El excapitán de Inteligencia Carlos Alberto Vega fue hallado culpable por su participación en los hechos que sufrió Marcos Eduardo Ramos, que tenía tenía cinco meses cuando fue secuestrado en 1976 junto a su medio hermano de 8 años, Elías Suleiman, que logró escapar.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó ayer a 12 años de prisión al excapitán de inteligencia del Ejército Carlos Alberto Vega por su participación en la sustracción, retención y ocultamiento del nieto recuperado N°128, Marcos Eduardo Ramos, y de su hermano Elías Ismael Suleimán, y por haber hecho incierto o alterado el estado civil de ambos. Los hechos, ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, fueron considerados constitutivos de crímenes de lesa humanidad.
La sentencia fue dictada por las juezas Ana Carina Farías y Cristina Edith Giordano y el juez Federico Bothamley. En el debate, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal Pablo Camuña junto con la auxiliar fiscal Valentina García Salemi y el fiscal coadyuvante Patricio Rovira, quienes habían solicitado una condena de 17 años de cumplimiento efectivo en una institución penitenciaria.
Vega fue condenado como partícipe necesario de los delitos de sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años respecto de Suleimán y Ramos, y por haber hecho incierto el estado civil del primero y alterado el estado civil de su hermano menor, todo ello en concurso real. Pese al pedido formulado por la fiscalía, los jueces resolvieron que pena deberá cumplirse con monitoreo mediante dispositivo electrónico.
El tribunal también hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal para establecer una reparación integral de las víctimas y solicitó al Ministerio de Justicia de la Nación que realice las gestiones necesarias para hacer efectivas las medidas previstas en las leyes reparatorias. Asimismo, dispuso que se garantice la continuidad de los tratamientos psicológicos de ambas víctimas. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo 26 de agosto, a las 14.
En su sentencia, el tribunal reconoció que “la búsqueda e identificación de las personas apropiadas durante el terrorismo de Estado constituye una obligación permanente del estado argentino derivada de sus compromisos constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos”.
En ese marco, recomendó al Poder Ejecutivo Nacional adoptar “todas las medidas necesarias” para asegurar la continuidad de las políticas públicas destinadas a garantizar el derecho a la identidad y la búsqueda de personas apropiadas durante el terrorismo de Estado, y especialmente “la preservación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Genéticos, de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, de los archivos documentales relacionados con el terrorismo de Estado, de los equipos especializados de investigación dedicados a la búsqueda e identificación de las personas y de los registros públicos relacionados con ese proceso”.
El caso
De acuerdo con la investigación, en diciembre de 1976, Marcos Eduardo Ramos, de cinco meses, y su hermano Elías Ismael Suleiman, de 8 años, fueron secuestrados por personal militar en una vivienda del barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán.
Su madre, Rosario del Carmen Ramos, militante del PRT-ERP, había sido secuestrada por tercera vez a fines de noviembre o comienzos de diciembre de ese año, tras regresar a Tucumán desde Santiago del Estero. Existen indicios de que fue llevada al centro clandestino de detención que funcionó en la Compañía de Arsenales “Miguel de Azcuénaga”, y al día de hoy permanece desaparecida.
Tras el operativo, los hermanos fueron trasladados a un inmueble de Tafí Viejo, donde había otros niños. Allí fueron separados y no volvieron a verse. Elías fue llevado luego a una vivienda de la capital tucumana, donde sufrió malos tratos, amenazas e intentos de supresión de su identidad. A los 8 años logró escapar y, tras caminar más de 20 cuadras, llegó a la terminal de ómnibus, donde encontró a un tío y pudo reencontrarse con su familia. En 1999 se presentó ante la CONADI y relató los secuestros de su madre y su hermano.
Marcos, en tanto, fue sustraído y su identidad suprimida. Fue entregado a Víctor Lucio Sánchez, alias “Pecho i Tabla”, agente civil de inteligencia vinculado al Destacamento de Inteligencia N°142. Según la acusación, Sánchez obtuvo su cargo con el “aval ideológico y moral” de Carlos Alberto Vega, quien tenía responsabilidades en tareas de inteligencia y contrainteligencia y en el funcionamiento del centro clandestino “Arsenal Miguel de Azcuénaga”.
