Colapso inducido, vaciamiento y desvío de fondos. Adorni, Caputo y Sturzenegger fueron denunciados por “malversación de fondos, incumplimiento de los deberes de funcionario y fraude”. La denuncia penal efectuada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°7 expone la trama sobre el desvío de fondos en Vialidad Nacional y apunta directamente a los ministros de Economía, de Desregulación, al Jefe de Gabinete, y a la cúpula directiva del organismo descentralizado.
PáginaI12 tuvo acceso a la demanda por el desvío de 400.000 millones de pesos que la ley destina al mantenimiento de las rutas y fueron usados para especular con títulos públicos, condenando a la destrucción a los caminos nacionales y provinciales
La presentación, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, advierte por delito de malversación de fondos públicos, incumplimiento de los deberes y el desvío de 400.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles líquidos (ICL): por ley, lo recaudado tiene como finalidad única el mantenimiento y desarrollo de la red vial federal, pero en cambio se utilizó para especular con títulos públicos.
De acuerdo con el texto judicial, al que accedió Página/12, la red troncal nacional se encuentra en estado de abandono como consecuencia de la ausencia de planes de inversión de corto y mediano plazo en infraestructura vial. El argumento central de la acusación penal radica en la retención indebida de partidas con asignación específica.
Según lo establecido por la Ley 23.966, el 28,58 por ciento de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos debe transferirse de forma automática al fideicomiso destinado a la infraestructura del transporte terrestre de toda la Argentina: Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal.
Sin embargo, la denuncia detalla que el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 400.000 millones de pesos durante los ejercicios fiscales correspondientes a los períodos recientes. Dichas partidas habrían sido desviadas hacia la compra de instrumentos de financiamiento, tales como letras y bonos emitidos de forma regular para sostener las cuentas del Tesoro nacional.
Como resultado directo de la maniobra, el organismo arrastra una deuda interna equivalente al 90 por ciento de todo el presupuesto anual que le fuera aprobado, afectando “el funcionamiento operativo, técnico y patrimonial del organismo”, afirma el documento que elevó el sindicato. Profesionales de la entidad ponen el alerta sobre que “esta parálisis administrativa induce una quiebra técnica”.
El desvío de recursos no representa una optimización de gastos, sino una descapitalización. La ingeniería civil vial estipula que cada unidad monetaria que deja de invertirse en tareas urgentes de conservación preventiva, mantenimiento de banquinas, sellado y bacheo asfáltico, demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior (medido en dólares) para reconstruir la estructura de la calzada una vez que el pavimento colapse. Lo que da cuenta, dice la presentación, del perjuicio patrimonial neto generado contra los bienes públicos.
“El ministro Caputo ha retenido y desviado estos fondos con origen presupuestario, del fideicomiso vial (impuesto al combustible y tasa vial), financiamiento externo perdido por ausencia de ejecución, con destino hacia el Tesoro Nacional desconociendo la aplicación de los mismos pero con indicios graves y concordantes que su uso no ha sido previsto en el presupuesto general de la Nación (..)”, detalla la denuncia.
Los caminos sin conservación preventiva multiplican el riesgo de siniestros viales severos y la falta de mantenimiento altera la circulación segura de los usuarios que transitan diariamente, poniendo en claro peligro la vida de las personas.
Pozos persistentes, deformaciones por huellas de transporte pesado y la ausencia de demarcación horizontal convierten los principales corredores productivos del país en zonas de peligro potencial.
Al abandono de la calzada asfáltica se suma la paralización total de obras estratégicas. Múltiples acuerdos, incluidos aquellos que poseen financiamiento internacional, sufren interrupciones prolongadas debido al incumplimiento de los pagos a las empresas contratistas. La pérdida de créditos externos por falta de ejecución agrava además el aislamiento de las provincias.
