En un llamado de atención al oficialismo, distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados impulsan un proyecto para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad, vetada inicialmente por el Presidente Javier Milei, ratificada posteriormente por el Congreso y avalada en la Justicia.
En un tema en el cual La Libertad Avanza ha perdido sistemáticamente, pese a contar con una composición parlamentaria más favorable desde diciembre, los distintos espacios que firmaron la iniciativa estarían muy cerca de reunir una mayoría de 129, necesaria para abrir una sesión y, eventualmente, emplazar a comisiones para dictaminar, como ha pasado durante los primeros dos años de la gestión libertaria.
Aunque también, en caso de que el proyecto pasara ambas cámaras y fuera ley, Milei cuenta con un bloque de diputados que reúne más del número de un tercio capaz de blindar un eventual veto.
La propuesta fue anunciada este viernes por el diputado de Unión por la Patria Juan Marino, vicepresidente primero de la Comisión de Discapacidad, hoy presidida por el oficialismo, quien reveló que elaboró el proyecto junto a su par cordobesa Natalia de la Sota.
“El proyecto responde a un reclamo generalizado de las organizaciones de y para personas con discapacidad, y cuenta con las firmas de los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Defendamos Córdoba, Innovación Federal, Frente de Izquierda, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Primero San Luis”, destacó el bonaerense.
La iniciativa propone la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2027 de la emergencia nacional en discapacidad declarada por la Ley 27.793. “Es un texto de tres artículos, deliberadamente breve: extiende la emergencia con todos sus efectos en todo el territorio nacional y establece que sus disposiciones se aplican desde el 1° de enero de 2027 aunque su promulgación fuera posterior, de modo que ninguna maniobra dilatoria pueda abrir un vacío entre el vencimiento y la puesta en vigencia”, explicó Marino.
En tal sentido, subrayó que “la Ley 27.793 está plenamente vigente, su ejecución no está sujeta a condición ni a requisito alguno, y este proyecto no viene a subsanar nada sino a extender el plazo de una emergencia que el desgobierno de Milei se ocupó de neutralizar durante la mayor parte de su vigencia”.
“Dejar caer la emergencia el 31 de diciembre de 2026 sería consumar por vencimiento lo que el Gobierno nacional no logró por veto ni por presupuesto, y hacerlo en el peor momento posible. Hoy los pagos de Incluir Salud acumulan meses de atraso: transportistas, escuelas especiales, centros terapéuticos, centros de día y hogares denuncian que les resulta imposible subsistir y están al borde del cierre”, señaló.
A su vez, afirmó que “en los hogares donde viven personas con discapacidad -muchas de ellas sin ningún familiar de apoyo, que dependen exclusivamente del Estado- falta la entrega de pañales y de medicación además del pago de las prestaciones, y existe el peligro inminente de que cierren sus puertas y sus residentes queden en la calle”.
“Más de 200.000 personas con discapacidad esperan una pensión: el propio Poder Ejecutivo Nacional reconoció ante la Cámara de Diputados que en toda su gestión otorgó apenas 2.995. Al mismo tiempo, las auditorías se realizan de manera irresponsable y derivan en quitas indiscriminadas, se disolvió la Agencia Nacional de Discapacidad por decreto -complejizando y retrasando el acceso a trámites y derechos-. Cada mes que la emergencia estuvo trabada fue un mes de tratamientos interrumpidos, terapias suspendidas y escolaridades cortadas”, cuestionó.
Finalmente, el legislador sostuvo que “la Ley 27.793 existe porque las personas con discapacidad, sus familias, terapistas, prestadores, docentes y transportistas se movilizaron en todo el país, y porque el Congreso estuvo a la altura de esa movilización cuando volteó el veto. Prorrogarla es la continuidad de esa conquista, y el tiempo apremia: la emergencia vence el 31 de diciembre de 2026 y las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre”.
Fuente: Parlamentario