El fiscal solicitó las penas para siete acusados ya declarados responsables por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en 2024. Entre los imputados hay dos efectivos de Gendarmería Nacional en actividad, otros dos exonerados y dos aspirantes a esa fuerza. También requirió el decomiso de una vivienda utilizada como centro de operaciones de la organización y de tres camionetas empleadas para el traslado de la droga. Tenían un grupo de WhatsApp donde hablaban de su actividad ilícita y enseñaban cómo acondicionar la droga.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, solicitó penas de entre 3 y 16 años de prisión para siete integrantes de una organización narcocriminal juzgados por el transporte de 334 kilos de cocaína en dos procedimientos realizados en la provincia de Salta durante 2024. Entre los imputados, hay cinco gendarmes en actividad, exonerados o que estaban a punto de ingresar a la fuerza que, según reveló la investigación, por mensajes de la aplicación WhatsApp, enseñaban cómo acondicionar la droga y vulnerar los controles en las rutas.
El pedido fue formulado el 27 de mayo pasado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Salta, presidido por la jueza Gabriela Catalano e integrado por sus colegas Domingo Batule y Diego Matteucci, luego de que el 29 de abril se declarara la responsabilidad penal de los acusados.
La fiscalía requirió 16 años de prisión para Richar Ariel Delgado (exgendarme exonerado) Gabriel Ruiz Apaza (aspirante a la fuerza) y para Jonathan Leonel Ostapowicz (comerciante), considerados coautores del delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en dos hechos.
Para otro exgendarme exonerado, Adrián Emilio Escarlata, declarado responsable del mismo delito en uno de los episodios, pidió una condena de 13 años de prisión.
Respecto de Diego Hernán Delgado, cabo primero en actividad de Gendarmería Nacional destinado en el Destacamento Móvil 1 de Campo de Mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal cuantificó la pena en 14 años de prisión por transporte de estupefacientes agravado tanto por la cantidad de intervinientes como por su condición de funcionario público. Sin embargo, en virtud del acuerdo de colaboración celebrado con el imputado, solicitó la reducción prevista por la ley y fijó el pedido de condena en 9 años y 6 meses de prisión.
Por otra parte, para Federico Rubén Batista (también integrante de Gendarmería Nacional) y Francisco Agustín Flores (aspirante a la fuerza federal), considerados partícipes secundarios, requirió 3 años de prisión de ejecución condicional.
Además de las penas privativas de libertad, la fiscalía solicitó el decomiso de una vivienda ubicada en el barrio Municipal de la ciudad de Orán, atribuida a Ruiz Apaza y señalada como el centro de operaciones de la organización. También pidió el decomiso de dos camionetas Volkswagen Amarok y una Toyota Hilux utilizadas para el transporte de la droga y como “coche puntero” en las operaciones de tráfico ejecutadas por la organización.
El tribunal dará a conocer las penas el próximo jueves. El debate se inició el 19 de diciembre del 2025 y es uno de los más complejos de la jurisdicción, tanto en materia de responsabilidad penal como respecto a la determinación de la pena, etapa que ya lleva más de un mes de litigio.
Los hechos investigados
El primero de los dos hechos imputados ocurrió el 19 de mayo de 2024 en la localidad salteña de General Pizarro. En esa oportunidad, el cabo primero Delgado fue detenido cuando transportaba 303 kilos de cocaína en una camioneta Toyota Hilux, procedente de Orán y con destino a Buenos Aires.
Según la acusación, la camioneta había sido aportada por Ostapowicz en Posadas, Misiones, mientras que Richar Delgado financió el operativo. El cabo Batista fue el encargado de buscar el rodado y llevarlo a Buenos Aires, para que Delgado viaje luego a Orán a buscar el estupefaciente.
El segundo episodio ocurrió el 26 de octubre de ese mismo año, en el puesto de control de El Naranjo, en Rosario de la Frontera. Allí fue interceptado el exgendarme Escarlata, quien trasladaba junto a su pareja 31 kilos de cocaína ocultos dentro de la rueda de auxilio de una camioneta Volkswagen Amarok.
La investigación determinó que Ruiz Apaza había provisto el estupefaciente y que, junto con Flores, realizó tareas de acompañamiento y vigilancia durante parte del recorrido en otro vehículo que actuó como “coche puntero”.
Una investigación orientada a los niveles superiores
Durante su alegato, Toranzos destacó que el caso permitió avanzar más allá de los hechos de flagrancia que dieron origen a la pesquisa.
