El Ejecutivo provincial impulsa en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de reiterancia que implica modificar el Código Penal para que toda persona con causas penales abiertas o imputaciones judiciales permanezca detenida con prisión preventiva mientras avanza el proceso judicial, sin esperar por una condena firme.
Este lunes, en los estudios de CIUDAD TV, Darío Gómez, miembro del Comité de Prevención de la Tortura, analizó los alcances de esta iniciativa legislativa que forma parte de la agenda del Gobierno viene recogiendo apoyo en diversos sectores sociales, según se informa desde partes oficiales.
“Espero que no avance este proyecto”, aseguró Gómez y comentó que desde la Legislatura provincial se les pidió opinión sobre esta iniciativa por lo cual ya emitieron un dictamen en los primeros días de julio. “La acercamos a la Comisión de Legislación General y de Derechos Humanos también. Fundamentamos la oposición a la iniciativa y advertimos que es susceptible de una presentación por inconstitucional porque así como está planteado, no sabemos qué va a pasar si se modifica, vulneraría principios básicos que tiene que ver con nuestra Constitución y con tratados internacionales incorporados y con rango constitucional”, afirmó.
“Al debate hay que darlo, es una realidad que no negamos”, apuntó y agregó: “Yo diría que se está obviando que el sistema penitenciario y el sistema policial están dinamitados. Esto ocurre en todo el país. Nosotros hicimos un estudio, pedimos información oficial en cada provincia y el Comité Nacional de Prevención de la Tortura armó un resumen de eso”.
Aseguró que “el sistema penitenciario a nivel nacional, en la última década, se incrementó en un 50% con una tasa de ocupación que supera el 140% de su capacidad. Y las policías provinciales, así como la provincia del Chaco alberga detenidos procesados y condenados -que no debería ocurrir- somos la tercera o cuarta provincia en cantidad de detenidos en comisarías. En la última década se incremento en un 150% la cantidad de personas alojadas en el sistema, con una tasa de ocupación que llega casi al 180%”.
Para Gómez, con estos datos debe comenzar a debatirse las condiciones. “Así como está no se puede pensar en seguir incorporando personas privadas de libertad en las condiciones que tiene hoy el sistema de privación de libertad. Esto al margen de la medida”, apuntó.
Pidió que el Ministerio Público Fiscal y las distintas instancias del Gobierno “hagan una recorrida, conozcan las comisarías, vayan a las cárceles. Algunos lo hacen, por supuesto, pero no todos. y los legisladores de la misma manera. Hay algunos que a veces participan, nosotros organizamos algunas reuniones en contexto de encierro, suelen ir magistrados. Pero no necesariamente van los que toman la decisión de las prisiones preventivas”.
Apuntó que, en el caso de las prisiones preventivas, tanto en la provincia como en el país, sufrieron un incremento en los últimos años “llevando a una situación donde prácticamente hay un porcentaje importante de personas con penas menores, de menos de tres años, alojadas sobre todo comisarías. eso es algo que se puede rever. Siempre hablamos de tener en cuenta las alternativas de prisión: pulseras u otras cuestiones que permitirían reducir el número. No va a bajar seguramente, pero al menos el nivel de hacinamiento no sería en las condiciones en las que estamos hoy”.
Recordó que hace unos 5 o 6 años atrás, durante la visita del Relator Especial de Naciones Unidas contra la Tortura, “planteó la oposición férrea a este tipo de medidas por este contexto. No opinaban en contra del proyecto sino que planteaba que no se podía seguir discutiendo distintas iniciativas legislativas que sumen mas gente a las cárceles y comisarías en las condiciones que tiene Argentina y particularmente Chaco”.
“Sería conveniente que los legisladores convoquen a los espacios institucionales que tenemos que ver con la materia”, sostuvo Gómez y recalcó que “hay muchas iniciativas que son cuestiones políticas o decisiones que tiene que ver con un marco ideológico. está perfecto, estamos en democracia y cada sector tira para el lugar que piensa. Pero no debe perderse el debate en la ciudadanía y con las instituciones que tenemos algo para aportar, que además fuimos creadas por el propio Poder Legislativo con acuerdo internacional”.
Mencionó que tanto el Comité como la Fiscalía Especial y el propio Órgano de Control Institucional de la Policía se vincularon en su creación al Caso Greco. “Estamos por reanudar el proceso de debate de la solución amistosa de un caso de 1990 que sigue abierto. Ahí se va a volver a ver que el funcionamiento de la Fiscalía Especial y del OCI dejan mucho que desear, la tasa de prisionalización es muy alta y no se investiga acorde a los estándares establecidos. Es un debate saludable que tenemos que dar porque la forma en que se decide la prisión de una persona no reúnen siempre las condiciones básicas”.
De manera puntual, en el caso de la ley de reiterancia, aseguró que afecta el principio de presunción de inocencia. “Estaría violando la Constitución. La Comisión Americana fue incorporada a la Constitución argentina y específicamente menciona eso. Tener dos o más causas en proceso no te hace responsable del delito que se imputa mientras está en un proceso. Rige la presunción de inocencia. Por eso creo que es una ley que, así como está planteada, va camino a no funcionar”, manifestó.