El Ministerio Público Fiscal solicitó hoy que se condene a 14 años de prisión al productor agropecuario y expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Airaldi, acusado de haber organizado y financiado maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes entre junio de 2019 y marzo de 2024 en las ciudades de Paraná y Diamante, en la provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con la imputación, las operaciones se desarrollaban desde campos del imputado, donde funcionaba una pista de aterrizaje clandestina utilizada para el arribo de avionetas con cocaína y de los que partían lanchas destinadas a su distribución.
El requerimiento fue formulado por el fiscal general José Ignacio Candioti, el auxiliar fiscal Juan Podhainy y el fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, durante su alegato ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado para este debate por las juezas Noemí Marta Berros (presidenta), Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.
Los representantes del MPF también pidieron condenas de entre 3 y 7 años de prisión para otros ocho imputados vinculados a la organización narcocriminal que están siendo juzgados en el mismo debate.
Al fundamentar el pedido de 14 años de prisión como presunto organizador y financista de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, los fiscales señalaron como agravantes la cantidad, variedad y calidad de estupefacientes involucrados en las maniobras investigadas, la utilización de aeronaves para el tráfico transnacional de estupefacientes, los medios violentos que, según la acusación, Airaldi desplegó para sostener el funcionamiento de la organización, y la posibilidad cierta que tenía de ganarse la vida por vías lícitas, por su actividad agropecuaria.
Asimismo, solicitaron el decomiso de su estancia “El Mirador”, al considerar que fue utilizada “como un instrumento para la comisión de este delito”, en razón de su extensión, su ubicación estratégica sobre la costa del río —que permitía enlazar distintos centros poblacionales— y las dificultades de acceso al lugar.
Airaldi presenció el alegato fiscal conectado por medios remotos desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde se encuentra alojado desde febrero de 2026 bajo el régimen del Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR), debido a que es investigado en otra causa en la que se analiza su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná Leandro Ríos, el propio fiscal general Candioti —que hoy pidió su condena— y el ministro de Seguridad de la provincia de Entre Ríos y exjefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia.
Entre las maniobras atribuidas a Airaldi se encuentra una investigación iniciada en la justicia federal de Santa Fe y luego acumulada a la causa principal de Entre Ríos, en la que, en 2022, se secuestraron 29,5 kilos de cocaína en una vivienda de la localidad costera de Puerto Gaboto, en el departamento santafesino de San Jerónimo.
El alegato del MPF
Al exponer los fundamentos del pedido de condena, el fiscal general José Ignacio Candioti sostuvo que la responsabilidad de Airaldi quedó acreditada con la prueba incorporada al debate.
“Este Ministerio Público Fiscal tiene por absolutamente acreditado, luego de este extenso debate de casi cuatro meses, que se ha probado fehacientemente y sin lugar a dudas que Leonardo Airaldi dirigía una organización dedicada al comercio de estupefacientes integrada por una pluralidad de personas”, afirmó al comenzar su alegato.
El representante del MPF explicó que la investigación se inició en 2019, cuando el Juzgado Federal de Paraná encomendó a la Prefectura Naval Argentina la realización de tareas de inteligencia a partir de denuncias de vecinos que vinculaban a Airaldi con actividades de narcotráfico en un campo vinculado al acusado.
“Los vecinos fueron concretos diciendo que había una pista de aterrizaje clandestina y ahí llegaba el estupefaciente”, indicó. Agregó que esa información fue posteriormente corroborada mediante registros obtenidos con drones, que permitieron identificar un camino aplanado de entre 200 y 250 metros dentro del predio, y por fotografías que documentaron movimientos de aeronaves en el lugar.
Candioti señaló además que, en paralelo, Airaldi también fue investigado por la Policía de Entre Ríos, cuyos agentes recogieron testimonios coincidentes sobre “movimientos raros por la noche”, la salida de embarcaciones y la existencia de una pista clandestina.
El fiscal general también hizo referencia a la presunta “cobertura policial” con la que contaba el acusado. En ese sentido, señaló que la propia Policía de Entre Ríos informó al juez federal de Paraná que Airaldi contaba con “una protección dentro de la misma fuerza”.
Agregó que la Policía Federal arribó a una conclusión similar en la causa acumulada tramitada en la justicia federal de Santa Fe por el hallazgo de 29 kilos de cocaína en Puerto Gaboto. Al respecto, indicó que esa fuerza advirtió que el acusado tenía “una cobertura de ciertas áreas de fuerzas policiales en la zona de Diamante que le permitían desplazarse a lo largo de muchos tramos ruteros, sin riesgo de ser detenido”.
“Hubo dos sólidas investigaciones, una realizada por la justicia federal de Paraná y otra por la justicia federal de Santa Fe, con la intervención de distintas fuerzas de seguridad, y ambas llegaban a la misma conclusión y vinculaban a Airaldi con una organización dedicada al comercio de estupefacientes”, resaltó.
Por su parte, Uriona sostuvo que la prueba producida a lo largo del debate permitió acreditar que Airaldi impartía directivas para el desarrollo de la actividad ilícita, ejercía control territorial y recurría a mecanismos violentos para sostener el funcionamiento de la organización.
