La Sala IV de la Cámara de Casación Penal desestimó las denuncias del interventor Mariano Pirozzo contra el equipo de salud del hospital pediátrico Garrahan y validó las medidas de fuerza realizadas en 2025, en un fallo que reafirma el derecho a la protesta como pilar de la democracia sindical.
La Cámara de Casación Penal falló nuevamente a favor de los trabajadores del Hospital Garrahan y declaró la “inexistencia de delito” en las protestas que llevaron adelante durante el año pasado en contra de la gestión del ministro Mario Lugones y el director designado Mariano Pirozzo. El tribunal sostuvo que “el magistrado instructor resolvió desestimar las actuaciones por inexistencia de delito”, ratificando lo que ya había expresado el juez Herman Mendel en la Justicia del Trabajo: “protestar no es delito”.
La resolución judicial desestima las denuncias presentadas por Pirozzo, quien había acusado a los trabajadores de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación” y había abierto sumarios administrativos contra 40 empleados, incluyendo a la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana. La Cámara de Casación, al confirmar la inexistencia de delito, despejó el camino judicial que buscaba sancionar a quienes reclamaron frente a “la asfixia salarial, el vaciamiento y la violencia institucional” que denunciaron en el hospital pediátrico.
“Acá se dejó en claro que no hubo ningún delito en las protestas llevadas adelante por el equipo de salud del Hospital, a lo largo de todo el año pasado”, manifestaron desde APyT, destacando que todos los fallos judiciales “les fueron dando la razón”. Lezana, que había sido una de las principales blancos del sumario, afirmó que estos fallos ratifican que “la protesta es un derecho que tenemos y debemos ejercer los trabajadores, las trabajadoras y quienes tenemos la responsabilidad de representar a nuestros compañeros y compañeras desde los sindicatos”.
El fallo también reabre la investigación de la jueza María Servini, quien «tomará intervención en el proceso sumarial” para conocer de primera mano lo ocurrido. “Esto nos da confianza”, señaló Lezana, que en su momento denunció un “hostigamiento de una intervención netamente política” por parte de Pirozzo, a quien calificó como “lo peor que le pasó a este Hospital desde su fundación”. La dirigente recordó que los trabajadores habían logrado un 61% de aumento salarial tras meses de reclamo, y que la respuesta de la dirección fue la apertura de sumarios que “filtraban información reservada” que el entonces jefe de Gabinete Manuel Adorni utilizó para atacarlos públicamente.
“Luchar sirve y estos fallos ratifican que no es delito”, concluyó Lezana, en un pronunciamiento que consolida un precedente clave para el derecho a la protesta en el ámbito laboral. La decisión de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal no solo exime de responsabilidad penal a los trabajadores del Garrahan, sino que envía un mensaje claro sobre los límites de la persecución disciplinaria.
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