El pasado 22 de mayo, el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco se presentó como querellante en la causa que investiga la desaparición de Nelson David Gusak, ocurrida en septiembre de 2025 y caratulada judicialmente como “muerte dudosa”.
La presentación fue realizada con el patrocinio legal de Manuela González y Alberto Cuellar. En el escrito judicial, el CPTCh sostuvo que el planteo “se formula primigeniamente contra trabajadores policiales que podrían haber intervenido/actuado en carácter de autores, cómplices, instigadores o encubridores del hecho de desaparición de Gusak Nelson David”.
La intervención del organismo se produce en el marco de una investigación atravesada por fuertes cuestionamientos de la familia respecto del accionar policial y múltiples dudas aún no esclarecidas sobre lo ocurrido con el joven.
Testimonios y denuncias sobre el accionar policial
Nelson Gusak tenía 26 años cuando desapareció. La última vez que fue visto fue el 20 de septiembre de 2025 en el barrio Zampa, en jurisdicción de la Comisaría Séptima de Resistencia.
Desde entonces, su madre, Silvina Espinosa, inició una búsqueda sostenida a partir de recorridos propios, testimonios de vecinos y allegados, y reiterados reclamos ante distintas dependencias policiales y judiciales.
Su reconstrucción de los hechos comenzó a partir del relato de jóvenes que estuvieron con Nelson en una vivienda ubicada sobre calle 8, cerca de la casa de su mamá, donde se estaba alojando.
Según esos testimonios, efectivos de la Comisaría Séptima intervinieron en el lugar ese día. Tres de los jóvenes que acompañaban a Nelson fueron detenidos por el supuesto robo de un carro y recuperaron la libertad al día siguiente, luego de que cámaras de seguridad confirmaran que los autores del hecho habían sido otras personas.
En declaraciones incorporadas a la causa judicial, uno de los jóvenes detenidos, afirmó que al momento del procedimiento Nelson permanecía dentro de la vivienda y que los policías “le daban y ni se movía”, señalando además que el joven habría quedado en el lugar cuando ellos fueron trasladados a la comisaría.
“A mi hijo le empezaron a pegar patadas y piñas”, sostuvo Silvina Espinosa en referencia a los relatos brindados por quienes estuvieron con Nelson antes de su desaparición.
La madre del joven denunció además reiteradas situaciones de hostigamiento durante el transcurso de la búsqueda.
“La policía venía a mi casa a cualquier hora y me llevaba a declarar a la Comisaría Quinta, a ver si podía agregar algo”, relató. En una de esas oportunidades, aseguró haber permanecido desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde.
Silvina recordó además una frase que, según afirma, le manifestó un efectivo policial durante una de las entrevistas realizadas en el marco de la búsqueda: “A lo mejor aparece con un tiro en la espalda por cuatrero. A lo mejor está perseguido o escondido”.
La familia sostiene que estas situaciones disminuyeron tras la intervención de la abogada Gabriela Bertoya.
El celular, las contradicciones y las sospechas sobre la investigación
Uno de los puntos señalados por la familia y retomados en la presentación judicial del Comité es la aparición del teléfono celular de Nelson meses después de la desaparición.
Según relataron, Silvina insistía desde hacía tiempo en que el dispositivo se encontraba en la Comisaría Séptima. Finalmente, el celular apareció tras distintas gestiones vinculadas a la causa.
De acuerdo con declaraciones incorporadas al expediente, el teléfono habría sido secuestrado durante el procedimiento policial en el que fueron detenidos tres jóvenes allegados a Nelson. Sin embargo, la familia sostiene que durante meses distintos efectivos policiales negaron conocer el paradero del aparato.
La propia Silvina Espinosa denunció ante el Comité que, cuando insistía en recuperar el celular de su hijo, un funcionario policial le respondió: “¿Para qué querés el celular de tu hijo si lo que estás buscando es tu hijo, no su celular?”.
Cuando el hermano mayor de Nelson acudió a reconocer el equipo, observó que el aparato se encontraba encendido y reseteado. Para la familia, esto constituye un indicio de manipulación posterior de la información almacenada en el dispositivo.
Restos óseos, pericias y cuestionamientos de la familia
A fines de abril de 2026 fueron hallados restos óseos en una zona de monte ubicada en inmediaciones de avenida Nicaragua y calle 19, en el sector sur de Resistencia.
