Pascual Oscar Guerrieri, uno de los principales responsables del terrorismo de Estado en el sur de Santa Fe y jefe operativo del aparato de inteligencia que articuló secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones durante la última dictadura, murió el domingo 5 de julio a los 91 años mientras cumplía prisión domiciliaria.
El ex teniente coronel del Ejército acumulaba múltiples condenas a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad y su apellido quedó asociado para siempre a la megacausa que permitió reconstruir judicialmente el funcionamiento del circuito represivo del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario.
La muerte de Guerrieri cerró la trayectoria biológica de uno de los cuadros militares más importantes del sistema clandestino de exterminio que operó bajo la órbita del II Cuerpo de Ejército, pero dejó intacto uno de los rasgos que caracterizaron toda su actuación: jamás aportó información sobre el destino de las personas desaparecidas, sostuvo hasta el final el pacto de silencio de los represores y nunca manifestó arrepentimiento por los crímenes por los que fue condenado.
Como segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 e integrante del Batallón de Inteligencia 601, Guerrieri ocupó un lugar central en la planificación y ejecución del plan represivo en Rosario y el Gran Rosario. Desde esa estructura coordinó grupos de tareas integrados por militares y personal civil de inteligencia, diseñó operativos de persecución política y dirigió el funcionamiento del circuito de centros clandestinos de detención que integraban la Quinta de Funes, La Calamita, La Intermedia, la Escuela Magnasco y la ex Casa Salesiana Ceferino Namuncurá, entre otros lugares utilizados para el secuestro, la tortura y la desaparición de cientos de personas.
Tras la anulación de las leyes de impunidad, la Justicia Federal de Rosario reconstruyó ese engranaje represivo en una serie de procesos que llevaron su apellido. En 2010 recibió la primera condena a prisión perpetua en la denominada Guerrieri I, el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en Rosario. Luego sumó nuevas perpetuas en las causas Guerrieri III y Guerrieri IV, donde fue condenado como coautor de homicidios, tormentos, desapariciones forzadas y otros delitos cometidos en el marco del plan sistemático de exterminio desplegado por la dictadura.Durante los juicios mantuvo una actitud de abierta reivindicación del accionar militar.
En septiembre de 2009 declaró ante el Tribunal Oral Federal: “Yo era un ejecutor del Ejército”. También sostuvo que en Argentina “se libró una guerra”, negó la existencia del terrorismo de Estado y buscó justificar la represión ilegal como una respuesta militar frente a las organizaciones políticas y armadas. En esa misma declaración afirmó que no reconocía autoridad para ser juzgado por tribunales civiles y reclamó un juicio militar, al tiempo que rechazó responder las preguntas de fiscales y querellas.Su conducta posterior tampoco modificó esa posición. Guerrieri protagonizó incumplimientos del régimen de prisión domiciliaria, mantuvo enfrentamientos con antiguos camaradas que colaboraron con la Justicia, entre ellos el ex jefe del Ejército Martín Balza, y persistió en una estrategia de negación de los hechos probados en decenas de sentencias judiciales.
La noticia de su fallecimiento volvió a poner en evidencia las profundas diferencias sobre el significado histórico de su figura. La Unión de Promociones, organización que reúne a militares retirados y defiende a condenados por delitos de lesa humanidad, difundió un comunicado en el que lo calificó como “preso político”, sostuvo que fue víctima de una “persecución” y denunció una supuesta “justicia prevaricadora”. El documento también reivindicó el fallo judicial que restituyó sus haberes de retiro y volvió a cuestionar los procesos por crímenes de lesa humanidad.
Desde las querellas, la valoración fue diametralmente opuesta. Las abogadas Gabriela Durruty y Jesica Pellegrini señalaron que “Guerrieri es un símbolo de la represión ilegal en nuestra jurisdicción. El segundo de Juvenal Pozzi a la hora de armar la inteligencia de la dictadura, el sistema nervioso central del plan sistemático. Decidió cobardemente sobre la vida de compañeros y compañeras. Muere convicto por la gran labor de las organizaciones de derechos humanos. La historia lo recordará como un vulgar delincuente con ropaje de pretensa defensa de un sector social que siempre lo despreció”.
También se expresó Sabrina Gullino Valenzuela, hija de desaparecidos y una de las personas apropiadas durante la dictadura que recuperó su identidad. “Comparar a un Guerrieri con presos comunes es un grave error. Estos individuos son lo más aberrante que puede producir una sociedad porque están consustanciados con la maquinaria de muerte y despojo. Están convencidos de que llevar adelante el secuestro, la tortura, la muerte y la desaparición sistemática sobre miles de personas no sólo está bien sino que es un acto heroico realizado por la patria”, afirmó. Y agregó: “Siguen garantizando hasta el día de su muerte el estado de excepción en el que viven las personas apropiadas, como mi hermano mellizo. Esta gente no merece ni prisión domiciliaria ni libertad condicional porque siguen eligiendo ser genocidas”.
Las condenas contra Guerrieri constituyeron un punto de inflexión en la reconstrucción judicial del terrorismo de Estado en Rosario. Los distintos fallos demostraron que el aparato de inteligencia militar no actuó como un engranaje secundario sino como el núcleo desde el que se identificó, persiguió y eliminó a militantes políticos, sindicales, estudiantiles y sociales mediante un sistema clandestino organizado desde el propio Estado.Con la muerte de Guerrieri desaparece uno de los máximos responsables operativos de ese dispositivo represivo. Las sentencias firmes dictadas por la Justicia Federal, los testimonios de cientos de sobrevivientes y familiares y la documentación incorporada en las megacausas consolidaron un registro histórico y judicial que estableció su responsabilidad en algunos de los crímenes más graves cometidos durante la dictadura en el sur santafesino. Su fallecimiento no altera esa verdad judicial ni el carácter imprescriptible de los delitos por los que fue condenado.
Página/12