La Corte Suprema de Justicia aprobó la creación de un protocolo médico para analizar las condiciones de salud de personas que se encuentran en las cárceles, que podría beneficiar a los represores detenidos para obtener la prisión domiciliaria.
A través de la Acordada 21/2026, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, encomendaron al Cuerpo Médico Forense la confección de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.
Según la resolución, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, el objetivo es “sistematizar los criterios” para que los magistrados puedan tener “mejores elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud”.
Dicho protocolo deberá incluir un examen médico general de cada persona detenida; y una verificación de las “condiciones concretas de detención y de las posibilidades de tratamiento dentro del establecimiento”.
En la acordada, la Corte Suprema apeló a la Constitución Nacional, que establece que “las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas”.
De acuerdo a datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, hay 519 personas investigadas en causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran detenidas. De estas, 440 cuentan con arresto domiciliario; 18 se encuentran en el servicio penitenciario; y 61 están en la Unidad Penitenciaria N° 34 de Campo de Mayo.
Entre los nombres más resonantes que continúan en la cárcel, se encuentran Alfredo Astiz, conocido como “Ángel de la Muerte”; Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta; y Christian Federico von Wernich, entre otros.
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