En declaraciones a CIUDAD TV, el abogado Adrián Buffone analizó el panorama legal actual frente al acoso y las difamaciones virtuales, derribando el mito de la impunidad en internet.
Las redes sociales han transformado por completo la interacción humana, pero también se han convertido en un escenario complejo para la propagación de agravios y falsas acusaciones. En diálogo con CIUDAD TV, el abogado Adrián Buffone analizó el panorama legal actual frente al acoso y las difamaciones virtuales, derribando el mito de la impunidad en internet.
Según explicó el especialista, la normativa internacional, las leyes locales y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación han avanzado firmemente en la protección del honor y la intimidad. Al respecto, el letrado enfatizó enfáticamente que hoy en día “injuriar, calumniar, difamar a través de las redes sociales, ya no es de manera gratuita como hace algún tiempo podría haberlo sido”.
El profesional precisó que los afectados por publicaciones maliciosas disponen de dos vías judiciales concretas: la penal y la civil. Mientras que la primera persigue la sanción del delito, la vía civil busca la reparación del daño moral y la afectación al honor de las personas. Buffone aclaró que los damnificados pueden exigir “una rectificación, un pedido de disculpas por los medios en los cuales se produjo el agravio y además la posibilidad por supuesto de reclamar una indemnización por la lesión que generó”. Esta cuantificación económica no es genérica, sino que se evalúa de manera particular en base a las características de la persona física o jurídica que realiza el reclamo, dado que “el honor para todas las personas no es de la misma manera o no rige de la misma manera para todos”.
Frente al carácter efímero y la velocidad de las redes, donde las publicaciones o historias pueden ser borradas en cuestión de minutos, el abogado destacó la existencia de medidas preventivas urgentes. Estas herramientas judiciales permiten ordenar la baja o suspensión de un contenido para evitar mayores perjuicios. Para iniciar estas acciones de forma eficaz, el especialista recomendó resguardar rigurosamente la evidencia y sugirió que “lo primero que hay que hacer es ir a un escribano a certificar la publicación, pero bueno, capturas de pantalla, grabaciones, todo eso sirve”.
Uno de los puntos más complejos abordados en la entrevista fue la colisión entre el derecho a la intimidad y la libertad de expresión, un debate histórico que la Corte Suprema viene analizando desde jurisprudencias emblemáticas. Al respecto, el letrado mencionó que los medios de comunicación cuentan con un marco de protección más amplio en el sistema legal, el cual resguarda elementos fundamentales como el secreto de la fuente de información. No obstante, enfatizó que esta protección posee pautas claras para asegurar que el ejercicio de la labor informativa no se traduzca de ninguna manera en agravios o insultos directos hacia las personas.
Finalmente, Buffone desmitificó la creencia de que borrar un comentario o un perfil elimina el rastro del delito, y puso en valor las capacidades técnicas locales para resolver estos conflictos. Detalló que en la provincia de Chaco el departamento de cibercrimen trabaja con un alto nivel de eficacia, por lo cual es sumamente factible identificar el origen de los ataques virtuales debido a que “en las redes y en la virtualidad nada desaparece, aunque parezca que desaparece, nada desaparece, todo sigue estando ahí”. Al referirse al profundo impacto psicológico que padecen las víctimas de los denominados “escraches” o campañas de acoso masivo, el abogado concluyó con una cruda descripción de la realidad que atiende cotidianamente en su estudio, señalando que las personas experimentan “una afectación, una depresión, un estado de indefensión absoluta porque uno tiene que entender que una publicación en tres segundos puede dar la vuelta al mundo”.