El Boletín Oficial publicó la resolución administrativa 20/2026 que afectó a nueve programas del Poder Legislativo. Los más afectados fueron el de la Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Formación y Sanción Legislativa y el de Asistencia Social Integral al Personal del Congreso.
A menos de seis meses de haberse sancionado, el Gobierno nacional modificó el Presupuesto 2026 mediante la resolución administrativa 20/2026 por la cual se recortaron los gastos destinados al Poder Legislativo de la Nación en $28.420.194.064. El ajuste está direccionado, también, al Poder Judicial y a varios ministerios. Sin embargo, los cambios a los gastos del Congreso no son mencionados en la parte resolutiva del mensaje, sino en los anexos.
Por esta medida, la senadora riojana Florencia López presentó una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes firmaron la resolución publicada el lunes 11 de mayo en el Boletín Oficial. En el recinto, denunció que se trata de “un feroz ajuste que impone el recorte de más de 3 billones de pesos”, en alusión a todas las áreas mencionadas.
parlamentario.com analizó la planilla que el Poder Ejecutivo anexó a la decisión administrativa 20/2026 y constató que el recorte presupuestaria afectó a nueve programas del Poder Legislativo de la Nación: De la Formación y Sanción de Leyes Nacionales; Impresiones y Publicaciones Parlamentarias; de la Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación; y el más grande fue al programa de Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.
Si bien en la última planilla sobre gastos del Legislativo el Gobierno anuncia un incremento en recursos de afectación específica de $104.400.000, el recorte total de los nueve programas mencionados alcanza la cifra de $28.420.194.064.
La modificación total detallada en la decisión administrativa supera los $2.500.000.000.000 (2% de los gastos corrientes) y según fuentes periodísticas estaba ordenada desde hace un mes y medio.
El primer programa afectado está titulado como “Formación y Sanción de Leyes Nacionales”, y contempla una readecuación en ausencia de $4.656.280.000. La planilla oficial explica que se han hecho recortes en alimento, tintas y pinturas, combustibles y lubricantes, energía eléctrica, mantenimiento, reparación, limpieza, aseo, fumigación, al Círculo de Legisladores de la Nación, al Parlamento Latinoamericano y a la Unión Interparlamentaria, entre otros.
En segunda instancia, figura el rótulo “Formación y Sanción Legislativa” y el recorte presupuestario informado es de $5.236.592.177; menor a los dos primeros, es el relacionado a “Impresiones y Publicaciones Parlamentarias” que alcanzó los $104.400.000. También están la “Protección de los Derechos del Interno Penitenciario” en $20.000.000; la “Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual” en $209.924.855; el “Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal” de $55.200.000; y el del “Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, de $100.000.000.
Pero sin dudas el que mayor ruido ha hecho en los pasillos del Palacio Legislativo es el que recorta al programa “Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación” en $3.615.200.000.
Por último, el programa rotulado “Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes”, que paradójicamente ha puesto en funcionamiento su Comisión Bicameral esta semana con la premisa de retomar la designación del titular de la Defensoría, ha hecho el ajuste más extenso de la decisión administrativa con relación al Poder Legislativo: $14.422.597.032.
Casi desapercibida
A la mención hecha por Florencia López en el recinto del Senado este jueves en la cuestión de privilegio contra Caputo y Adorni, se le suma una expresión pública de la diputada rionegrina Adriana Serquis, quien denunció a través de Instagram que el ajuste presupuestario afectó, por otro lado, a la provincia de Río Negro. Según informó la legisladora, esto afectó a la construcción de la rotonda de Choele Choel en la Ruta 22.
En la misma publicación, cargó contra el gobernador Alberto Weretilneck al acusarlo de “haber cambiado la construcción de la rotonda por el voto de la Ley Bases” en 2024. En aquella oportunidad, el mandatario estaba representado en Diputados por Agustín Domingo y por Mónica Silva en el Senado, donde ambos votaron a favor.
En la misma línea, Julia Strada fue otra de las que realizó expresiones sobre la decisión administrativa. En este caso, lo vinculó directamente con la Marcha Federal Universitaria del pasado martes y agregó: “Recortaron otros $5.303 millones en gastos de capital. Odian la educación pública”.
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