En esa línea, señaló que una de las manifestaciones concretas de ese rol de organización y financiamiento fue su intervención en el almacenamiento de una partida de 29,5 kilogramos de cocaína hallada en una vivienda de la localidad santafesina de Puerto Gaboto, episodio que consideró una muestra del funcionamiento de una estructura criminal que se mantuvo activa durante varios años.
El lenguaje codificado de la organización: “maples”, “novillitos” y “lomos”
Los fiscales Candioti y Uriona y el auxiliar fiscal Podhainy también destacaron el valor probatorio de las intervenciones telefónicas ordenadas durante la investigación y de los mensajes recuperados de los teléfonos celulares secuestrados a los imputados. Según sostuvieron, esas comunicaciones permitieron reconstruir el funcionamiento de la organización, los distintos roles desempeñados por los acusados y el lenguaje codificado que utilizaban para referirse a las operaciones de narcotráfico.
Al referirse a esa evidencia, Uriona sostuvo que las conversaciones y mensajes exhibidos durante el juicio resultaron “elocuentes y demostrativos de la actividad que realizó Airaldi”. Explicó que los integrantes de la organización utilizaban expresiones vinculadas con actividades lícitas para encubrir referencias al tráfico de estupefacientes y evitar ser identificados en caso de que las comunicaciones fueran interceptadas.
“Es lo que ocurre en todas las investigaciones de narcotráfico. Siempre estas palabras tienen que ver con actividades lícitas que realiza esa persona y tienen una finalidad obvia de confundir ante eventuales investigaciones e intervenciones telefónicas”, afirmó el fiscal. En ese sentido, indicó que, dada la actividad agropecuaria desarrollada por los acusados, en las conversaciones aparecían términos como “lomo”, “carne”, “novillito”, “maple”, “maple con pelo” y “huevos”, utilizados como parte de un lenguaje previamente acordado entre los interlocutores.
En ese marco, los representantes del MPF mencionaron conversaciones en las que se hacía referencia a que “los maples van a llegar a Gaboto”, expresión que, de acuerdo con la interpretación de los investigadores, aludía al traslado de estupefacientes. También señalaron intercambios en los que se hablaba de un “novillito lastimado”, término que, según explicaron durante el alegato, era utilizado para referirse a un ladrillo de cocaína que había llegado dañado que incluso fue fotografiado.
Asimismo, hicieron referencia a una conversación de 2022 en la que uno de los involucrados mencionaba haber cobrado 10 millones de pesos “por salir a pescar”. Sobre ese intercambio, Candioti sostuvo que “es indudable que están hablando de comercio de tóxicos”.
El fiscal general afirmó además que “no hay dudas de que hablaban de estupefacientes” y remarcó que el contenido de los mensajes resultaba consistente con el resto de la prueba reunida durante la investigación.
Por su parte, Uriona sostuvo que del análisis integral de las comunicaciones también surgía con claridad el rol que ocupaba Airaldi dentro de la organización. En ese sentido, afirmó que el imputado “era el que daba las directivas”, circunstancia que, a criterio del Ministerio Público Fiscal, corroboró su condición de organizador y financista de las maniobras investigadas.
Los pedidos de pena para los demás acusados
Por su parte, Candioti y Podhainy desarrollaron los fundamentos vinculados con la responsabilidad atribuida al resto de las personas juzgadas en el debate y valoraron la prueba que, a criterio del MPF, permitió acreditar su intervención, con distintos grados de participación, en maniobras de transporte, distribución y comercialización de estupefacientes.
En ese marco, solicitaron que sean condenados como coautores Juan Andrés Erbes, a 7 años de prisión; Sebastián Agustín Armocida, a 6 años y 4 meses; y Roberto Fabián Coronel, a 6 años. Para Joel Schonfeld y María Soledad Touzet, considerados partícipes secundarios, requirieron penas de 4 años y 6 meses y de 3 años y 3 meses de prisión, respectivamente. Respecto de Touzet, los representantes del MPF señalaron que tuvieron en cuenta su situación desde una perspectiva de género, a partir de la declaración que brindó durante el debate.
Por último, para Walter Olivero, Cristian Sánchez y Marino Martínez, a quienes identificaron como los “eslabones más débiles” de la estructura criminal, solicitaron penas de 3 años y 2 meses de prisión para el primero y de 3 años de ejecución condicional para los dos restantes.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal recordaron además que Armando Marcelo Balcaza, José Nicolás Godoy, Emanuel Enrique Cuello y Carlos Schumacher no llegaron al juicio oral debido a que previamente celebraron acuerdos de juicio abreviado, mientras que Jimena Irupe Burne accedió a una suspensión del proceso a prueba.
El debate comenzó el 3 de marzo y, a lo largo de trece audiencias, declararon más de cincuenta testigos, entre ellos integrantes de la Policía de Entre Ríos, la Policía Federal Argentina y la Prefectura Naval Argentina que participaron de la investigación.
Las audiencias continuarán el 1°, 30 y 31 de julio con los alegatos de las defensas. Tras las últimas palabras de los acusados, el Tribunal Oral Federal de Paraná tiene previsto dar a conocer el veredicto el próximo 13 de agosto.