Con la Ley Bases, el oficialismo pretendía desprenderse de la empresa encargada de los serviccios de rampa, pero a pesar de que cinco compañías mostraron interés, ninguna presentó papeles para la compra.
Tras no recibir ofertas, el Ministerio de Economía declaró formalmente desierta la licitación pública para privatizar la empresa Intercargo, encargada de los servicios de rampa y traslado de equipajes en los aeropuertos.
Mediante la Resolución 1148/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó que el proceso de selección para desprenderse del 100% del paquete accionario de la compañía no recibió ninguna oferta.
El final vacante de la operación, que tenía un precio base de 45 millones de dólares, se había conocido a fines de junio, cuando al realizar la apertura de sobres no se exhibió ninguna propuesta por parte de inversores nacionales o internacionales.
Ante este escenario, la Comisión Evaluadora de Ofertas “ad hoc” recomendó dar por finalizado el procedimiento actual sin éxito.
Según la plataforma oficial Contrat.Ar, cinco empresas habían manifestado interés en el proceso, pero ninguna presentó la documentación requerida ni acreditó las condiciones económicas y técnicas exigidas para quedarse con la compañía.
El intento de privatización estaba encuadrado en la Ley Bases, que declaró a Intercargo como una de las empresas “sujetas a privatización”, para lo que luego se facultó a la cartera económica a adoptar las medidas necesarias a fin de concretar la venta de acciones.
El esquema propuesto para la privatización preveía mantener a Intercargo como unidad operativa, con continuidad de contratos y licencias en los aeropuertos donde presta servicio.
Tras declarar “desierta” la licitación pública, el Gobierno nacional deberá ahora evaluar los pasos a seguir respecto al futuro de la firma que presta servicios de asistencia en tierra a las aerolíneas. En lo que va de gestión de Javier Milei, se autorizó la operación de varias empresas que ofrecen el mismo servicio, tras la desregulación del sector.
Por el momento, dado el resultado negativo en el proceso licitatorio, la empresa seguirá en manos del Estado. Sin embargo, el marco legal vigente bajo los decretos 695/2024 y 198/2025 mantiene la autorización para que Economía continúe buscando los mecanismos operativos para concretar la transformación o venta de la empresa en el futuro.
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