El niño fue inscripto falsamente como nacido el 17 de marzo de 1977 y como hijo biológico de Sánchez e Ilda Agustina Sánchez, con el nombre Marcelo Ariel Sánchez. Durante el mismo operativo también fueron secuestrados Hugo Demetrio Castro y su hijo Juan Carlos, de 12 años, quienes cuidaban a los hermanos. Ambos fueron llevados al Arsenal. Los restos de Hugo Castro fueron posteriormente identificados en el Pozo de Vargas, mientras que su hijo recuperó la libertad meses después.
El alegato del MPF
La fiscalía formuló su alegato de clausura el pasado 8 de julio. El fiscal Camuña destacó durante su intervención que se trataba del segundo caso de un nieto recuperado en Tucumán y remarcó la trascendencia del reencuentro entre los hermanos, ocurrido luego de más de cuatro décadas de separación. “Nadie hubiera pensado que se produciría el reencuentro entre dos hermanos que fueron separados hace más de 40 años, con la recuperación de identidad de Marcos, y ahora además con el enjuiciamiento de uno de los responsables de ese hecho”, señaló.
Camuña también puso el foco en el relato de Elías Suleimán, quien tenía ocho años cuando fue secuestrado junto con su hermano. El fiscal destacó la imagen del niño trasladando en sus brazos al bebé de cinco meses hacia un destino desconocido y sostuvo que los integrantes del aparato represivo determinaron posteriormente el destino de cada uno de los hermanos, en una “distribución como si fueran un botín de guerra”.
A su turno, García Salemi sostuvo que, luego de ser separado de su hermano, Marcos pudo haber sido trasladado al Arsenal Miguel de Azcuénaga, donde se encontraba secuestrada su madre, Rosario del Carmen Ramos. A partir de la prueba producida durante el debate y del conocimiento acumulado en los procesos por crímenes de lesa humanidad sobre el funcionamiento del aparato represivo en Tucumán, consideró probable que el niño hubiera sido llevado al centro clandestino y utilizado como instrumento de presión y tortura contra su madre.
La representante del MPF definió esa hipótesis como parte del “rompecabezas del terror” y sostuvo que la apropiación del niño por parte de Víctor Lucio Sánchez no pudo haberse producido sin el conocimiento de sus superiores. En ese sentido, planteó que, por su función y su vínculo con Sánchez, Vega había tenido una intervención necesaria en los hechos.
Al finalizar el alegato, el Ministerio Público Fiscal solicitó que los hechos sufridos por Marcos Ramos y Elías Suleimán fueran considerados delitos de lesa humanidad y que Vega fuera condenado como partícipe necesario de las sustracciones y de las alteraciones de identidad. También pidió una pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta, costas, reparaciones para las víctimas, medidas de no repetición, la baja deshonrosa de Vega del Ejército Argentino y el cumplimiento efectivo de la pena en una unidad penitenciaria.
La restitución de la identidad
En junio de 2026, poco antes del comienzo del juicio, la Oficina de Derechos Humanos de Tucumán de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad notificó a Marcos Eduardo Ramos el resultado de los estudios de ADN realizados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), que permitieron confirmar su vínculo biológico paterno con Pastor Dante Campos.
El análisis genético determinó que la muestra aportada por Ilda del Valle Campos, hermana de Pastor Dante Campos, presentaba una compatibilidad del 99,99 por ciento con el parentesco biológico de Ramos. El resultado permitió identificar su rama paterna y completar la reconstrucción de su identidad biológica.
Ramos había recuperado su identidad en agosto de 2018, cuando el BNDG confirmó su vínculo materno con Rosario del Carmen Ramos. Con el nuevo estudio, pudo restablecer plenamente su identidad como hijo de Pastor Dante Campos y reencontrarse con otra parte de su familia biológica, casi 50 años después de su secuestro.
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