La Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia aseguró que la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales Inferiores “debe respetar, de manera armónica e indivisible, los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica”.
Ante la publicación del Decreto N.º 467/2026, mediante el cual se modifican los mecanismos de selección de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales inferiores, esta Junta Federal ratificó las expresiones vertidas en su declaración de fecha 22 de marzo de 2024.
Tal como allí se ha sostenido, y en concordancia con el ideario constitucional, recalcaron que “la relevancia de los cargos implicados exige que al presupuesto básico de la idoneidad se equiparen los principios de equidad de género, la especialización profesional y la correspondencia con la naturaleza federal de la República”.
En ese sentido, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia reafirmó que la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los Tribunales Inferiores “debe respetar, de manera armónica e indivisible, los principios de idoneidad, paridad de género, representación federal y especialidad jurídica”.
Al respecto, consideró que “tales criterios no constituyen meras pautas de oportunidad política, sino exigencias derivadas de la Constitución Nacional, de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina y de la propia naturaleza federal del Estado”. Y advirtió que “cualquier modificación de los mecanismos de selección que prescinda o debilite estos principios implica un retroceso institucional incompatible con una Justicia plural, inclusiva y representativa de la diversidad territorial y social del país”.
En ese contexto, sostuvieron que “la derogación de los artículos 3° y 6° del Decreto 222/2003 constituye un grave retroceso institucional” y manifestaron “preocupación por la reforma que restringe los mecanismos de participación ciudadana, debilitando instancias de transparencia, publicidad y control democrático que contribuyen a fortalecer la confianza pública en las instituciones”.
“Esta norma resulta incompatible con el principio constitucional de progresividad de los derechos, vulnerando garantías democráticas esenciales y debilitando la transparencia en la selección de magistrados y magistradas”, concluye el comunicado de la Jufejus, firmado el pasado 19 de junio de 2026 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la presidenta de la institución, la jueza chaqueña Emilia Valle, el vicepresidente Sergio Vittar y la secretaria Adriana García Nieto.