“El caso evidencia un alto nivel de criminalidad organizada”, sostuvo el fiscal, quien señaló que se aplicó un “modelo de investigación inverso”, consistente en partir de los procedimientos de secuestro de droga para reconstruir el funcionamiento de la estructura criminal y avanzar sobre sus niveles de dirección y financiamiento.
En ese sentido, remarcó la importancia de los mensajes extraídos de teléfonos celulares, los análisis de geolocalización, los registros de cámaras de seguridad y la información obtenida a través de acuerdos de colaboración.
También destacó la labor de la auxiliar fiscal Carolina Araóz Vallejo y del investigador Facundo Saravia, así como la colaboración de distintas dependencias de Gendarmería Nacional y de las fiscalías federales de Gualeguaychú, Hurlingham y Posadas. Asimismo, resaltó la participación de la PROCUNAR NOA, la PROCELAC y la DATIP.
Una estructura estable y organizada con un grupo de WhatsApp llamado “Los Peluches”
Al describir el funcionamiento de la organización, la fiscalía sostuvo que existía una estructura estable, con una división clara de funciones y una conducción ejercida por Ruiz Apaza, Richar Delgado y Ostapowicz.
Según explicó, la droga era obtenida en el NOA y trasladada hacia el NEA para su comercialización o para continuar viaje hacia otras jurisdicciones. Los integrantes de la organización coordinaban sus actividades mediante un grupo de WhatsApp denominado “Los Peluches”, donde intercambiaban instrucciones de cómo ocultar la droga en los vehículos, organizaban viajes y distribuían ganancias.
“Desde el NOA se obtenía la droga, la cual luego iba dirigida al NEA, para su comercialización o como paso previo a Buenos Aires”, explicó el fiscal, quien resaltó el valioso aporte logístico contribuido por los gendarmes, quienes establecieron como norma no usar vehículos registrados en el NOA para los transportes para disipar cualquier hilo investigativo que los delate. En razón de ello, es que las camionetas se adquirían en el NEA.
La fiscalía también destacó la participación de integrantes y exintegrantes de fuerzas de seguridad, quienes aportaban conocimientos operativos y logísticos para reducir riesgos durante los traslados.
Entre las pruebas incorporadas al debate se incluyeron mensajes del grupo de WhatsApp, en los que los acusados hacían referencia a la actividad ilícita como una “empresa” y resaltaban la necesidad de cumplir determinados viajes como muestra de compromiso con la organización.
En algunos de los mensajes exhibidos en el juicio por la fiscalía, sus miembros dijeron frases como: “Todo sea por el futuro de la asociación”; “Sí, che, eso va ser para la empresa, así que ahí está encaminado ese tema”; “Mirá cómo invierto en ‘la empresa’ para ustedes estén cómodos”; y “Vamos que la empresa tiene que ir pum para arriba”.
El grupo “Los Peluches” fue implementado por Richar Delgado, quien asignó apodos a cada uno. “Tabla de jugadores a jugar: Pulga; Cocodrilo; Osa; Osito; Pichón y Riki. En ese orden se jugaría… las fechas pueden llegar a cambiar si es que solo hay problemas en la cancha o el equipo contrario no junta sus jugadores”. (“Pulga” era Ostapowicz; “Pinky”, Ruiz Apaza; “Coco”, Escarlata y “Fiero2”, Richar Delgado; mientras que Batista y Flores se hallaban en una escala más baja y no integraban el grupo).
“Al servicio del narcotráfico”
Toranzos sostuvo que una de las circunstancias más graves del caso fue la utilización de conocimientos adquiridos en el ámbito de las fuerzas de seguridad para facilitar las maniobras delictivas.
“Todo lo que el Estado invirtió en ellos, en materia de capacitación, ellos lo pusieron al servicio del narcotráfico”, afirmó.
También recordó un hallazgo realizado en la vivienda de Ruiz Apaza, señalada como el centro de mando de la organización. Allí se secuestró una caricatura enmarcada de gran tamaño en la que los acusados se personifican en una mesa de juego (póker, dados y ruleta), con Ruiz Apaza en el centro, con una cadena de oro con el signo “$”, armas de todo calibre, una manopla y referencias a personajes emblemáticas del narcotráfico como Pablo Escobar Gaviria y Joaquín “Chapo” Guzmán.
El fiscal también destacó el volumen de droga involucrado en los dos procedimientos juzgados y señaló que la cocaína secuestrada tenía capacidad para producir más de dos millones y medio de dosis.
“Se tenía un desprecio por la ley, como así también por la vida, lo que nos hace reflexionar sobre el daño causado y el bien jurídico vulnerado”, concluyó.
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