El fiscal federal de San Isidro sostuvo que el acuerdo con una minera guatemalteca fue una simulación y reconstruyó cómo el dinero, vinculado a una organización criminal, habría sido canalizado hacia la compra de autos de alta gama y un fideicomiso en la costa.
El exdiputado libertario José Luis Espert quedó en el centro de una investigación judicial por presunto lavado de activos, luego de que el fiscal federal Fernando Domínguez solicitara su indagatoria tras concluir que no es válido el contrato con el que buscó justificar el origen de 200.000 dólares recibidos desde el exterior. La presentación también alcanza a su contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza SA.
Así lo informó este domingo el periodista Hernán Cappiello en La Nación, y de acuerdo con la acusación, el dinero provino de una estructura vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, condenado en Estados Unidos por su participación en una organización criminal transnacional. Según la fiscalía, esos fondos ingresaron al circuito formal mediante distintas operaciones financieras que incluyeron la compra de vehículos de alta gama y la inversión en un fideicomiso en Costa Esmeralda.
El expediente describe que el 22 de enero de 2020 Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares en una cuenta en Estados Unidos. Ese movimiento, según el dictamen, nunca fue declarado ante las autoridades fiscales argentinas. Para justificarlo, el economista presentó un contrato firmado en 2019 con la empresa Minas del Pueblo SA, radicada en Guatemala, mediante el cual supuestamente prestaría servicios de asesoramiento a cambio de un millón de dólares.
Sin embargo, el fiscal Domínguez concluyó que ese acuerdo carecía de sustento real. Entre los argumentos, sostuvo que Espert no habría viajado al país centroamericano, que la empresa no registraba actividad concreta al momento de la firma y que no existen evidencias de trabajos realizados ni documentación técnica compatible con el servicio que se decía prestar. Incluso, se consignó que Machado estaba en Buenos Aires cuando el contrato indicaba haber sido firmado en Guatemala.
La investigación de La Nación aporta además elementos que buscan reconstruir el recorrido del dinero. A las pocas semanas de la transferencia, parte de los fondos fue girada a una cuenta local y utilizada para adquirir un BMW, que años más tarde fue vendido. Con esos recursos y nuevos aportes, Espert compró un Lexus valuado en cerca de 130.000 dólares. Paralelamente, se detectó la suscripción de un fideicomiso inmobiliario en la costa bonaerense, a nombre de su entorno familiar.
El dictamen encuadra estas operaciones dentro de las tres etapas típicas del lavado de activos: la colocación del dinero en una cuenta bancaria, su posterior movimiento entre distintas cuentas para dificultar su rastreo y, finalmente, su integración en bienes que le otorgan apariencia lícita.
Uno de los aspectos más comprometedores de la causa, señala Cappiello, son los audios y mensajes de WhatsApp secuestrados a los contadores vinculados al exdiputado. Esas conversaciones reflejarían discusiones internas sobre cómo encuadrar el dinero recibido y qué estrategia adoptar frente a la falta de declaración de los fondos. En ese intercambio, incluso se analizan alternativas que iban desde justificar el contrato hasta directamente omitir la operación en las presentaciones fiscales.
Según el fiscal, esos registros permiten inferir que desde un primer momento existió un plan para canalizar el dinero a través de estructuras societarias y así darle apariencia legal. En esa línea, se menciona el rol de la empresa Varianza SA como posible vehículo para ese fin.
La causa también advierte que no se descarta la existencia de otros pagos adicionales a los ya detectados, dado que el contrato cuestionado preveía una remuneración total de un millón de dólares. En ese sentido, los investigadores sostienen que podría haber movimientos no identificados hasta el momento.
El caso se inscribe en una investigación más amplia sobre la operatoria de Machado, quien fue extraditado a Estados Unidos tras una decisión confirmada por la Corte Suprema argentina en 2025. Allí admitió su participación en maniobras de fraude y lavado, en el marco de una red que incluía también operaciones vinculadas al negocio aeronáutico.
Parlamentario