La secretaria gremial de CODIUNNE, Verónica Pedersen, celebró el fallo de la Corte Suprema que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos de la norma vinculados con la actualización salarial y las becas estudiantiles. Aunque destacó la decisión judicial, advirtió que la situación de las universidades sigue siendo “muy precaria” y reclamó el cumplimiento integral de la ley.
La secretaria gremial del Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (CODIUNNE), Verónica Pedersen, consideró que el reciente fallo de la Corte Suprema que dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar parcialmente la Ley de Financiamiento Universitario representa “un aliciente” para la comunidad académica, aunque sostuvo que la recomposición salarial continúa siendo insuficiente y que la crisis del sistema universitario persiste.
En declaraciones a CIUDAD TV, la dirigente recordó que la cautelar fue presentada ante el incumplimiento del Poder Ejecutivo respecto de la ley sancionada por el Congreso y que la resolución judicial obliga al Gobierno a cumplir con dos artículos vinculados con la actualización de los salarios de docentes, no docentes e investigadores, así como con la recomposición de las becas estudiantiles.
“El Gobierno no tiene más opciones que cumplir justamente con lo que solicita mínimamente esta cautelar”, afirmó.
Pedersen explicó que la decisión de la Corte no reemplaza el reclamo de fondo por la aplicación integral de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese sentido, diferenció este fallo del reciente acuerdo paritario alcanzado con el Gobierno nacional, al considerar que se trata de procesos distintos.
“El acuerdo salarial no es lo que plantea la Ley de Financiamiento Universitario. Nosotros venimos reclamando una recomposición mucho mayor porque los salarios y las becas perdieron más del 50% de su poder adquisitivo”, sostuvo.
La dirigente también manifestó que dentro del sindicalismo universitario existía preocupación por que el aumento acordado en paritarias fuera utilizado como argumento para dejar de lado el cumplimiento de la ley.
“Lo que plantea este fallo es que el Estado debe avanzar en el cumplimiento de esos artículos y, por extensión, del resto del articulado de la ley”, señaló.
Universidades en crisis
Consultada sobre la realidad que atraviesan las universidades nacionales, Pedersen describió un escenario de fuerte deterioro laboral y académico.
“La situación es muy precaria. Hay una fuerte precarización del trabajo docente, no docente y de los investigadores. Muchos trabajadores deben recurrir al pluriempleo para poder sostener a sus familias”, afirmó.
Asimismo, advirtió que el contexto económico también impacta directamente en los estudiantes.
“Tenemos muchos jóvenes que directamente no pueden acceder a la universidad y otros que, aun ingresando, abandonan porque les resulta imposible sostener económicamente una carrera”, indicó.
Según explicó, esa realidad también afecta la formación permanente de los docentes, quienes cuentan con cada vez menos tiempo y recursos para realizar capacitaciones y actividades de investigación.
Esperan la convocatoria del Gobierno
Tras la decisión judicial, Pedersen señaló que el Ejecutivo debe dar cumplimiento a la cautelar y abrir una instancia de diálogo con los gremios universitarios.
“Estamos esperando que el Gobierno se comunique con nosotros para ver cómo va a continuar en esa línea”, expresó.
Mientras tanto, adelantó que continuarán las acciones de organización junto con otros sectores.
“Seguimos convocándonos con otros trabajadores y con toda la comunidad académica para debatir cómo avanzar en la defensa de la universidad pública. La educación pública atraviesa una situación muy compleja, muy frágil”, concluyó.