En diálogo con CIUDAD TV, el director de la Fundación Desocha, Marcelo González, aseguró que “el tiempo no se recupera” en referencia a la interrupción de prestaciones a personas con discapacidad. Además, destacó el balance del reciente encuentro del deporte adaptado realizado en Sáenz Peña y convocó a la nueva jornada que tendrá lugar el próximo 18 de junio en Resistencia.
El programa «Jugamos Todos Juntos», impulsado por la Fundación Desocha, viene de superar ampliamente las expectativas de los organizadores con dos encuentros que congregaron a cerca de 500 personas con discapacidad, en su mayoría niños y jóvenes. La gran novedad de esta edición radica en la federalización de las sedes en el interior chaqueño y en la regularidad de las competencias. Al respecto, González destacó que “en Sáenz Peña este encuentro nos posicionó, junto al municipio de Sáenz Peña, en ser la primera liga provincial de deporte adaptado. ¿Por qué es la primera? Porque en esta ocasión lo que se dio es un formato de continuidad de encuentros que se realizará en diferentes puntos de la provincia”. Tras el éxito en la ciudad termal, donde se practicaron disciplinas como atletismo, fútbol, vóley, bochas y básquet, el dirigente anticipó que la próxima cita será el 18 de junio en Resistencia, una jornada en la que esperan convocar a 800 participantes gracias a la incorporación de actividades en pileta.
Más allá del aspecto estrictamente competitivo, el valor social y emocional de estas jornadas resulta transformador para las familias que muchas veces carecen de contención fuera del aula escolar. Para muchos de los asistentes de localidades vecinas, estos viajes representan su primera experiencia fuera de sus hogares. González reflexionó sobre la cruda realidad del aislamiento social que viven muchos chicos al señalar que “en esta ocasión hemos llevado, porque fuimos en colectivos, 10 chicos que eran por su primera vez que salían de su espacio, de su hogar. A tal punto que un chico, que es de Vilelas, hacía 10 años que no subía a un colectivo”. El referente enfatizó que la constancia en estas actividades sociabiliza y mejora notablemente el desenvolvimiento diario de los participantes, devolviéndoles la esperanza tanto a ellos como a sus padres.
La «discapacidad fantasma» y el peligro de postergar la salud
Al ser consultado sobre el panorama de las políticas de inclusión a nivel nacional, el escenario descrito fue de gran incertidumbre. El entrevistado alertó sobre un fenómeno conceptual que describe la brecha existente entre el marco normativo vigente y la realidad cotidiana de las personas con discapacidad. González aseguró que “es un momento muy complejo; ahora estoy leyendo mucho sobre un término que le han dado a lo que ocurre, que es la discapacidad fantasma, que tiene que ver con los derechos que existen, pero no se terminan cumpliendo”. Según denunció, aunque la ley de Emergencia en Discapacidad estipula derechos fundamentales, en la práctica se registran severos atrasos en las prestaciones básicas de servicios que resultan irrecuperables en términos de salud.
La preocupación central gira en torno a cómo las auditorías estatales, si bien son bienvenidas para aportar claridad, se están utilizando de una forma que interrumpe o ralentiza la asistencia básica. El dirigente fue tajante al advertir sobre los daños que produce la suspensión de terapias esenciales: “El tiempo, la rehabilitación, la estimulación, no se recupera, no es que dejaste de acudir a la kinesiología, a la educación especial, al transporte, y después lo recuperas, son tiempos perdidos y en algunos casos hasta se producen daños para siempre en la salud, así que es algo muy complejo”. Asimismo, criticó los proyectos de reforma legal orientados bajo una mirada de sospecha hacia el colectivo, argumentando que el título de la modificación parlamentaria «contra el fraude en la discapacidad» coloca injustamente a la persona en un lugar de desconfianza ante la sociedad, cuando en realidad el porcentaje de pensiones no contributivas en Argentina ni siquiera alcanza al 30% del total de la población que se estima que convive con alguna discapacidad.
La precarización de los profesionales y el rol de la empatía
La crisis del sector también golpea de manera directa a los especialistas y profesionales que brindan asistencia diaria, quienes sufren extensos retrasos en la percepción de sus honorarios que llegan a acumular cerca de nueve meses. González reconoció que el sistema suele apoyarse en la vocación y el compromiso afectivo que caracteriza a quienes se desempeñan en esta área de la salud y la educación especial. Manifestó con firmeza: “En el ámbito de discapacidad siempre hay corazón, es un requisito sine qua non para las personas que trabajan la empatía y el corazón, y entonces por ahí hay un aprovechamiento de esa situación, porque el que viene trabajando en mejorar a una persona para que pueda afrontar con más herramientas su vida diaria, acompañar a la familia, importantísimo, dice no puedo dejar un trabajo que tal vez viene de años y darle una pausa, como te decía hoy, de meses”.
Frente a este escenario de incertidumbre económica para los trabajadores de la vida diaria, el referente de Desocha insistió en que el Estado no puede congelar la asistencia mientras realiza verificaciones administrativas. El derecho a la salud y al bienestar integral de los pacientes debe garantizarse de manera continua y sin interrupciones burocráticas. González concluyó al respecto: “No se pueden pausar los derechos. El derecho se tiene que seguir cumpliendo. Si hay un espacio que asume que hay falsedad en determinados datos, lo que tiene que hacer es corroborarlo y una vez que lo corrobora y dice lo siguiente, listo. No es que se suspende”.
El desafío del transporte y la falta de poder de policía estatal
Finalmente, la entrevista abordó una de las problemáticas más recientes y debatidas en la agenda pública: la quita de subsidios estatales a las empresas de transporte de larga distancia y la obligación de mantener la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad y sus acompañantes. González aclaró que viajar no es un entretenimiento para este sector de la población, sino una necesidad vital de traslado. Al respecto detalló: “Los casos que conozco del pedir el pasaje tienen que ver con, en su gran mayoría, atención médica o con poder recurrir a un espacio que no tienen ni recursos ni otra forma de ir. En nuestro caso, deportistas”.
A pesar de que la obligatoriedad de otorgar dos pasajes liberados por unidad se mantiene vigente por ley, el acceso efectivo a las reservas siempre ha estado lleno de obstáculos. Ante la quita de subsidios, el dirigente expresó su escepticismo sobre la capacidad real del Estado para fiscalizar que las empresas cumplan con la norma. González sentenció: “El poder de policía va a estar muy difícil de aplicarlo. Se va a quedar mucho a confiar en la buena voluntad de la empresa. Esos son los complejos que yo veo ante esta situación. Existe el marco legal donde la empresa tiene que cumplirlo, obviamente, pero lo difícil va a ser el poder de policía controlar que se estén dando esos dos pasajes”.