La diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra funcionarios del Ministerio de Economía, de la Dirección Nacional de Vialidad y del Banco de la Nación Argentina (BNA) por el presunto desvío de más de un billón de pesos destinados a obras viales.
En la presentación se solicita investigar la posible comisión de delitos como malversación agravada de fondos públicos, administración fraudulenta contra la Administración Pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio del cargo, sin excluir otras figuras que puedan surgir a lo largo de la causa vinculada a la supuesta retención y desvío de fondos con asignación específica del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).
De acuerdo con la documentación oficial incorporada, al 31 de mayo de 2026 el SISVIAL acumulaba más de $1,001 billones volcados a inversiones financieras (colocados en plazos fijos y títulos públicos) y otros $37.761 millones paralizados en cuentas bancarias.
En total, más de $1,038 billones permanecían sin utilizarse para el avance de las obras de vialidad.
Asimismo, la demanda destaca que en un lapso de dos años y medio la recaudación asignada al fideicomiso ascendió a $1,503 billones, pero únicamente se ejecutaron $394.406 millones para su propósito legal, arrojando un nivel de subejecución del 73,8%.
A la par, se advierte que parte de los ingresos tributarios correspondientes no habrían ingresado de forma efectiva a la cuenta fiduciaria, punto sobre el cual se requiere una investigación exhaustiva sobre el trayecto de dichos fondos.
“Lo que estamos denunciando es que recursos tributarios que tienen un destino específico e irrevocable -el pago de obras y el mantenimiento de la red vial nacional- fueron retenidos y colocados masivamente en instrumentos financieros.
Mientras al 31 de mayo había más de un billón de pesos del SISVIAL en inversiones, las obras comprometidas y el mantenimiento de las rutas permanecían paralizados o con avances mínimos. Mientras miles de argentinos mueren en las rutas, Caputo y Wasserman timbean la plata del SISVIAL”, aseveró Tolosa Paz.
Entre los proyectos afectados, el escrito detalla las obras sobre las rutas nacionales 3 y 5 en la provincia de Buenos Aires, financiadas parcialmente mediante el crédito internacional CAF 11744. La iniciativa prevé la conversión en autovía de la RN5 (tramo Mercedes–Variante Suipacha) y de la RN3 (entre San Miguel del Monte y el acceso a Gorchs), con el fin de agilizar la circulación y reducir la siniestralidad vial.
Pese a que el plan contemplaba una estructura de financiamiento con un 70% de crédito externo y un 30% de contraparte nacional, los informes de auditoría del período 2024 constataron un 0% de ejecución de los aportes locales, aun cuando existían recursos disponibles dentro del marco del SISVIAL.
“La situación de las rutas nacionales 3 y 5 es un ejemplo concreto de esta contradicción. Hay obras contratadas, financiamiento internacional y recursos del SISVIAL disponibles, pero la contraparte local no fue ejecutada en la medida comprometida. La Argentina toma deuda para financiar las obras mientras los fondos nacionales destinados a esas mismas obras permanecen colocados en instrumentos financieros”, cuestionó la legisladora.
Respecto al estado de los trabajos, el tramo Mercedes-Variante Suipacha de la RN5 mostraba a mayo de 2026 un progreso físico de tan solo el 16,89% y una ejecución financiera del 11,36%.
A su vez, otro segmento sobre la misma traza (entre la intersección con la RP 41 y el km 104) reportaba a diciembre de 2025 un avance del 0,88%, a pesar de contar con fecha límite contractual para octubre de ese mismo año. En cuanto a la RN3 (San Miguel del Monte–Gorchs), la obra registraba a mayo de 2026 un avance físico del 26,95%.
Finalmente, la denuncia exige la adopción urgente de medidas cautelares para preservar las pruebas y evitar la destrucción de documentación ligada a la gestión de estos fondos desde enero de 2024.
Se requiere la reserva de correos electrónicos, legajos, órdenes, registros contables e información bancaria, junto con la constatación de los saldos actuales en las cuentas e inversiones del fideicomiso.
“Lo que estamos haciendo es pedir que la Justicia investigue cómo se administraron esos fondos, quién impartió las instrucciones para las colocaciones financieras y quiénes intervinieron en su ejecución. Los recursos del SISVIAL no fueron creados para financiar otros gastos del Estado ni para funcionar como una cartera financiera: tienen un destino legal específico y ese destino debe ser respetado”, remató Tolosa Paz.