Está prevista esta semana una reunión entre funcionarios del Gobierno y los rectores para acercar posiciones; buscarán una solución antes de que se pronuncie el máximo tribunal de Justicia del país. Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano.
El conflicto por la ley de financiamiento universitario, aprobada por el Congreso y que el Gobierno no cumple con el argumento de que carece de los fondos para hacerlo y la norma no los identifica, es objeto de una negociación política entre funcionarios nacionales y rectores, donde hay buena predisposición para llegar a un arreglo, dijeron fuentes oficiales a La Nación.
Ambas partes planean reunirse esta semana − evalúan una convocatoria para este miércoles o a más tardar el jueves − en pos de intentar acercarse a un acuerdo en el corto plazo, según pudo pudo saber este medio.
Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por los rectores del Consejo Interuniversitario (CIN) y por funcionarios del Ministerio de Capital Humano que lidera Sandra Pettovello.
En particular, interviene Alejandro “Galleguito” Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias y responsable de la administración del presupuesto destinado a las universidades nacionales, y están al tanto de las alternativas del diálogo el ministro del Interior, Diego Santilli, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, que llevó el caso a la Corte Suprema a través de un per saltum que no prosperó.
También sigue las tratativas el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Fuentes universitarias y legislativas confirmaron el desarrollo de estas conversaciones. De parte de las casas de altos estudios, la voz cantante la lleva Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), además de presidente del CIN.
De hecho, los representantes del Gobierno y los rectores nucleados en el CIN se reunirán este miércoles o jueves, para acercar posiciones y buscar encaminar una solución hacia fines de la semana que se inicia, indicaron desde ambas orillas al medio porteño.
“Hay conversaciones, no está cerrado el acuerdo, pero hay buena predisposición para encontrar un camino de solución”, dijo una fuente que participa de este ida y vuelta. Otra voz al tanto de las negociaciones coincidió: “Cerrado no hay nada, pero sí está encaminado”.
De momento, existen diferencias sustanciales entre la suma pretendida por los representantes de las universidades y lo que está dispuesto a aprobar el Gobierno.
“Están buscando una diagonal para llegar a un acuerdo; hay voluntad de diálogo”, dijo una fuente oficial que sostuvo que apuntan a cerrar el asunto hacia el fin de semana.
El conflicto por la ley de financiamiento universitario se tradujo la semana pasada en medidas de fuerza docentes y en tomas de los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini.
Los centros de estudiantes de estos establecimientos preuniversitarios decidieron las tomas de ambos edificios en reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario, que busca garantizar los fondos para las casas de estudios superiores nacionales.
La ley encomienda al Poder Ejecutivo actualizar de manera mensual por inflación los fondos y que eso se traduzca en un aumento salarial de los docentes. En lo central, obliga al Gobierno a actualizar los salarios docentes y no docentes, y las partidas para las universidades tomando como base la pérdida de recursos del sector desde diciembre de 2023.
La Nación