Una buena noticia para el agro. El Parlamento Europeo frenó la clasificación de la soja como materia prima de alto riesgo ambiental. El sector oleaginoso local preserva así las exportaciones de biodiésel al principal mercado externo para el producto
El Parlamento Europeo le dio una buena noticia al agro argentino: finalmente rechazó los cambios que la Comisión Europea había propuesto para el Reglamento 807 y frenó, al menos por ahora, una norma que hubiera impedido al biodiésel de soja argentino ingresar al mercado europeo como energía renovable. De hecho, la decisión preserva un negocio de alrededor de USD 350 millones anuales para el país.
Se trata de una regulación que el agro local seguía intensamente desde principios de año, justo cuando se concretó la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora, luego de esta novedad, la Argentina podrá seguir exportando al principal – y prácticamente único – mercado de ese producto.
“Ahora la CE deberá reescribir el reglamento y seguir los lineamientos del Parlamento que coinciden con la postura de Ciara. Es una gran noticia. Una exitosa gestión público privada de Argentina“, resaltó en un comunicado el presidente de la cámara que engloba a aceiteras y grandes agroexportadores (Ciara-CEC), Gustavo Idigoras. Así, señaló: “La Argentina podrá seguir exportando biodiésel de soja a la UE y se trabajará con la CE en una redacción del reglamento que reconozca la situación del área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad”.
La relevancia de esa definición se explica por la dependencia casi total del mercado europeo. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), entre 2018 y 2025 la Unión Europea (UE) absorbió en promedio el 97% de las exportaciones argentinas de biodiésel, y el año pasado concentró el 100% de esos envíos, con ingresos por USD 322 millones. A su vez, en sus mejores registros, durante 2022 y 2023, aportó unos USD 1500 millones y USD 1800 millones, respectivamente.
La norma cuestionada había sido puesta en consulta pública por la Comisión Europea y proponía revisar qué materias primas debían ser consideradas de alto riesgo por el llamado cambio indirecto en el uso del suelo, conocido como iLUC. Ese criterio parte de la idea de que una mayor demanda global de cultivos para producir energía puede empujar de manera indirecta la expansión de la frontera agrícola en otras regiones, con efectos sobre bosques y ecosistemas naturales, lo que derivaría en deforestación.
Dentro de ese esquema, la soja había quedado incluida entre los cultivos de “alto riesgo”. Si esa regla avanzaba en los términos del borrador, hacia 2030 el biodiésel argentino, elaborado mayormente a partir de soja, no habría podido ingresar al mercado europeo dentro de los objetivos de energías renovables del bloque.
La consecuencia práctica era directa: el producto local quedaba fuera del sistema. Para la agroindustria argentina, la votación del Parlamento despejó ese escenario y permitió que la oleaginosa local quede excluida de esa categorización como materia prima para biocombustibles, lo que preserva la continuidad de las exportaciones mientras se trabaja con la Comisión en una nueva redacción que reconozca el área sembrada de soja y sus criterios de sustentabilidad.
Un sector cada vez más expuesto
El biodiésel es un negocio de fuerte dependencia externa. Entre 2008 y 2022, cerca del 65% de la producción argentina se destinó a exportaciones, aunque esa participación fue retrocediendo a medida que distintos mercados cerraron o limitaron el acceso al producto local y otros países desarrollaron producción propia.
Esa proporción cayó a alrededor del 33% de la producción total en 2023 y 2024, y en 2025 bajó al 28%, el nivel más bajo desde la creación de la industria.
La exposición al mercado europeo también se agrava por otras barreras. La UE aplica aranceles de entre 25% y 33% al biodiésel importado, mientras impulsa subsidios e incentivos fiscales para sus propios productores en el marco de la transición energética.
Ese esquema, aun cuando no funciona como un impuesto directo adicional, obliga a los exportadores a vender con fuertes descuentos o a buscar compradores fuera del sistema de créditos regulatorios europeo. En los hechos, eso reduce todavía más la competitividad del biodiésel argentino frente al producido dentro del bloque.
La legislación argentina, en cambio, reservó el abastecimiento del corte obligatorio a pequeñas y medianas empresas, mientras que las grandes agroexportadoras orientaron su producción al exterior, una estructura que dejó al sector especialmente vulnerable a cambios regulatorios en otros mercados.
Ese patrón se repitió a lo largo de los años: primero se restringió el acceso al biodiésel argentino en Estados Unidos, después en Perú y más tarde en la UE, que fue sumando limitaciones progresivas. El rechazo del Parlamento Europeo al cambio propuesto para el Reglamento 807 evitó que esa secuencia terminara por cerrar el último destino central para las exportaciones argentinas de biodiésel.
Infobae