El Ejecutivo planteó una suba inferior a la que dispone la Ley de Financiamiento Universitario a cambio de que las casas de estudio retiren la denuncia, que espera el fallo de la Corte Suprema. “No vamos a retirar la denuncia”, fue la respuesta.
Tras varios idas y vueltas, este lunes el Gobierno y las Universidades nacionales se reunieron para intentar acercar posiciones, pero hubo un punto que trabó las negociaciones: la denuncia de las casas de estudio por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. ¿Qué aumento les ofreció el Poder Ejecutivo?
El Gobierno y las Universidades: una reunión fallida
Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petrovello, fue quien asistió al encuentro en representación del Gobierno. Del lado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las casas de altos estudios de todo el país, se hicieron presentes dos rectores de universidades del interior.
Ambas partes esperaban alcanzar un “acuerdo razonable”, pero a pesar de que las autoridades nacionales mejoraron su oferta, la negociación en estos momentos está absolutamente caída y no hay nuevas reuniones previstas. “Toda decisión es razonable siempre que implique comenzar a recomponer la situación salarial y la actualización de becas”, asegura a Página|12 un representante del sector universitario que estuvo en la reunión.
“Pero de ninguna manera vamos a retirar la presentación judicial. No existe la posibilidad”, agrega. Resulta que el requisito que puso el Gobierno para mejorar su oferta es que las universidades renuncien al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde otro sector que estuvo presente en el encuentro, señalan que otro pedido de las casas de estudio fue “la apertura de una instancia de paritaria real” de cara al futuro. Mes a mes los aumentos pierden contra la inflación y la caída presupuestaria promedio es del 35% desde la asunción de Javier Milei.
Si se compara el presupuesto para 2026 contra la inflación proyectada por el Relevamiento Mensual de Expectativas del Banco Central (REM) para lo que queda del año, ese ajuste estaría en torno al 45%. Justamente la Ley, además de actualizar las partidas, le pone a las paritarias un piso en base a la inflación.
El presupuesto para este año es de 4.8 billones de pesos, cuando las Universidades aseguran que precisan 7.3 billones para un normal funcionamiento. Para tomar dimensión, las grandes agroexportadoras embolsaron 1.400 millones de dólares en 48 horas cuando en septiembre de 2025 el Gobierno les sacó las retenciones para que liquidaran. Solo evitando esa medida se podía cumplir la Ley de Financiamiento, sin tener en cuenta otras rebajas similares.
La Ley de Financiamiento Universitario y las contrapropuestas del Gobierno
En agosto de 2025 el Congreso sancionó con amplia mayoría en ambas cámaras la Ley de Financiamiento Universitario. La misma establece la recuperación del poder adquisitivo para dejarlo en el mismo nivel que en noviembre de 2023, tomando como referencia la inflación. Para adelante dispone paritarias que tengan como piso el IPC.
En aquel entonces Milei vetó la ley y el Congreso lo volteó en ambas cámaras, aunque el Gobierno de todas maneras optó por no cumplir. Las universidades apelaron ante la Justicia y consiguieron fallos favorables en primera y segunda instancia, pero el Presidente continúa en desacato.
En el mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo enviaron un proyecto que no se trató, pero que establece un aumento del 12% en 3 cuotas, lo que las casas de estudio califican como menos que insuficiente. En la reunión del lunes, el Gobierno elevó la oferta: un 21,3% de aumento para junio y otro 3% en octubre.
Esa propuesta incluye, además, una actualización del 20% en los gastos de mantenimiento, donde se incluyen unos 50 mil millones de pesos extra para los Hospitales Universitarios – a los cuales se les adeudan 80 mil millones en lo que va del año -. También prevé un incremento del 50% para las Becas Belgrano, un incentivo económico mensual para estudiantes regulares de las consideradas como “carreras estratégicas” que está congelado en $81.685 hace más de 2 años.
A cambio, el Gobierno pretende que las Universidades renuncien al reclamo judicial, lo que legalizaría una enorme pérdida presupuestaria para las casas de estudio, tanto en mantenimiento e infraestructura como en salarios. “No vamos a retirar la denuncia, es una condición inflexible. No existe esa posibilidad”, aseguran a este medio.
Mientras incumple con la Ley, que tendría un costo fiscal de 0,2% del PBI, el Gobierno se ahorra todos los meses más de 100 millones de dólares. Cada mes que deja pasar es dinero ahorrado, pensado desde la lógica de blindar el superávit – jaqueado por la baja de la recaudación y los intereses de la deuda, como señaló el propio FMI – a cómo de lugar.
Incluso si la Corte Suprema falla a favor de las Universidades – no tiene plazo límite para hacerlo – a lo sumo los salarios y presupuestos recuperarán los niveles de noviembre de 2023, pero no lo que perdieron durante los 27 meses consecutivos. “Nosotros vamos a sostener la Ley. El Gobierno deberá resolver qué hace”, sentencian desde las universidades.
El máximo tribunal no sólo decidirá por el presupuesto universitario. Sentará un precedente para la historia. ¿Puede un Gobierno incumplir una ley con el argumento de que afecta a lo fiscal?
Página 12