El secretario administrativo de ATE Chaco, Mario Bustamante, criticó el esquema de aumentos y refuerzos salariales anunciado por el Gobierno provincial. Sostuvo que la medida fue definida de manera unilateral, sin convocatoria a paritarias, y afirmó que los incrementos no alcanzan para recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores ni responder al costo de vida.
El secretario administrativo de ATE Chaco, Mario Bustamante, cuestionó el anuncio del Gobierno provincial sobre el incremento salarial para la administración pública y afirmó que la medida fue resuelta sin diálogo con los sindicatos. En ese sentido, insistió en la necesidad de convocar a una mesa paritaria para discutir la política salarial con datos sobre la inflación y el costo de vida.
“Primero que nada, es un anuncio unilateral, como nos tiene acostumbrados desde que arrancó la gestión de Zdero (Leandro), donde ha negado el ámbito de discusión paritaria a todos los sindicatos”, expresó en diálogo con CIUDAD TV.
El dirigente hizo referencia al esquema presentado por el Ejecutivo, que contempla un refuerzo extraordinario de 100.000 pesos para trabajadores activos y de 80.000 pesos para jubilados y pensionados en julio y octubre; aumentos generales del 5% en agosto y noviembre; y mejoras específicas para educación, salud y seguridad en septiembre.
Para Bustamante, los incrementos anunciados no compensan la pérdida del poder adquisitivo. “Nos enteramos de pronto de que va a haber un 10% de aumento, cuando entendemos que solamente en los primeros meses ha habido un 10% de aumento en lo que hace a la canasta básica familiar. Sumado al 5% de todo el año sería un 15%. Nos estarían debiendo entre el año pasado y este año más de un 25 o 30% para tener un impacto real en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras estatales”, sostuvo.
En ese marco, consideró que los bonos extraordinarios no resuelven la situación económica de los empleados públicos. “Lo único que vemos es una sucesión de hechos desafortunados que tiene este Gobierno, pensando que con limosna pueden aplacar la tremenda desesperación que tienen las familias, el nivel de endeudamiento que tienen y las condiciones laborales en las que ejerce su función el trabajador público”, afirmó.
También cuestionó las bonificaciones específicas previstas para los sectores de salud, educación y seguridad. Explicó que aún no conocen los detalles de la implementación porque el decreto no fue publicado y remarcó que, aun así, las consideran insuficientes.
“Entendemos que es insuficiente, ya sea para salud o para docentes. La canasta básica familiar está en 1.800.000 pesos y los salarios están entre los 900.000 y el millón doscientos mil pesos. Es absolutamente escaso”, señaló.
Bustamante además vinculó la situación salarial con el contexto económico nacional y sostuvo que las medidas no alcanzarán para mejorar el consumo ni la calidad de vida de los trabajadores. “Si piensa que esto va a reactivar la economía o que un jubilado va a satisfacer sus necesidades de remedios con esto, va por un muy mal camino”, afirmó.
Respecto del reclamo de paritarias, aseguró que la administración provincial nunca convocó a ATE ni a otros sindicatos que representan a trabajadores del Poder Ejecutivo. “En educación, salud y en toda la administración pública provincial jamás se ha convocado a ningún sindicato, menos aún a ATE”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que la discusión salarial debe darse con información concreta sobre la situación económica de los trabajadores. “La discusión es cuánto es el porcentaje de aumento y eso se discute en una mesa paritaria, con los datos sobre la mesa, con cuánto le cuesta a una familia tipo sostener su economía y cuánto están ganando los trabajadores estatales. Salvando el año, menos de un 30% es absolutamente insuficiente”, manifestó.
El dirigente también cuestionó el impacto de las tarifas de los servicios públicos sobre la economía familiar. “La gran mayoría de las familias paga las tarifas de SECHEEP con tarjeta. Viven tremendamente endeudados para comer y para pagar servicios”, indicó.
Además, criticó declaraciones del subsecretario de Trabajo, Francisco Romero Castelán, al considerar que “debería estar viendo cómo generar empleo” y sostuvo que, en cambio, “ataca permanentemente a los trabajadores estatales”.
Finalmente, se refirió al proyecto impulsado por el Ejecutivo para modificar el régimen de licencias gremiales con goce de haberes. Consideró que se trata de “una iniciativa absolutamente regresiva de derecho” y sostuvo que la propuesta implica que “el Estado deja de hacerse cargo, deja de ser benefactor para ser un patrón de estancia”. Según afirmó, la iniciativa reaparece “cada vez que tienen que negociar alguna cuestión” y representa, a su entender, un retroceso en los derechos sindicales alcanzados en la provincia.