El presidente del Consejo Profesional de la Abogacía de Resistencia sostuvo que los colegios de abogados de la provincia respaldan la constitucionalidad de la nueva ley de honorarios profesionales y anticipó que solicitarán participar en la causa impulsada por la Asociación de Magistrados. También analizó los mecanismos de control al jefe de Gabinete y consideró necesario revisar su funcionamiento.
El presidente del Consejo Profesional de la Abogacía de Resistencia, Miguel Vigier, afirmó que la abogacía organizada del Chaco defenderá la constitucionalidad de la nueva ley de honorarios profesionales frente a la acción promovida por integrantes de la Asociación de Magistrados y cuestionó que se pretenda declarar inconstitucional una norma por el solo hecho de que algunos de sus artículos generen disconformidad.
En los estudios de CIUDAD TV, el abogado sostuvo que la Ley 4228-C fue aprobada por una amplia mayoría de la Legislatura provincial y remarcó que, hasta el momento, el contenido de la demanda aún no es conocido porque el expediente tramita bajo reserva.
“No solamente el Consejo Profesional de la Abogacía de Resistencia, sino también todos los otros colegios que representan la abogacía organizada en la provincia del Chaco sostenemos la constitucionalidad de la ley, como no puede ser de otra manera”, expresó.
En ese sentido, sostuvo que el debate no debe confundirse con un planteo de inconstitucionalidad.
“Una ley sancionada por casi la unanimidad de la Legislatura provincial difícilmente pueda ser inconstitucional solamente porque un determinado sector siente que algunas normas que no le gustan son inconstitucionales. Como bien ha dicho el profesor García Mansilla, no todo lo que no nos gusta es inconstitucional”, afirmó.
Vigier recordó además que fueron los propios jueces quienes históricamente sostuvieron que declarar la inconstitucionalidad de una ley constituye un recurso excepcional. “La inconstitucionalidad es una última ratio, es excepcional. Primero hay que probar si la interpretación de la norma impugnada admite otras interpretaciones posibles antes de descartar su constitucionalidad”, señaló.
El presidente del Consejo dejó en claro que la “posición de toda la abogacía organizada es presentarse en ese expediente y pedir nuestra intervención como parte, si es que antes el Superior Tribunal de Justicia no nos convoca, que es lo que corresponde”, manifestó.
Asimismo, indicó que uno de los cuestionamientos planteados estaría dirigido al Observatorio creado por la nueva ley de honorarios, un organismo cuya función defendió durante la entrevista. Y remarcó que “el observatorio tiene una finalidad estrictamente consultiva, informativa y de investigación, que sirve como apoyo para el Consejo y los colegios profesionales con el fin de verificar y controlar el cumplimiento de la ley y apoyar su interpretación”.
Recordó además que el organismo ya comenzó a funcionar luego de dos reuniones realizadas en Presidencia Roque Sáenz Peña. “Es un observatorio que está en pleno funcionamiento y esperamos que contribuya a la interpretación y aplicación de nuestra ley”, sostuvo.
“Los jueces tienen un rol relevante, pero también tienen un enorme poder porque pueden finalmente determinar cuál es el contenido de la Constitución. Eso no solamente debe hacerse con cuidado, sino que además, cuando están involucrados los propios jueces en los efectos, creo que debe ser todavía más prudente”, afirmó.
Para Vigier, “este conflicto también pone en tensión el rol que deben tener los jueces en la definición final de nuestro derecho y cómo deben ser todavía más prudentes cuando los resultados de lo que van a decidir les va a impactar directamente”.
Informe de Adorni en el Senado
En otro tramo de la entrevista, el abogado analizó la frustrada sesión del Senado en la que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, debía presentar su informe de gestión.
Explicó que la Constitución obliga al jefe de Gabinete a comparecer periódicamente ante el Congreso y consideró que la falta de quórum terminó impidiendo no sólo la presentación del informe sino también un eventual proceso de interpelación.
“Se ha impedido que brinde su informe por la falta de quórum, pero con la finalidad fundamental de impedir que responda a la interpelación y a la moción de censura”, sostuvo.
Vigier explicó que tanto la interpelación como la moción de censura constituyen herramientas de control político previstas por la Constitución, aunque advirtió que su aplicación resulta muy compleja por las mayorías especiales que requieren. “Es dificilísimo llegar a todo eso”, afirmó.
También manifestó su desacuerdo con la práctica parlamentaria mediante la cual el jefe de Gabinete recibe previamente las preguntas: “Hay un blindaje al jefe de Gabinete, no a este, a cualquiera. La idea de la Constitución era justamente que pudiera ser interrogado por los senadores o por los diputados. Eso está impedido por una reglamentación que vuelve cómoda la visita del jefe de Gabinete a las cámaras”.
“El jefe de Gabinete tiene una enorme responsabilidad por las competencias que le atribuye la Constitución y que no podamos ver activamente estos procedimientos por los bloqueos legislativos también impide que la figura pueda alcanzar esa relevancia. Puede ser una figura importante, pero exige revisar su reglamentación y también la práctica política”, concluyó.