Con el peronismo a la cabeza, un sector crítico reúne alrededor de 122 diputados y busca los siete votos que le faltan para impulsar una sesión propia; este miércoles habrá un primer ensayo para medir fuerzas
Mientras el Gobierno prepara la próxima sesión en Diputados, la oposición comienza a reagruparse para instalar en el Congreso dos temas sensibles para la administración libertaria: el creciente endeudamiento de las familias y la posibilidad de extender por un año la emergencia en discapacidad.
El peronismo de Unión por la Patria (UP), un sector de Provincias Unidas, la Coalición Cívica, la izquierda, Encuentro Federal y bloques provinciales, entre ellos los misioneros, los salteños, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano Jorge Fernández, miden sus próximos pasos. En conjunto reúnen alrededor de 122 voluntades: a siete de las 129 necesarias para abrir una sesión e imponer su propio temario.
La estrategia tiene dos etapas. Primero, evalúan pedir una ampliación del temario durante la sesión de este miércoles, aun a sabiendas de que no prosperará. Para hacerlo necesitan el voto de las tres cuartas partes del cuerpo, una mayoría hoy inalcanzable. Pero la votación les servirá para medir fuerzas, identificar posibles aliados y saber exactamente cuántos votos les faltan.
En paralelo, buscarán seducir a los indecisos, sobre todo entre los diputados que responden a gobernadores que en las últimas semanas endurecieron su posición frente a la Casa Rosada. Allí aparecen, entre otros, tucumanos y catamarqueños, que en conjunto representan alrededor de media docena de votos.
Con ese mapa más claro, la oposición pretende avanzar luego con un pedido de sesión especial centrado en discapacidad y endeudamiento.
Son dos cuestiones particularmente sensibles para Javier Milei. Una de ellas es el incremento de la morosidad, un fenómeno que tanto el Presidente como integrantes de su equipo económico rechazaron atribuir a la política del Gobierno.
En ese contexto, en Diputados proliferaron los proyectos para intentar contener el problema. Las iniciativas van desde límites a los intereses y punitorios que cobran las entidades crediticias hasta regímenes especiales para reestructurar deudas y propuestas para declarar una emergencia social y fijar topes a las tasas. Hay proyectos de referentes de buena parte del arco opositor.
La discapacidad, el otro frente
La emergencia en discapacidad, en tanto, estuvo atravesada desde su sanción por tensiones políticas y judiciales. Pese a su resistencia inicial, el Gobierno terminó por reglamentarla en febrero de este año después de una intimación de la Justicia Federal. Organizaciones, familias y prestadores, sin embargo, denuncian demoras persistentes, recortes y problemas en la ejecución de los recursos destinados al sector.
La ley 27.793 establece la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026, pero habilita una prórroga por un año. Ese es justamente el objetivo del proyecto presentado por Juan Marino (UP), que reunió firmas de casi todo el arco opositor.
Entre los firmantes aparecen incluso referentes misioneros y salteños que este miércoles, media hora antes de la sesión, presentarán formalmente su nuevo bloque con la presencia de los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones. Con un nuevo nombre y bajo la conducción del misionero Oscar Herrera Ahuad, buscan inaugurar una lógica de negociación “ley por ley” con el Gobierno y a cambio de beneficios concretos para sus provincias.
Los impulsores de la prórroga presentarán, además, una nota dirigida al presidente de la Comisión de Discapacidad, el libertario Gerardo Huesen, para reclamarle que convoque “de inmediato” a una reunión y permita tratar y dictaminar el proyecto.
La agenda vinculada con la discapacidad inquieta especialmente al Gobierno. Es un tema que la Iglesia sigue con atención y que incluso podría formar parte del itinerario de la visita del papa León XIV prevista para noviembre. Según informó Clarín, uno de los lugares que podría visitar el Sumo Pontífice es el Instituto Don Orione, en Claypole, que trabaja con personas con discapacidad.
La Nación