La actuación comenzó a partir de una denuncia anónima sobre un vuelo que cubría la ruta Buenos Aires-Corrientes. Tras la activación de los protocolos de seguridad y la inspección integral de la aeronave en el aeropuerto de la capital correntina, se descartó la existencia de explosivos. El Ministerio Público Fiscal procura identificar al autor del llamado.
El Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Corrientes, a cargo de la fiscal general interina Tamara Ahimará Pourcel, y con la intervención del fiscal subrogante Juan Martín Mariño Fages, informa que, con motivo de una denuncia anónima recibida hoy sobre una amenaza de bomba relacionada a una aeronave comercial de la empresa Aerolíneas Argentinas que cubría la ruta Buenos Aires–Corrientes, se dio inicio de manera inmediata a una investigación.
La actuación se originó a partir de un llamado telefónico anónimo efectuado a la Dirección de Aeronáutica de Corrientes (DAC), en el que una persona manifestó que su madre viajaba en el vuelo con destino a la ciudad de Corrientes y que la aeronave llevaba un artefacto explosivo en su interior.
Ante esa comunicación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones y se desplegó un operativo conjunto entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), la Policía de Corrientes, Bomberos y los servicios de emergencia, con el objetivo de resguardar la seguridad de los pasajeros, la tripulación y el personal aeroportuario.
La aeronave aterrizó bajo estrictas medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional “Doctor Fernando Piragine Niveyro”, donde se realizó la evacuación controlada de los pasajeros y una inspección integral del avión, el equipaje y los demás sectores involucrados. Finalizadas las tareas de verificación por parte del personal especializado, se descartó la existencia de cualquier artefacto explosivo.
El Ministerio Público Fiscal reafirma su compromiso con la investigación de este tipo de hechos, en tanto las falsas amenazas comprometen la seguridad aeroportuaria, demandan el despliegue de importantes recursos humanos y materiales del Estado y generan serias afectaciones al funcionamiento del transporte aéreo. En ese sentido, se impulsarán las medidas necesarias para identificar al autor del llamado y determinar las eventuales responsabilidades penales que correspondan conforme a la legislación vigente.
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