las empresas involucradas carecen de autorización oficial y de evaluación de impacto ambiental. Advierten sobre el riesgo irreparable que corre el ecosistema del Mar Argentino ante el avance ilegal de las obras en la plataforma continental.
Organizaciones ambientalistas, sociales y de excombatientes formalizaron un reclamo ante la Justicia Federal para solicitar la paralización inmediata de un megaproyecto petrolero promovido por firmas internacionales en aguas de la plataforma continental argentina, al norte de las Islas Malvinas.
La presentación judicial apunta a frenar de forma preventiva las obras operativas y financieras vinculadas a la explotación del yacimiento hidrocarburífero, advirtiendo sobre el grave e irreversible impacto ecológico que provocaría en la región y la falta absoluta de avales ambientales nacionales.
La acción preventiva de daño ambiental colectivo fue impulsada de manera conjunta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), Surfrider Argentina y la Asamblea Comunidad Costera de Tierra del Fuego. El recurso recayó en el Juzgado Federal de Río Grande, tribunal con competencia territorial sobre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La demanda se dirige específicamente contra la compañía británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum Development, firmas encargadas del desarrollo del emprendimiento extractivo denominado León Marino (o Sea Lion). Las organizaciones denunciaron que el proyecto pretende avanzar sobre los bloques PL032 y PL004b de la Cuenca Malvinas Norte, situados a unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, omitiendo por completo los procedimientos de evaluación de impacto ambiental obligatorios y sin contar con la autorización legal de los organismos competentes del Estado argentino.
Además de solicitar la suspensión inmediata de cualquier movimiento del lecho marino y el cese de obras en la zona, la presentación judicial exige frenar las operaciones financieras vinculadas al financiamiento del proyecto. En tal sentido, los demandantes solicitaron un embargo preventivo por un monto de 156,4 millones de dólares sobre los activos de las empresas involucradas, como así también la notificación oficial a las entidades regulatorias financieras e instituciones crediticias internacionales que sustentan las operaciones de ambas compañías.
El megaproyecto en cuestión contempla la instalación de un complejo sistema submarino de extracción compuesto por 23 pozos en sus dos primeras fases, los cuales estarán conectados a una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga de crudo. A esto se suma el desarrollo de infraestructura terrestre y portuaria logística en Puerto Argentino para el acopio de insumos químicos, combustibles y lodos de perforación. Según los planes informados por las propias operadoras, tras las obras iniciales iniciadas en 2026 y la fase de perforación proyectada para 2027, el yacimiento entraría en etapa comercial durante el primer semestre de 2028 con una proyección operativa superior a los 30 años.
Las entidades firmantes remarcaron que las dos compañías operan al margen de la ley argentina y acumulan antecedentes de inhabilitación oficial. En 2012 y 2013 la Secretaría de Energía declaró clandestina e inhabilitó a Rockhopper para operar en el país por un período de 20 años, medida de sanción equivalente que fue aplicada a Navitas en 2022. Asimismo, la Cancillería argentina rechazó formalmente los anuncios de inversión por vulnerar la legislación soberana y transgredir las resoluciones del proceso de descolonización de la Organización de las Naciones Unidas.
Desde el punto de vista ecológico, la demanda advierte que las maniobras extractivas ponen en riesgo inminente a las ecorregiones del Mar Argentino y de las Islas del Atlántico Sur, áreas caracterizadas por una destacada biodiversidad que incluye especies protegidas de mamíferos marinos, aves y peces. Los demandantes enfatizaron que las supuestas licencias otorgadas por la administración colonial británica carecen de toda validez jurídica e insistieron en que la pronta intervención de la Justicia resulta vital para impedir daños ambientales irreparables en el ecosistema marino patagónico y antártico.