Silvina sostiene que se enteró del hallazgo a través de vecinos y publicaciones difundidas en redes sociales, sin haber recibido previamente información oficial por parte de las autoridades judiciales o policiales.
“Ni la policía, ni la fiscalía, ni nadie se acercó a decirnos nada”, afirmó.
La familia también cuestiona distintas irregularidades vinculadas al lugar del hallazgo. Según relataron, el predio nunca fue preservado adecuadamente y continuó teniendo circulación permanente de personas incluso después de los rastrillajes.
“Nunca hubo una cinta de no pasar. Nunca vallaron el lugar”, recordó Marisa Gusak, hermana de Nelson.
Otro de los puntos que genera dudas para la familia es el hallazgo del cráneo, que fue encontrado por los propios familiares durante un rastrillaje organizado por ellos mismos, realizado después de un operativo policial en la zona. Según relataron, el cráneo se encontraba a sólo quince metros y a simple vista del lugar donde previamente habían sido hallados otros restos óseos.
Además, cuestionan el estado de la dentadura encontrada, ya que, según señalaron, Nelson conservaba todas sus piezas dentales al momento de su desaparición. Para la familia, ese faltante abre interrogantes sobre la posibilidad de lesiones previas a la muerte, cuestión que esperan pueda ser esclarecida mediante las pericias forenses.
Hasta el momento, los restos óseos continúan pendientes de identificación definitiva mediante estudios genéticos.
Según informes forenses incorporados a la causa, fueron analizados 131 restos óseos y los especialistas concluyeron que serían compatibles con un varón de entre 20 y 30 años. No obstante, señalaron que la identificación definitiva sólo podrá establecerse mediante estudios de ADN y otras pericias complementarias.
El informe forense también indicó que no fue posible determinar científicamente la causa ni la fecha de muerte debido a que el esqueleto se encuentra incompleto.
Silvina Espinosa cuestionó además las hipótesis surgidas durante la investigación y sostuvo que “los mismos que acusamos son los que supuestamente están investigando”, en referencia al accionar policial.
La familia también cuestiona la hipótesis de suicidio mencionada en el marco de la investigación, vinculada al hallazgo de un cable en el lugar donde aparecieron los restos. Tanto la hermana como la madre de Nelson consideran “confuso” que siete meses después haya aparecido el cuerpo en el lugar donde, según esa versión, él se habría ahorcado.
“Lo quisieron hacer pasar por un suicidio porque supuestamente se había encontrado un cable con el que se había colgado”, señalaron. Además, sostienen que esa hipótesis “no coincide”, ya que “el grosor de la rama en la que en teoría se habría colgado no soportaría sus 70 kilos”.
En los últimos días, el Comité solicitó formalmente nuevas medidas de prueba ante la Fiscalía de Derechos Humanos, incluyendo un nuevo rastrillaje en la zona de avenida Nicaragua y calle 19 luego de que familiares afirmaran haber encontrado nuevos restos óseos durante el fin de semana del 30 y 31 de mayo.
En ese mismo pedido, el organismo solicitó que la Comisaría Quinta —o la dependencia policial que haya intervenido— informe si el Gabinete Científico u otro organismo especializado tomó participación en relación con los restos hallados durante este fin de semana.
La continuidad de la investigación
Mientras la causa continúa en trámite judicial y se esperan resultados periciales definitivos, Silvina Espinosa mantiene intacto el reclamo que sostiene desde hace más de ocho meses:
“A mi hijo vivo o muerto, yo lo quiero encontrar y no voy a parar”.
La causa atraviesa además una discusión judicial sobre la competencia para continuar la investigación. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos rechazó intervenir al considerar que, hasta el momento, no existen pruebas suficientes para acreditar fehacientemente responsabilidad policial directa en la desaparición, por lo que el expediente fue elevado a la Procuración General Adjunta para que resuelva qué fiscalía deberá continuar con la investigación.
Desde el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco señalaron la necesidad de garantizar una investigación exhaustiva, independiente y con debida preservación de pruebas, especialmente ante la gravedad institucional que implica la desaparición de una persona y los cuestionamientos formulados sobre el accionar policial durante la investigación.