El abogado querellante Juan Arregín habló sobre el avance de la investigación por el crimen de Matías Julián Álvarez. Destacó las pericias realizadas, el análisis de las lesiones y las comunicaciones previas y posteriores al ataque. También anticipó que buscarán la elevación a juicio y estimó que un eventual juicio por jurados podría concretarse en 2027.
En los estuios de CIUDAD TV, Arregín confirmó que comenzó a trabajar junto al abogado Pablo Vianello, con quien conformará el equipo de representación de la querella de cara a las próximas etapas del proceso.
“Vamos a tener una investigación corta o no tanto, pero vamos a ir a un juicio por jurado donde claramente vamos a tener que demostrar no solo estos hechos que son claros y contundentes del asesinato de Julián, sino también de la responsabilidad que le cabe a la joven que está detenida”, sostuvo.
Sobre las pericias realizadas a la acusada, explicó que los informes indican que se encuentra lúcida, es coherente y comprende sus actos. “Estaba ubicada en tiempo y espacio, comprendía lo que estaba haciendo y aun así llevó adelante sus actos”, afirmó. En ese sentido, señaló que para la querella estos elementos resultan relevantes para establecer su imputabilidad y, eventualmente, la punibilidad tras un juicio.
El abogado también se refirió al protocolo de autopsia incorporado durante la semana. Según explicó, las lesiones que presenta la acusada serían compatibles con un forcejeo durante el ataque y la toma del arma blanca. No obstante, anticipó que solicitarán a los médicos que participaron de los estudios que determinen la data de esas lesiones, para establecer si fueron contemporáneas al asesinato o se produjeron posteriormente. “Para que el jurado popular pueda establecer con claridad precisamente su responsabilidad”, explicó.
Arregín sostuvo que la investigación también busca reconstruir los momentos previos al ataque. En ese marco, mencionó las declaraciones de amigos y familiares de Julián y señaló que se procura identificar a personas que hayan podido observar o escuchar lo ocurrido durante la noche previa, cuando la pareja había concurrido al cine, luego a un pub y posteriormente a una hamburguesería.
También se refirió al análisis de las cámaras de seguridad. Explicó que, además de las cámaras, fue secuestrado el dispositivo DVR, donde se almacena la información registrada. Ahora resta determinar, mediante el análisis correspondiente, si las cámaras captaron la secuencia y si el material quedó almacenado.
Respecto de la autopsia, aclaró que el informe es preliminar y que algunas partes del cuerpo fueron reservadas para eventuales estudios complementarios, entre ellos aquellos destinados a determinar la presencia de alcohol, estupefacientes o medicamentos.
En cuanto a las lesiones de Julián, señaló que el informe establece cuatro puñaladas y lesiones en la zona del antebrazo que, según la interpretación de la querella, podrían corresponder a maniobras defensivas. “Esto da cuenta de que él intentó defenderse y con resultado negativo, lamentablemente”, expresó.
Otro de los puntos sobre los que trabaja la querella son las comunicaciones realizadas durante la noche del hecho y el posterior traslado de Julián al hospital. Arregín indicó que buscan determinar quién realizó determinadas llamadas y qué comunicaciones mantuvo Facundo con familiares y otras personas del entorno.
Además, planteó la necesidad de establecer si el teléfono celular de Julián fue manipulado y si existieron movimientos de dinero en sus cuentas bancarias y billeteras virtuales. “Ella tenía todas las claves de acceso y de manipulación del teléfono de Julián, con lo cual esto se puede trazabilizar, para decir si hubo dinero, ingresó dinero, salió dinero”, sostuvo.
El abogado también cuestionó el tratamiento que, según su interpretación, tuvieron antecedentes de situaciones violentas denunciadas previamente. Mencionó dos denuncias vinculadas con daños a la propiedad y otra por lesiones, y sostuvo que estas situaciones deberían haber sido consideradas con mayor atención.
“Es un llamado de atención que de hecho lo hablamos con la Procuraduría General de la provincia para que los fiscales también presten atención a toda situación violenta sin prestarle atención al género o a las condiciones naturales o particulares de cada una de las personas”, afirmó.
Sobre los próximos pasos, Arregín explicó que la querella aguarda el resultado de las pericias y que las testimoniales ya presentan un avance importante. La Fiscalía tiene plazo hasta el 18 o 19 para resolver si mantiene detenida a la acusada mediante una prisión preventiva o si dispone su libertad bajo determinadas condiciones.
La querella, adelantó, insistirá en que continúe detenida y, una vez incorporadas las pericias pendientes, solicitará el requerimiento de elevación a juicio. “Podríamos tener tal vez, esperanzándonos, en el mes de octubre una elevación a juicio”, señaló, aunque estimó que por la agenda del Poder Judicial el juicio por jurados podría concretarse durante 2027.
Elección para el Consejo de la Magistratura
Durante la entrevista, Arregín también habló sobre su postulación como candidato titular para representar a los abogados en el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento.
Explicó que el organismo, establecido en la provincia a partir de la reforma constitucional de 1994, está integrado por representantes de distintos poderes y también por abogados de la matrícula. Entre sus funciones se encuentran la organización de concursos y exámenes para aspirantes a cargos de magistrados, jueces y fiscales, además de la evaluación de la conducta de funcionarios judiciales denunciados.
La elección correspondiente a la primera circunscripción judicial será la próxima instancia, luego de que ya se renovara la representación correspondiente a abogados del interior. Arregín competirá junto con Magdalena Gambera, quien será su suplente.
“Vamos a generar primero debate para que los colegas nos voten, pero sobre todo una vez que ganemos, estamos convencidos que vamos a ganar, para que el Consejo de Magistratura deje de tener este perfil tan cuestionado”, manifestó.
Entre sus principales cuestionamientos, mencionó la influencia política en los procesos de selección y la necesidad de evaluar con mayor rigurosidad el desempeño de jueces y fiscales. “Entendemos que en los últimos años, primero, se hizo muy común que el que quiera concursar y llegar a un cargo tenga que ir a pedirle el apoyo a cada uno de los consejeros, quedando a expensas de favores políticos”, cuestionó.
También planteó la necesidad de que el organismo intervenga frente a demoras en expedientes y situaciones de maltrato hacia abogados de la matrícula. “Si eso no se evalúa bien o si un funcionario, fiscal o juez maltrata a los abogados de la matrícula, ahí tiene que estar el Consejo de la Magistratura y esa es nuestra idea”, concluyó.