“El ministro Sturzenegger ha falseado los informes de gestión de la Dirección Nacional de Vialidad para sostener el desmembramiento institucional que ha venido ejecutando desde el año 2024, diezmando a la repartición de personal técnico altamente capacitado transformando en inútil un organismo con casi 100 años de vida para así poder justificar su plan de achicamiento desmedido en servicio de los privados”, sostiene la presentación.
El entramado de la denuncia penal alcanza asimismo a la gestión del capital humano técnico. Mediante informes técnicos que el texto tilda como “ideológicamente falsos”, las autoridades habrían distorsionado las métricas operativas reales del organismo técnico. Por ejemplo, la incorporación de herramientas menores al inventario institucional con el propósito de abultar el ratio general de maquinaria asignada por cada empleado. Esta alteración de datos formales buscaba justificar una supuesta ineficiencia productiva y convalidar el posterior achicamiento de la planta técnica permanente de la institución, explica el gremio que encabeza Jorge Maturano.
El vaciamiento de personal idóneo compromete los controles sobre las empresas concesionarias. Ingenieros de carrera y personal especializado en la supervisión física de contratos viales denuncian la instauración de regímenes disciplinarios que eluden la normativa administrativa. El sindicato da cuenta de traslados compulsivos, intimaciones de jubilación forzosa y ceses directos dictados sin garantizar el derecho a la defensa previa ni la realización de sumarios regulares.
Esta situación de hostigamiento procura acallar las objeciones de los inspectores de campo frente a la entrega planificada de los corredores públicos a operadores de carácter privado bajo condiciones contractuales consideradas desfavorables para el patrimonio del Estado. “Para evitar que los técnicos y profesionales de carrera denuncien la malversación y el abandono de rutas, la Gerencia de RR.HH, a cargo de Diego Riveira ha instaurado un régimen de terror laboral”, afirma el texto.
El impacto de la desinversión vial lesiona de forma severa el federalismo del transporte interno y el corte de las transferencias paraliza los campamentos viales en todo el país. La legislación determina que un 60 por ciento de los recursos coparticipables viales debe transferirse de forma directa a las direcciones de vialidad de todas las provincias.
Los coeficientes aplicados por el Consejo Vial Federal consideran factores técnicos esenciales, tales como la longitud de la red secundaria, la densidad demográfica de cada región, el nivel de inversión con recursos propios y el volumen registrado de combustibles gravados. Al interrumpirse estos flujos financieros, los estados provinciales quedan desprovistos de capital para sostener las rutas complementarias que enlazan con el sistema troncal de la Nación.
La falta de insumos básicos impide la salida de maquinaria para despejar calzadas afectadas y el retraso en el mantenimiento convierte a las rutas secundarias en caminos intransitables. La presentación penal califica las conductas denunciadas bajo figuras delictivas graves. Se imputan los cargos por malversación de caudales, fraude a la administración y falsedad. La acusación sostiene que se configuró una maniobra de desbaratamiento de derechos. Dicha figura penal castiga la distracción dolosa de bienes destinados a fines públicos.
La justicia deberá dilucidar la responsabilidad penal que cabe a los funcionarios firmantes. “Nosotros como usuarios viales vamos a estar atrás de la denuncia para que no se caiga y avance. Además si es posible nos vamos a presentar para sumar información”, aseguró a este diario Ricardo Lasca, del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos y coordinador del Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv). “Siempre vamos a defender Vialidad Nacional porque se la quieren sacar de encima solo para hacer negocios con la obra pública”, agregó
En el Congreso de la Nación, la Conaduv presentó un proyecto para crear una comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles, una especie de bicameral con la participación de los usuarios viales directos e indirectos.
Dejar las rutas troncales a la buena de Dios, diluye la competitividad general de la economía, compromete la comunicación terrestre de todo el territorio y pone en peligro la vida de quienes las transitan.
Solo costo de reconstruir el sistema vial, quitando de la ecuación las tragedias en accidentes sean estos fatales o no, superará con creces el supuesto ahorro fiscal alegado por la gestión de Javier Milei.
Página 12