La ejecución presupuestaria del primer semestre muestra un recorte general del 34% comparado con 2023, con marcado ensañamiento en áreas sociales e infraestructura.
El ajuste del gasto público nacional continuó profundizándose durante el primer semestre de 2026. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional acumuló al cierre de junio una caída real del 34 por ciento respecto del mismo período de 2023. Mientras el grueso de las áreas del Estado registró fuertes recortes, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó su ejecución un 17 por ciento en términos reales y los servicios de la deuda representaron el 13 por ciento del gasto total ejecutado.
El ajuste alcanza a prácticamente todas las áreas vinculadas con políticas sociales, salud, educación, ciencia, infraestructura y desarrollo productivo, al tiempo que el pago de la deuda gana participación dentro de la estructura del gasto.
Uno de los sectores más afectados es el sanitario. La Superintendencia de Servicios de Salud redujo su ejecución un 64 por ciento respecto de 2023, mientras que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica cayó 42 por ciento y el Instituto Malbrán 32 por ciento. Los hospitales nacionales también registraron bajas de entre 17 y 44 por ciento. La excepción fue el Incucai, cuyo presupuesto ejecutado aumentó un 68 por ciento.
Los programas de salud muestran un escenario todavía más crítico. La Atención Sanitaria en el Territorio y las acciones de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles no registraron ejecución durante el semestre. También disminuyeron las partidas destinadas a patologías específicas, con una caída del 84 por ciento, y las correspondientes a VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, que retrocedieron 62 por ciento. Sólo el programa de acceso a medicamentos e insumos médicos mostró un incremento real del 9 por ciento.
La ciencia y la tecnología también sufrieron fuertes recortes. El programa de Promoción de la Investigación y la Innovación cayó 88 por ciento, mientras que el Conicet redujo su ejecución un 35 por ciento y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales un 64 por ciento. También registraron bajas el Servicio Meteorológico Nacional, el Servicio Geológico Minero Argentino, la Fundación Miguel Lillo y la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria.
En materia social, la Administración Nacional de la Seguridad Social redujo su ejecución un 15 por ciento respecto de 2023. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia cayó 75 por ciento y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social 82 por ciento.
Además, el programa de Economía Social no tuvo ejecución durante el semestre, mientras que el Plan Nacional de Protección Social retrocedió 99 por ciento y el Plan Nacional de Primera Infancia perdió 93 por ciento de sus recursos reales. Las partidas para comedores comunitarios y merenderos disminuyeron 65 por ciento y la Prestación Alimentar cayó 37 por ciento.
La educación fue otro de los sectores alcanzados por la reducción presupuestaria. Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente no registraron ejecución durante el período analizado. Las becas estudiantiles disminuyeron 83 por ciento, las acciones de formación docente retrocedieron 90 por ciento y la infraestructura educativa cayó 96 por ciento. El financiamiento destinado al desarrollo de la educación superior también se redujo, con una baja del 31 por ciento.
El ajuste alcanzó además a organismos vinculados con la producción y la energía. La Comisión Nacional de Energía Atómica perdió la mitad de su presupuesto en términos reales, mientras que el ente regulador del gas y la electricidad redujo su ejecución 35 por ciento y la Autoridad Regulatoria Nuclear 26 por ciento. A su vez, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial cayó 54 por ciento, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo 79 por ciento y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 16 por ciento.
La ejecución presupuestaria destinada a transporte y obra pública continúa siendo una de las más bajas. La Dirección Nacional de Vialidad redujo su ejecución un 85 por ciento y numerosos programas de infraestructura muestran caídas de entre 84 y 100 por ciento, incluyendo obras viales, infraestructura municipal, pavimentación, rutas seguras, túneles, puentes y obras hidráulicas.
También se verifican fuertes recortes en las transferencias a provincias y municipios: la cooperación técnica a municipios cayó 97 por ciento, la asistencia financiera a provincias y municipios disminuyó 99 por ciento y el Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires dejó de ejecutarse.
Página 12