La decisión de Javier Milei de adjudicar a Starlink, la empresa de Elon Musk, la conectividad de 6.000 escuelas rurales abre un interrogante sobre el costo del programa. Tras dos años financiados mediante una donación con cargo, provincias y municipios deberán pagar un servicio que cuesta casi el triple del que actualmente ofrece ARSAT. Desde el tercer año, pagarán u$s160 por mes, mientas la empresa pública queda afuera.
El convenio, anunciado por el vocero presidencial Adrián Ravier y oficializado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), prevé una inversión conjunta de aproximadamente u$s 22 millones para dotar de internet satelital a establecimientos educativos estatales y privados de zonas rurales, con el objetivo de ampliar el acceso a herramientas digitales y contenidos educativos.
El esquema combina aportes públicos y privados. Starlink proveerá 6000 kits completos de conectividad satelital – equipos, accesorios, logística y dos años de servicio prioritario – por un valor estimado en u$s 10 millones. El Fondo del Servicio Universal, administrado por el Enacom, aportará otros u$s 12 millones para financiar la instalación, el soporte técnico, el monitoreo de la red y el tercer año del servicio.
Donación floja de papeles
La operatoria fue estructurada bajo la figura de donación con cargo, un mecanismo por el cual el donante condiciona la entrega de los bienes a un destino específico. En este caso, el Estado asume parte del financiamiento y la implementación del programa.
Captura de redes
Finalizado ese período, las provincias y municipios que adhieran deberán afrontar el costo del servicio corporativo de Starlink, estimado en u$s 160 mensuales por establecimiento. La cifra contrasta con los u$s 60 que cobra la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT) por prestaciones similares. La compañía estatal, además, reclama una deuda superior a u$s 60 millones por servicios ya prestados a escuelas rurales que actualmente mantiene conectadas.
Una resolución a medida de Elon Musk
Según detalla la misma resolución publicada en la página de Enacom, la propuesta de cerrar la brecha digital surgió de una carta de intención que Starlink Argentina presentó ante el ente de comunicaciones el 15 de julio.
La misiva de la empresa de Musk expresaba su voluntad de “cooperar en el cierre de la brecha digital del sistema educativo argentino, ofreciendo donar, con cargo al Fondo de Servicio Universal (FSU), el monto equivalente a seis mil kits de conectividad satelital y sus accesorios, junto con 24 meses de servicio de internet de alta velocidad y baja latencia, destinados a establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades, de gestión estatal o de gestión privada con cuota cero, de la República Argentina”.
Apenas nueve días después, el Gobierno oficializó la resolución que dio forma al programa “Conectividad satelital en establecimientos educativos de gestión pública de la República Argentina”. La norma adoptó la propuesta de Starlink y encuadró el acuerdo bajo la figura de una donación con cargo.
El punto llamativo es que el cargo consiste, precisamente, en seguir contratando al donante. La resolución establece que el aporte de la empresa de Musk se destinará “exclusivamente a solventar los kits Starlink, sus accesorios y el servicio de Internet satelital durante los primeros 24 meses”, tras lo cual el Estado – a través de provincias y municipios adherentes – deberá continuar pagando la prestación.
Hay, además, un párrafo del anexo que el Boletín Oficial no publicó, porque la resolución se difundió en versión sintetizada. Al detallar el costo de instalación de las antenas – que paga el Fondo del Servicio Universal y se le abona a Starlink -, el texto agrega que “eventualmente, podrá ser deducido del aporte mensual establecido por el artículo 6° del Reglamento General del Servicio Universal”.
Ese artículo regula el aporte del 1% que todas las licenciatarias de telecomunicaciones deben hacer al fondo. La frase confirma dos cosas: que Starlink es una de ellas y que lo que el fondo le pague por instalar puede descontarse de lo que la empresa le debe al fondo. La ecuación final es que Starlink dona, cobra y compensa contra su propia obligación.
El primero te lo regalan
Para el analista en telecomunicaciones Enrique Carrier, director de Carrier y Asociados, lo más criticable del acuerdo es la falta de transparencia en el proceso: “No fue a través de ningún mecanismo como concurso o subasta, en el que distintas empresas pudieran participar y hacer su oferta de conexión de las escuelas: con qué tecnología, con qué características y a qué precio”.
Además, no hay información sobre qué pasará cuando finalice el plazo de tres años. “Faltan algunas definiciones: cuál va a ser el precio a partir del cuarto año, cómo va a ser el esquema para la designación de las escuelas beneficiadas y quiénes se van a hacer cargo cuando hayan pasado esos tres años de servicio”, señala.
Consultado por Letra P, Ezequiel Mc Govern, responsable de Innovación de ARSAT, planteó: “Todos estos servicios, con el SG-1, los podríamos dar sin ningún tipo de problema, hasta 50 megas por segundo y sin estos límites de datos. Actualmente lo estamos dando con el ARSAT-1 y el ARSAT-2, con el Plan de Conectividad a Escuelas Rurales, y son velocidades que quedan entre tres y cinco megas. Pero es para las escuelas que están muy alejadas o en zonas precordilleranas, donde no hay otra forma de llegar”.
“Starlink cobra la conexión que ofrece 160 dólares por mes. ARSAT la cobra 60 o 70 dólares, aproximadamente”, diferenció.
Según la última actualización del tablero del Ministerio de Educación, que data de 2024, hay 18.000 escuelas rurales registradas en el país, de las cuales muchas están conectadas a través del discontinuado Plan Escuelas.
“Esa es la plata que quieren desviar a Starlink, y ese dinero dejó de venir porque el Gobierno no envía la plata. Actualmente le debe más de 60 millones de dólares a ARSAT en servicios prestados”, sostiene Mc Govern.
Letra P